El Gobierno aprobará en enero el índice que permitirá limitar el precio de los alquileres

El índice del Gobierno que permitirá limitar el precio de los alquileres podría estar listo en solo unas semanas. El Gobierno confía en ajustar los últimos detalles de cara a aprobarlo en enero, según ha adelantado El Confidencial y confirman fuentes del Ministerio de Vivienda a Business Insider España.

Concretamente, el recién creado Ministerio de Vivienda, con Isabel Rodríguez como nueva titular al frente, está trabajando en las cuestiones más técnicas y existe el compromiso político para sacar cuanto antes este índice de referencia, a ser posible este mismo mes de enero, detallan las fuentes consultadas.

No está siendo un camino de rosas. Han pasado ya unos cuantos meses desde el primer anuncio de que el índice estaba casi listo, a finales de abril. Entonces acababa de aprobarse la Ley de Vivienda, otra que también costó sudor y lágrimas sacar adelante, debido a unas negociaciones interminables, precisamente con el control de precios como principal escollo. 

La base del índice de precios será la propia estadística oficial de alquileres creada por este ministerio hace unos años, cuando todavía era titular el exministro José Luis Ábalos. A principios de 2020, Ábalos anunció la publicación del primer índice oficial de precios de alquiler (hasta entonces, no había estadísticas públicas al respecto). 

Este índice cruza datos de la Agencia Tributaria (declaraciones de la renta de propietarios e inquilinos) y de otras fuentes, como el catastro, para ofrecer al detalle el precio medio de los alquileres a nivel autonómico, municipal, de distritos o incluso de sección censal, si se quiere.

La idea es aprovechar esa información, complementarla con la de algunas comunidades y establecer una homologación para poder utilizarla en el índice estatal. Es más, según confirmaron fuentes del Ministerio hace unos meses a Business Insider España, se fijará en el modelo catalán, cuyo índice está más actualizado, al utilizar datos de fianzas hasta 2022.

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El objetivo es que ese índice pudiera fijar un precio de referencia que ejerza de tope sobre las subidas de alquiler en zonas tensionadas. Pero solo para empresas o grandes propietarios (aquellos que tengan 5 pisos o más en el área tensionada). Estos no podrían subir el alquiler por encima del precio límite fijado por el índice. 

Los pequeños propietarios tampoco podrán subirlo, pero tendrán que fijar como referencia en el importe del último contrato en vigor de la vivienda que quiera alquilar.

Ese precio límite fijado por el índice para grandes propietarios no es una cifra tirada al aire, ni tampoco el precio de una vivienda de alquiler asequible, sino que constituye la media de precios del mercado de las viviendas en alquiler que ya se ubicaban en el área tensionada.

"No es que aquellos propietarios tengan que bajar sus precios por debajo de precio de mercado. Lo que el índice recoge son los precios del mercado que los arrendadores han trasladado a la Agencia Tributaria. Otra cosa es que quieran subirlo un 30% o un 40% por encima del precio de mercado, pero nosotros no defendemos eso", matizan desde el Gobierno.

Al estar referenciada a precios de mercado, el control de precios no servirá tanto para bajar alquileres, sino para congelarlos. 

El problema es que el índice actual del Ministerio está desfasado y solo ofrece datos hasta 2021, hace casi 2 años. Básicamente porque el grueso de los datos en que se apoya la estadística es información tributaria, que tiene el decalaje propio de la declaración de la renta. 

Esto significa que, si ahora mismo una comunidad quisiera declarar una zona tensionada, fijaría como límite el precio de mercado que había para los alquileres en 2021, no en 2023, y desde entonces han podido seguir subiendo.

El Gobierno está trabajando en corregir este desfase temporal, y eso es lo que está retrasando la puesta en marcha del índice. 

"Vamos a mejorar el índice actual trabajar para actualizarlo. Hemos iniciado un proceso de actualización del índice para poder ajustarlo a los tiempos actuales, y a partir de ahora lo haremos en coordinación con las comunidades", aseguraban fuentes del Ministerio hace unos meses. Para ello, el Ejecutivo complementará la información actual con la de depósitos de fianzas, contratos antiguos y nuevos.