Sánchez llega a la investidura con una mayoría sólida y la calle crispada: las claves para seguir la sesión y qué esperar de los próximos días

La sesión de investidura que comienza hoy es una de las más broncas que se recuerdan en años y, al mismo tiempo, una a la que el candidato acude con una de las mayorías más sólidas en mucho tiempo.

Pedro Sánchez saldrá investido probablemente en primera votación —este jueves 16— gracias a una mayoría absoluta que ha amarrado en las últimas semanas tras unas tensas y controvertidas negociaciones del PSOE con los distintos grupos del arco político: solo ha rechazado sentarse con Vox. Con el PP solo se ha hablado del bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sánchez cuenta, en principio, con los votos a favor de su propio partido, los 121 escaños que consiguió en las elecciones del pasado julio. También con el respaldo de Sumar y sus 31 diputados: volverá a formar un Gobierno con la coalición que lidera la ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz.

Esos 152 votos a favor están lejos de los 176 parlamentarios para sumar una mayoría absoluta. Pero los socialistas han conseguido el favor en las últimas semanas de ERC (7 escaños), Junts (otros 7), el PNV (5), EH Bildu (6), el BNG (1) y Coalición Canaria (1). La mayoría de la investidura en esta XV legislatura suma 178 votos a favor.

Conocidos los resultados electorales de julio, las cábalas hacían pensar que o el popular Núñez Feijóo o el socialista Sánchez conseguirían formar gobierno por la mínima. Que se lograra una mayoría absoluta parecía entonces quimérico. El líder del PSOE, en este caso, lo ha logrado.

A cambio, claro, ha desatado una oleada de críticas y un malestar que ha desembocado en manifestaciones en muchas provincias, todas ellas lideradas, en su mayor parte, por el PP. También Vox ha intentado sacar músculo en la calle. Con todo, muchas de las protestas que se han realizado frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid han acabado deslucidas por disturbios.

El origen de esa indignación está en el pacto que los socialistas han alcanzado con ERC y con Junts. El nuevo Gobierno ha suscrito con las dos organizaciones independentistas catalanas una ley de amnistía cuyos detalles se conocieron hace apenas unas horas —después de que la ley se registrara en el Congreso— y que sienta nuevos precedentes en la democracia española.

La ley de amnistía persigue amnistiar, valga la redundancia, a quienes cometieran "actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017", lo que contempla, así, delitos perpetrados entre enero de 2012 y noviembre de 2023.

De esta forma se amnistiarán a un total de 309 personas, según cálculos del Gobierno en funciones, además de a unos 73 policías que reprimieron violentamente la última consulta. Sindicatos policiales como Jupol han criticado que esta ley de amnistía excluya a "la mayoría" de los agentes.

En la anterior legislatura, Sánchez siempre desdeñó la posibilidad de que existiera una amnistía, igual que desdeñó la posibilidad de que existiera un referéndum de autodeterminación en Cataluña. En algunas entrevistas concedidas durante la campaña de julio, el presidente en funciones recalcaba que el independentismo no había conseguido ni el referéndum ni amnistía bajo su mandato.

Más gráfica fue la respuesta que en 2021 Sánchez dio a una parlamentaria de ERC en el Senado. Al referirse al "programa de máximos" del independentismo, el presidente enfatizó: "Ya lo conocemos. Es la autodeterminación, es la amnistía según ustedes". Y continuó: "Si queremos avanzar en la mesa de diálogo, entiendo que tenemos que empezar a hablar de las cosas que tenemos más cercanas".

La polémica por la ley de amnistía llega al Tribunal Supremo y a Bruselas

Hoy, por supuesto, el relato ha cambiado. Pero lo que ahora se oye ha movilizado a mucha gente a la calle y ha puesto en alerta a un sinfín de colectivos profesionales. El Pleno del CGPJ se pronunció, por ejemplo, antes de que se conociera el texto, que se registró este lunes en Cortes. Posterior a su publicación, también lo han hecho organismos como multitud de colegios de abogados.

Por su parte, Vox presentó este martes una querella ante el Tribunal Supremo contra el propio Sánchez en la que pide además la responsabilidad penal tanto del PSOE como de Junts, y pide una medida cautelar: que se suspenda la investidura cuya sesión comienza este mediodía.

La querella se dirigía al Alto Tribunal al entender que Sánchez habría cometido "los delitos de cohecho, encubrimiento o colaboración con el terrorismo, usurpación de funciones del poder judicial y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función", según detalló el partido político en un comunicado dirigido a los medios.

La ofensiva contra esta ley de amnistía también ha llegado a Bruselas. PP y Ciudadanos han dirigido un dosier a la Comisión Europea que dirige Ursula von der Leyen y han pedido que el tema se debata en la Eurocámara la próxima semana. 

Manfred Weber, presidente del PP europeo, mostraba su preocupación este martes en X —antes Twitter— por "el deterioro del Estado de Derecho en España tras el pacto de amnistía de los socialistas". "Se corre el riesgo de vulnerar la separación de poderes y socavar la independencia judicial. El respeto del Estado de Derecho no es negociable en la Unión Europea".

También este martes la agencia de noticias Europa Press publicó un teletipo en el que informaba que la Comisión Europea no apreciaba, por el momento, "colisión alguna de la proposición de ley de amnistía con los principios y normas comunitarios". El artículo 2 de la ley excluye explícitamente amnistiar "los delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea".

Así, la agencia, citando "fuentes comunitarias", indica que las dos grandes preocupaciones de Bruselas con respecto a la ley —su impacto en los intereses financieros de la UE y en el Estado de Derecho— "se han disipado" y el texto pasaba a ser "analizado ahora en profundidad por los servicios jurídicos antes de ofrecer una opinión formal".

"Al contrario de lo que indican algunas informaciones, la Comisión no tiene opiniones preliminares sobre el borrador de ley de amnistía que se ha registrado en el Parlamento español. La Comisión simplemente ha recibido hoy el borrador por parte de las autoridades españolas y ha comenzado a analizarlo", respondió, al cabo de unas horas, el portavoz de la propia Comisión.

Para rematar la situación, a última hora de la tarde de este martes trascendió un manifiesto contra la ley de amnistía firmado por 20 exministros y 150 exparlamentarios del PSOE, del PP o de Ciudadanos, entre ellos José Luis Corcuera o Javier Sáenz de Cosculluela que llegaron a asumir carteras bajo las siglas del PSOE.

Efectivamente, la polémica por la ley de amnistía ha eclipsado la investidura que comienza este miércoles y cuya primera votación se celebrará este jueves. Es de esperar que en la sesión de hoy, que te contaremos en directo, tomen la palabra los portavoces de los distintos grupos parlamentarios y el propio candidato, Pedro Sánchez, que hablará en un insólito ambiente de crispación.

La votación se celebrará mañana. Si por algún casual Sánchez no contara con la mayoría absoluta con la que en principio cuenta, habría una segunda oportunidad: el sábado se celebraría una segunda votación en la que esta vez Sánchez solo necesitaría más síes que noes.

Todavía quedan muchas incógnitas por resolver. Si el Supremo estimará la querella de Vox, si podría llegar a estimar la suspensión cautelar de la investidura —que llevaría al país a una situación desconocida— o si el Gobierno tendrá más recorrido que el de la investidura —habrá que negociar los Presupuestos Generales del Estado de los futuros ejercicios—...

Pero mientras se desvela esa incertidumbre, algunas dudas más inmediatas se ciernen sobre la composición del posible nuevo Ejecutivo.

Quién compondrá el nuevo Gobierno: ya han comenzado las negociaciones para el reparto de carteras

En caso de que Sánchez logre sacar adelante la investidura este mismo jueves, la semana que viene podría haber un nuevo Gobierno. La duda es quién formará parte del nuevo Consejo de Ministros. Las cartas ya están sobre la mesa.

Para entender lo rápido y frenético que puede ser este proceso que ahora comienza, basta recordar las fechas con las que Sánchez fue investido en enero de 2020. El líder socialista logró el apoyo de la Cámara el 7 de enero de aquel año. Al día siguiente, Sánchez prometió ante el rey Felipe VI su cargo.

Solo hubo que esperar apenas una semana, hasta el 12 de enero, para que Sánchez presentara oficialmente su nuevo Consejo de Ministras, con las 23 personas que conformaron entonces el primer Ejecutivo de coalición de la historia democrática de España —el propio Sánchez, cuatro vicepresidencias y 18 ministerios—.

Dos días después de aquella presentación, el 14 de enero, se reunió por primera vez el que entonces se bautizó como Consejo de Ministras. En 2021 hubo una crisis de Gobierno —con salidas y entradas de ministros— que rebajó la edad media del gabinete a una de las más jóvenes de los ejecutivos europeos de por entonces. En 2023 se produjeron más cambios en el Consejo de Ministras.

Desde la noche de este lunes varios medios de comunicación dan por seguro que del gabinete actual repetirán 3 nombres: el de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el del ministro de Presidencia, Félix Bolaños; y el de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Nadia Calviño, vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, está ahora disputando una carrera por la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI) con la todavía comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager. 

Hace apenas unas semanas se confirmó que Alemania se inclinaría finalmente por la española. El canciller alemán, