7 claves económicas del acuerdo para los presupuestos entre PSOE y Podemos: así te pueden afectar

PSOE y Podemos han llegado a un acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales de 2019. Este consenso entre las dos formaciones da un paso más hacia la posibilidad de aprobar las cuentas para el ejercicio que viene. Aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez tendrá que acercarse también a otras formaciones para conseguir los votos necesarios para sacar adelante los PGE 2019. 

En el documento firmado este jueves once de octubre se recogen varios puntos económicos; 

1. Subida del salario mínimo a los 900 euros 

Uno de los puntos debatidos por las dos formaciones era elevar el salario mínimo interprofesional que actualmente se encuentra en los 735 euros al mes en 14 pagas tras la última subida donde el anterior ejecutivo acordó con los agentes sociales que este se incrementaría de forma progresiva hasta los 850 euros en 2020. 

Calculan un impacto presupuestario de 340 millones con esta medida. 

2. Revalorización de las pensiones si el IPC sube un 1,6% en diciembre

El acuerdo entre ambos partidos también hace referencia a la subida de las pensiones, tras las manifestaciones que se han llevado a cabo en varias ciudades de España y que ya llevaron a que el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, subiera las pensiones más bajas, las no contributivas o las de viudedad en las últimas cuentas. 

En este caso han llegado al acuerdo de que si la inflación de diciembre supera el 1,6%, los los pensionistas recibirán una paga para compensar esa desviación y mantener el poder adquisitivo. Una medida que calculan que tendrá un impacto presupuestario de 704 millones de euros. 

Independientemente de esta medida, el acuerdo recoge que las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3% por la "vulnerabilidad" en la que se encuentran los preceptores. Esto tendrá un coste de 384 millones de euros. 

3. Volver a los contratos de alquiler de 5 años 

Respecto al tema de la vivienda, el acuerdo alcanzado recoge varios puntos. Por un lado, se acuerda aumentar el presupuesto que se destinará a vivienda recogiendo la idea de que es necesario aumentar el parque de vivienda de protección oficial. Se aumentará en 20.000 el número de viviendas en alquiler a precios asequibles en un plan a cuatro años. 

Paralelamente, se modificará la normativa del mercado de alquiler inmobiliario que afecta a la regulación de elementos contractuales como los plazos mínimos de arrendamiento, las prórrogas de contrato, las garantías o la revisión de renta. En este sentido, la propuesta es volver a los cinco años de duración de los alquileres frente a los 3 actuales y ampliar hasta 7 años de prórroga obligatoria y 3 de tácita en el caso de que el arrendador sea una persona jurídica. 

Respecto a los precios del alquiler, una de los grandes temas en la actualidad, en el acuerdo se pone el foco en los ayuntamientos. A estos se les permitirá elaborar un índice de precios de alquiler de referencia y además, podrán declarar de forma "temporal y excepcionalmente" una zona urbana de mercado tensionado cuando vean incrementos "abusivos" de la renta del alquiler.  

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4. Solicitud automática del bono social 

En materia energética también se han acordado varios puntos. Además de unas líneas genéricas enfocadas hacia una mejora del mercado eléctrico, se han acordado algunos puntos más concretos relativos al bono social eléctrico y a la creación un bono general que incluye el bono gasista.

Entre estas propuestas más concretas se encuentran que su solicitud sea automática y que el único criterio de adjudicación sea la renta per cápita del hogar vulnerable. 

5. Desarrollar el ingreso Mínimo Vital

Este acuerdo está enfocado en un primer momento en un incremento de la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables y posteriormente en la creación de un programa de garantía de renta para familias sin ingresos, o con ingresos muy bajos.

En 2019 se incrementará la prestación actual de 291 euros al año hasta llegar a 473 euros al año por hijo a cargo, lo que permitiría una reducción de la pobreza infantil severa del 14,7%, lo que equivale a reducir el número de niños y niñas en pobreza severa en 99.500, un 16 % del total. Esta medida se calcula que tenga un impacto presupuestario de 180 millones de euros.

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6. Igualar los permisos de paternidad 

En el pacto entre PSOE y Podemos se incluye igualar los permisos de paternidad y maternidad, una propuesta que ambos partidos llevaban en sus programas. Esta medida se hará de forma gradual hasta llegar al mismo periodo temporal en 2021. 

La equiparación del permiso por paternidad deberá establecerse en términos de igualdad, intransferibilidad y remuneración al 100%, y así se reflejará en la LPGE, según se recoge en el texto del acuerdo.

Esta medida conlleva costes económicos, dado que, a causa de su duración, serán necesarias sustituciones. Por ello, para adecuar su implantación a la suficiencia financiera necesaria, se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente calendario: 2019, 8 semanas; 2020, 12 semanas; y 2021, 16 semanas.

El impacto presupuestario será de 300 millones en las cuentas de 2019. 

7. Rebajar las tasas universitarias a niveles previos a la crisis

Se acuerda derogar vía Ley de Presupuestos Generales del Estado el apartado 5.2. del RD14/2012 que aplicó los recortes en educación, quedando redactado según lo establecido en el artículo 81.3 párrafo primero apartado b) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.