"Ahora que la inflación ha comenzado a bajar y que la recuperación está en marcha, España debe retirar gradualmente las medidas de apoyo"

Ahora que los nubarrones que anunciaban tormentas en todos los frentes empiezan a despejarse, conviene ir plegando el paraguas. 

El paquete de medidas lanzado por el Gobierno para aliviar el impacto de la crisis de precios en el bolsillo de hogares y empresas tiene fecha de caducidad, y ese límite se acerca. Ya lo advirtió la Comisión Europea, hace un par de semanas, y ahora la OCDE se suma a las recomendaciones, en una entrevista con Business Insider España.

"Ahora que la inflación ha comenzado a bajar y que la recuperación está en marcha, se deben retirar gradualmente las medidas de apoyo para proteger a los hogares y las empresas de las consecuencias de la guerra en Ucrania", explica Aida Caldera, jefa de división en el departamento de Economía de la OCDE, a Business Insider España.

La economía española crecerá este año y el que viene por encima de lo esperado, mientras que la inflación ya empieza a remitir. España crecerá un 2,1% en 2023 y un 1,9% en 2024, según la última actualización de previsiones de la OCDE. Una noticia positiva que indica que se acerca el momento de retirar las ayudas desplegadas durante la crisis. 

En los últimos meses, el Gobierno ha desembolsado 45.000 millones de euros de fondos públicos en medidas para aliviar el impacto de la inflación, entre rebajas fiscales, bonificaciones al transporte, ayudas directas y topes de precio de la electricidad y límites a los alquileres. 

"Estas medidas nos han ayudado a reducir la inflación en 5 puntos en 5 meses y hacer esta crisis un poco más llevadera para muchos", decía a principios de año el presidente, Pedro Sánchez. 

Cinco meses después, la inflación se ha moderado al 3,1%, hasta niveles que no se veían desde hacía 2 años, lo que significa que la soga que ahogaba a los hogares empieza a aflojarse, y que conviene ir regresando a la normalidad.

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El Gobierno lo sabe y, en los últimos días, se ha puesto manos a la obra a revisar, dentro del paquete de medidas anticrisis, cuáles continuarán en vigor y cuáles empezarán a caducar a partir de este mismo mes. Entre ellas, está en juego la rebaja en el IVA de alimentos básicos o la bonificación al transporte público, que expirarán el próximo 30 de junio.

La idea es aprobar un nuevo decreto ley que, teniendo en cuenta que hay elecciones a la vuelta de la esquina, tendrá que convalidar la Diputación Permanente del Congreso una vez disueltas las Cortes.

Pero eso no significa que todas las ayudas vayan a desaparecer por completo. La pregunta, ahora, quizás sea cuáles deberían mantenerse y aquellas que deberían empezar a desaparecer. Para Caldera, el foco debería estar puesto en ayudas enfocadas a colectivos vulnerables y medidas que favorezcan la transición energética:

"La OCDE siempre ha insistido en que tales medidas deben estar dirigidas a los más pobres y deben mantener un incentivo para reducir el consumo de combustibles fósiles. Esto debe tenerse en cuenta al diseñar el camino hacia la eliminación de las medidas de apoyo", añade Caldera.

A finales de mayo, también la Comisión Europea pidió a España que empiece a retirar de forma gradual las medidas de apoyo. La idea es que esa retirada comenzara a finales de este año, para suprimirlas por completo en 2024, y utilizar los ahorros para reducir el déficit público y limitar el gasto.

"El control del gasto público es fundamental", coincide Caldera, "pero también hay margen de mejora por el lado de los ingresos", y cita algunas de las sugerencias dirigidas desde la OCDE a España para aumentar los ingresos públicos, "como eliminar las tasas reducidas de IVA o aumentar los impuestos relacionados con el medio ambiente".

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No retirar las medidas de apoyo no solo implica un aumento del gasto público durante más tiempo, sino que también puede convertirse en un movimiento contraproducente respecto a los esfuerzos del Banco Central Europeo (BCE) destinados a controlar la inflación.

Los escudos de ayuda anticrisis han servido para contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, pero también para todo lo contrario. Los límites de precio o bonificaciones generalizadas son medidas de alivio, pero también estimulan el consumo, lo que a su vez aumenta la inflación. Por eso, desde la OCDE recomiendan centrar el foco en colectivos y medidas más específicas.

Mantener las medidas podría ser contraproducente para controlar la inflación, pero retirarlas también podría traducirse en un repunte de precios. 

Medidas como el límite del 2% a los contratos de alquiler hacen que la tasa general esté por debajo de la inflación subyacente. En el momento en que desaparezcan estas limitaciones artificiales a los precios, la estadística volverá a reflejar los valores por encima de la subyacente.

Igual que ocurre con las heridas, que al levantar el vendaje vuelva a salir sangre o no es una cuestión de tiempo. Si el Ejecutivo retira algunas de las medidas "demasiado pronto", la inflación podría volver tal y como vino.