Guerra contra la inflación: ¿Funcionan las medidas anunciadas por el Gobierno?

Hace más de medio año, la inflación era un fenómeno transitorio que acabaría esfumándose tal y como llegó. 

Hoy, Gobiernos de todo el mundo se afanan en una batalla por pararle los pies a una inflación convertida en Goliat, y por aliviar los golpes que ésta asesta a hogares y empresas. En España, los precios se dispararon un 10,8% en julio, un máximo no visto desde la crisis del petróleo de los años 80.

Abono de tren gratis, descuento para la gasolina, tope al precio de la luz, límite a los alquileres, para hogares vulnerables, becas para estudiantes, impuestos para energéticas y bancos... 

La lista de medidas anunciadas por el Gobierno de España es larga, y transmite la sensación de que se dispara hacia todos los frentes, esperando que la inflación caiga de alguno. Pero la postal es similar fuera de nuestras fronteras, donde el resto de países trata de lidiar con las mismas recetas.

Según el Gobierno, estas medidas permitirán contener la inflación en 3,5 puntos. 

“La inflación en España sería de un 14% si no fuera por estas medidas. Vamos a ir a por todas para proteger a nuestros ciudadanos, a nuestras empresas y a nuestra industria”, dijo el presidente, Pedro Sánchez, que situó a España, junto a Grecia y Lituania, como el país que más recursos ha destinado a frenar la inflación: 30.000 millones de euros desde septiembre.

Pero por el momento no parece que se haya logrado ensillar una inflación galopante. Si en marzo parecía que la subida de precios tocaba techo, cuando se disparó al 9,8%; 4 meses después sigue escalando y ya suma medio año prendiéndole fuego a la economía.

En este contexto, cabe preguntarse hasta qué punto son efectivas para contener la inflación o si, por el contrario, las medidas podrían tener un efecto bumerán que siga alimentando la escalada de precios, por mucho que en el corto plazo supongan un bálsamo para bolsillos agujereados.

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"Las medidas destinadas a paliar los efectos de la guerra han de diseñarse con cuidado para limitar su coste y asegurar que contribuyen a incentivar los ajustes necesarios en vez de a dificultarlos", argumenta Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea en un informe sobre la respuesta al impacto de la guerra.

En el mismo informe, De la Fuente diagnostica que "algunas de las medidas tomadas por el Gobierno están bien diseñadas, pero otras no tanto". En Business Insider Españalas analizamos con expertos.

Descuento a la gasolina: aliviar el malestar a costa de más inflación

La gasolina se ha convertido en un bálsamo para calmar el malestar social. El 1 de abril entró en vigor el descuento decretado por el Gobierno de España de 20 céntimos por litro en la gasolina  y el diésel. 

"Lo que más enerva a la gente son los cambios en el precio de productos energéticos y del transporte", explica José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pompeu Fabra. 

El temor a una ola de malestar social similar a la Primavera de Chile, en 2019, o a los chalecos amarillos, en Francia, movilizó rápidamente a los gobiernos, incluida España, para tomar esta medida.

La medida no sólo no era progresiva ni redistributiva (favorece más a los ricos),sino que encima premia a quien más contamina, algo que va completamente en contra de la estrategia de neutralidad climática. Esta es la razón que está llevando a cada vez más gobiernos, como Alemania o Francia, a suprimirla y buscar medidas alternativas más focalizadas.

Pero, al mismo tiempo, no aplicarla podría haber tenido consecuencias peores en términos de protesta. 

El objetivo no era contener la inflación, sino aplicar un bálsamo para el malestar. En ese sentido funcionó, pero a costa de una mayor subida de precios.

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El descuento a los carburantes hizo subir la inflación por el lado de la oferta: las estaciones de servicio respondieron con aumentos del precio de la gasolina (0,7 céntimos) y del diésel (3,52 céntimos), según cálculos de Esade. 

"Esta medida, como las bajadas de impuestos, no controlan la inflación, sino todo lo contrario: alimentan la presión de la demanda, que se ve más fuerte para consumir, cuando lo que hay que intentar es contenerla para que no derive en más incrementos", resume María Romero, responsable de Economía de Analistas Financieros Internacionales.

"Si el productor ve que la demanda absorbe precios, los subirá. Pretendiendo aliviar la carga, consigues el efecto contrario", añade.

El diagnóstico es el mismo para otras medidas, como la rebaja del IVA de la luz al 5% y la suspensión del Impuesto sobre la producción eléctrica.

"Habría que eliminar la bonificación general al precio de los carburantes y las rebajas de los impuestos sobre la electricidad, porque estas medidas tienden a estimular la demanda de energía y a ralentizar el ajuste de empresas y familias ante la nueva situación", avisan desde Fedea.

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Además de rebajas fiscales y bonificaciones para el consumo energético (sea de electricidad o de combustible), el Gobierno también ha aprobado diferentes medidas de apoyo a los hogares, como la bonificación del 100% del coste de los abonos de cercanías y media distancia.

En este caso, Romero insiste en que se trata de una iniciativa que "trata de incentivar todavía más la demanda, no va a contener la inflación". 

Pero tampoco se prevé que la vaya a aumentar en exceso. Según explica Toni Roldán, director del Centro de Políticas Económicas de Esade: "Son medidas un poco cortoplacistas o cosméticas, que no creo que cambien demasiado la trayectoria de la inflación".

"Las ayudas deberían ser selectivas para no desperdiciar recursos escasos en quienes no los necesitan y habrían de dirigirse preferentemente al mantenimiento de las rentas reales de los afectados", recomienda De la Fuente, por su parte.

En esa línea sí van otra serie de medidas anunciadas, como la renovación del bono social eléctrico, una extensión de los beneficiarios del ingreso mínimo vital, un cheque de 200 euros para hogares vulnerables y una ayuda complementaria de 100 euros para estudiantes becados.

"Son medidas paliativas, no curan sensiblemente la enfermedad, pero ayudan a pasarla con menos dolor", resume Leopoldo Torralba, economista sénior de Arcano.

En términos de coste, además, no suponen un gran desembolso de gasto público para la administración, sobre todo en un contexto en el que los ingresos tributarios están evolucionando muy bien, precisamente por la inflación. "La administración tiene holgura para afrontarlas", añade Romero.

Límite del 2% a los alquileres: alivio para unos; pérdida de poder adquisitivo para otros

Junto a los impuestos a bancos y energéticas, el límite a la revalorización de los alquileres ha sido una de las medidas más polémicas. En parte, porque para aliviar la carga de unos hogares, son otros hogares los que corren con el coste.

En marzo, el Gobierno aprobó una medida que prohíbe a los propietarios de pisos alquilados subir el precio del alquiler más de un 2%. Hasta ahora, cuando un contrato de alquiler en vigor cumplía un año más, el propietario podía actualizar la renta tomando la inflación como referencia, pero cuando el IPC se descontrola, seguir indexándolo supone un coste enorme para los inquilinos.

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"Esta medida tiene que ver con una guerra en Ucrania y su impacto sobre el precio de la energía. Pero, ¿a quién le toca pagar? A los propietarios de la vivienda, por supuesto", ironiza García Montalvo.

Para aliviar el esfuerzo del pago del alquiler a unos hogares (los inquilinos), el Gobierno carga el peso sobre los hombros de otros hogares (los propietarios). 

"Al Gobierno no le parece mal que los pensionistas tengan una revalorización de las rentas ligadas al IPC, pero sí que los propietarios tengan una reducción de su capacidad de pago por la pérdida de poder adquisitivo que implica la menor renta del alquiler", reflexiona García Montalvo.

"Esto es populismo inmobiliario. Estas medidas asumen que por definición el propietario es rico y especulador, y que en cambio no hay inquilinos con rentas altas", explica Gonzalo Bernardos, profesor Titular y director del Máster Inmobiliario de la Universidad de Barcelona.

