El Gobierno, ante el primer examen de la legislatura: el aprobado parece imposible y el suspenso dejará 10.000 millones de euros en el aire

El Congreso de los Diputados celebra el primer pleno del año 2024 este miércoles, pero no lo hará en la Cámara Baja. Los diputados se reunirán en el Senado porque en la madrileña Carrera de San Jerónimo han comenzado las obras para instalar pantallas táctiles en los escaños.

El escenario dispuesto, eso sí, no cambia la gravedad con la que arranca el año legislativo en el país. El Gobierno lleva a pleno en período extraordinario de sesiones los objetivos de estabilidad presupuestaria, un paso previo indispensable para sacar adelante los presupuestos generales del Estado de este año a lo largo del primer trimestre.

También tendrá lugar el debate a la totalidad de la controvertida ley de amnistía, proyecto resultante del acuerdo político entre el PSOE y los partidos independentistas que habilitó la investidura de Pedro Sánchez el año pasado.

Sin embargo, nada de esto tiene a los miembros del Consejo de Ministros con el alma en vilo. Los miembros del Gobierno Sánchez aguantan ahora mismo la respiración por la convalidación de tres decretos leyes que fueron aprobados a finales del año pasado.

Son el decreto ley con la reforma del subsidio de desempleo y que nació tras unas intensas negociaciones entre Economía, con Nadia Calviño todavía como ministra, y Trabajo o el decreto ómnibus con reformas en la justicia o la función pública, del que dependen la llegada o no de 10.000 millones de euros de los fondos europeos.

También se debate la convalidación o no, además, de un tercer decreto ley: el que fue aprobado en reunión del Consejo de Ministros el pasado 27 de diciembre y que contiene las prórrogas a las medidas anticrisis del Ejecutivo.

Cuando el Consejo de Ministros aprueba un decreto ley, este tiene que ser convalidado por el Congreso de los Diputados dentro de los 30 días siguientes a su entrada en vigor en el Boletín Oficial del Estado. Lo que sucede es que el Gobierno de PSOE y Sumar llega a este pleno sin todos los síes necesarios para garantizar esa convalidación.

Sánchez no contaba con el PP. Pero tampoco contaba con que Junts, la formación con la que pactó la polémica ley de amnistía, empezaría el año retorciéndole el brazo: han anunciado su no a la convalidación de estos tres reales decretos leyes cruciales para la legislatura que apenas comienza. Las negociaciones, en el momento en el que se escriben estas líneas, continúan.

Tampoco contaba con otro no: Podemos, la formación morada con la que los socialistas gobernaron en la anterior legislatura y que anunció hace semanas que abandonaba el grupo parlamentario de Sumar para integrarse en el grupo mixto, también ha confirmado que votará de forma negativa. La organización de Yolanda Díaz les ha rogado que se dejen de "politiquería".

¿Qué piden Junts y Podemos? Los primeros, multas para las empresas que se marcharon de Cataluña a causa del procés. El Gobierno, por el momento, se niega: el Ejecutivo apela a la seguridad jurídica con la que deben contar las compañías. Abre la puerta, eso sí, a incentivos fiscales para que las empresas que se marcharon regresen a la región.

Los segundos, por su parte, exigen más medidas en materia de vivienda, como recuperar el tope al incremento de los alquileres al 2% en el decreto del escudo social, así como eliminar lo que denuncian que es un recorte en las cotizaciones del subsidio por desempleo en las personas mayores de 52 años, en el decreto que reforma esta prestación.

El Gobierno aprobará en enero el índice que permitirá limitar el precio de los alquileres

Realmente, estas tres votaciones no van en pack. Sin embargo, las tres podrían decaer porque el PP da por consumada su negativa al Gobierno, a pesar de que el ministro Félix Bolaños se comunicara con la portavoz del PP en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, para abrirle la puerta a que estos decretos leyes se sostengan y después se conviertan en proyectos de ley.

Indistintamente de la convalidación o no de estos decretos leyes, el presidente de la Cámara siempre pregunta al término de su debate y votación si desean los grupos que se conviertan en proyectos de ley. De esta forma, más allá de la convalidación, los grupos parlamentarios pueden iniciar un nuevo período de enmiendas al dotar estas normas de un nuevo rango legal.

El PP, eso sí, por el momento ha abierto la puerta a recuperar una serie de medidas del escudo anticrisis que el Ejecutivo necesita prorrogar en el pleno de este miércoles, pero haciéndolo caer primero. Los socialistas han tildado esa actitud del PP de caprichosa y han criticado que el principal partido de la oposición no tenga "actitud negociadora".

Actualmente, PSOE y Sumar solo cuentan con 147 escaños, muy lejos de la necesaria mayoría simple que requiere la convalidación de decretos leyes —más síes que noes en una Cámara con 350 diputados—. Podemos tiene cinco escaños mientras que Junts tiene siete. Sumados sus noes a los del PP (137) y Vox (33) arroja mínimo 182 votos en contra, una holgada mayoría absoluta.

Por su parte los socialistas y Sumar han amarrado los apoyos de EH Bildu y ERC, con seis y siete escaños, con la condición de que los decretos leyes puedan ser posteriormente enmendados como proyectos de ley. También los cinco parlamentarios nacionalistas vascos del PNV votarán sí "por responsabilidad", sumando la mayoría del sí solo unos 165 escaños.

Todo esto descontando el papel de los otros integrantes del grupo mixto, el diputado de Coalición Canaria —que votará a favor—, el de Unión del Pueblo Navarro —en contra— y el Bloque Nacionalista Gallego, que no ha desvelado el sentido del voto, ha mostrado sus dudas sobre los decretos leyes, pero confía en poder enmendarlos y reformarlos más adelante.

En los momentos en los que estas líneas están siendo escritas no hay acuerdo, aunque el Gobierno se muestra confiado en que se logrará desatascar un acuerdo. Hay mucho en juego.

En juego: 10.000 millones de euros en fondos europeos y un impacto de más de 40.000 millones en tu bolsillo

La propia ministra portavoz, Pilar Alegría, enfatizó todo lo que hay en juego en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes: 

"Lo importante es el contenido", remachó. "Aprobar estos decretos significa decir sí a que 11 millones de pensionistas perciban al mes 52 euros más, es decir sí a que los jóvenes y los trabajadores puedan utilizar el transporte público gratuito, es decir sí a que se siga creando empleo, es decir sí al IVA del 0% en los alimentos básicos".

La no convalidación del decreto ómnibus con reformas en la justicia o en la función pública supondría que la llegada de los 10.000 euros de fondos europeos se pospusiese. Por su lado, Demócrata ha calculado a cuánto ascendería el impacto financiero de que decayese el escudo social anticrisis: 40.000 millones entre dotación presupuestaria o menor recaudación.

Esto se debe a que el decreto que prorroga muchas de las medidas anticrisis —que algunos expertos ya proponen ir retirando gradualmente—.

Así, contempla iniciativas como 660 millones de euros a comunidades autónomas y ayuntamientos para ayudar en el transporte público, la subida del 3,8% de las pensiones —con el IPC—, las deducciones disponibles para el IRPF por si se reforma el hogar para mejorar su eficiencia energética, la reducción del IVA en la factura de la luz o en los alimentos, entre otras.