Repsol, Cepsa y BP se enfrentan a los transportistas en una demanda histórica que podría ascender hasta los 1.000 millones de euros por inflar el precio del combustible durante 10 años

Una gasolinera en España
Reuters
  • La plataforma Afectados por las Petroleras ha presentado una demanda contra Repsol, Cepsa y BP por acordar encarecer el precio del gasoil durante más de 10 años.
  • La CNMC ha determinado que entre 2009 y 2020 las petroleras impusieron cláusulas contractuales a los propietarios de las gasolineras que indirectamente fijaban el precio del combustible.
  • Los demandantes aseguran a El Confidencial que la cuantía final del macropleito podría superar los 1.000 millones de euros.
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Repsol, Cepsa y BP, las 3 petroleras más grandes de España en número de gasolineras, se enfrentan a la mayor demanda de la historia en materia de petróleo en nuestro país. La Plataforma de Afectados por las Petroleras (PAP) registraba el pasado 29 de diciembre las primeras demandas contra estas 3 compañías.

Los transportistas reclaman a Repsol, Cepsa y BP una compensación por los daños y perjuicios ocasionados por el acuerdo de las petroleras para inflar el precio de gasoil durante más de 10 años.

Estas primeras demandas interpuestas en los juzgados de lo Mercantil de Madrid y Castellón pueden llegar a ascender hasta los 1.000 millones de euros, según ha publicado El Confidencial

Los propios transportistas estiman que el sobreprecio podría oscilar entre los 3 y 4 céntimos el litro en cualquiera de las estaciones de servicio de las 3 petroleras entre los años 2007 y 2020. Esto se traduce en que por cada vehículo pesado o camión la reclamación se encontraría entre los 15.000 y los 20.000 euros. En vehículos ligeros la cifra rondaría entre los 2.300 y los 3.000 euros.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) determinó en 2009, y ha ratificado varias veces después, que las 3 compañías imponían una serie de cláusulas contractuales a los propietarios de las gasolineras para fijar indirectamente el precio del combustible.

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La CNMC consideró que las petroleras infringían la normativa española y europea de competencia restringiendo la competencia entre las estaciones de servicio de su red y entre el resto de estaciones de servicio.

El Confidencial recoge que de esta manera se desincentivaba a los propietarios de las gasolineras a aplicar descuentos en la venta de combustible, forzándoles a someterse al precio fijado por las petroleras.

Desde la primavera de 2021, las asociaciones de transportistas y los despachos de abogados están intentando sumar más afectados a su causa, así como la posibilidad de extender las acciones legales contra Galp, la cuarta petrolera con mayor número de gasolineras en España.

Hasta el momento, la PAP ha conseguido aunar las reclamaciones de 3.500 perjudicados que suman algo más de 100 millones de euros. Sin embargo, fuentes conocedoras del caso comunican al diario que ni siquiera suponen un 5% de todos los potenciales demandantes y que, de sumar más afectados, la reclamación podría superar ampliamente los 1.000 millones de euros.

La demanda interpuesta por la plataforma que aúna a los transportistas podría convertirse en la más grande de la historia de España en materia de petróleo, según ha explicado al mismo medio el abogado especializado en competencia Blas A. González y que trabaja en el caso.

El macropleito va acompañado de un exhaustivo análisis económico y econométrico que precisa con detalle los precios que cada uno de los perjudicados debería haber pagado de no haber desvirtuado el mercado y la competencia.

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Las 3 compañías petroleras en cuestión son las que mayor número de estaciones de servicio tienen en España. Entre Repsol, Cepsa y BP suman casi el 60% de las gasolineras de España.

Según el informe anual de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos de 2020, Repsol tiene 3.331 estaciones de servicio y un 30% de la cuota de mercado nacional. Cepsa tiene 1.504 con un 17,5% del mercado y BP cuenta con 775 y algo más del 10% del mercado.

Las 3 petroleras en cuestión se han abstenido de hacer comentarios acerca de este proceso concreto y la demanda en sí.

No obstante, desde BP y Cepsa sí que han comentado al diario que ambas empresas sí que respetan las normas de competencia y que sus prácticas actuales se ajustan a lo exigido por la CNMC.

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