Tope al precio de la energía: la 'excepción ibérica' sí reduce la inflación

A finales de marzo, España y Portugal lograron arrancarle a la Comisión Europea una concesión clave para el mercado energético: la denominada excepción ibérica. 

La Comisión Europea dio permiso a estos dos países para que puedan ponerle un tope al precio del gas en el mercado mayorista de la electricidad. Esto ha permitido abaratar la factura de la luz de hogares y empresas.

Según cálculos del Gobierno, esta medida sí ha permitido abaratar, y en alrededor de un 30%, la factura de la luz.

"Esta medida tiene un impacto positivo sobre la inflación, porque reduce el incremento de precios de la electricidad", apunta Romero. Según las previsiones de Afi, esta medida podría reducir en 5 décimas la inflación durante el medio año en que se ha aplicado.

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Los daños colaterales del impuesto a la banca y a las energéticas

Pero no sólo hay ayudas para hogares. El Gobierno también ha anunciado 2 grandes impuestos extraordinarios: a las empresas energéticas y a las financieras.

El primero es un gravamen del 1,2% que afectaría a las ventas totales de grandes compañías energéticas. El Gobierno espera recaudar 2.000 millones de euros cada año con este impuesto, que gravará "los beneficios obtenidos entre 2022 y 2023 por grupos dominantes del sector gasista, eléctrico y petrolífero". Este impuesto extraordinario entrará en vigor en 2023 y 2024.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, precisó que este impuesto irá dirigido a empresas energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros al año. Es decir: Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Cepsa.

En segundo lugar, el Ejecutivo propone un tipo temporal del 4,8% para los bancos, ya que, según Sánchez, "se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés". Este impuesto gravará los intereses y comisiones netas de entidades financieras con ingresos superiores a los 800 millones de euros. Se trata de una tasa temporal que estará en vigor 2 años, durante los cuales el Gobierno espera ingresar 1.500 millones de euros al año.

"Cuando se establecen impuestos y se incrementan los costes empresariales hay indicios más que suficientes de que esos costes se trasladen a consumidor final. El riesgo latente es que genere más inflación", resume María Romero.

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Esto produciría un episodio de inflación por el lado de la oferta, porque el precio subiría, pero no por el lado de la demanda, que se frenaría por el aumento de precios. Al incrementar los costes empresariales, se entorpece la capacidad de acceso a ese tipo de bienes. "La evidencia empírica dice que se puede producir una contención de la demanda", añade Romero.

En el caso de la banca, por ejemplo, Roldán avisa de que el riesgo "está en que penalicen parcialmente el crédito": los bancos podrían repercutir el aumento de costes en mayores comisiones para los clientes, lo que a su vez retraería la demanda. 

El Gobierno, sin embargo, ha anunciado que prohibirá que bancos y energéticas terminen trasladando estos impuestos a los consumidores.

El problema del impuesto a la banca es que llega en un momento delicado para el sector. “Mientras la banca ha estado ganando poco dinero por una situación de tipos negativos, todo ha estado bien. Ahora que podría resarcirse, se le pone un impuesto especial”, critica García Montalvo.

En el caso de las energéticas, la inflación podría producirse tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda, ya que, a diferencia de los servicios bancarios, la energía es un bien de primera necesidad con una demanda poco elástica: aunque suba el precio, el consumo de energía no va a bajar.

"Este dinero sólo servirá para pagar el aumento del gasto público", avisa García Montalvo. Los expertos están de acuerdo en que ambos gravámenes pueden provocar daños colaterales, tanto por el lado de la oferta, vía menores inversiones, como por el de la demanda.

Además, añade Romero, "recortar los beneficios de las energéticas puede contener las inversiones planteadas precisamente para desarrollar la transición energética". Aun así, sigue habiendo margen para que éstas inviertan, porque a pesar del tope del gas, estas empresas están recibiendo remuneraciones por encima de su coste.

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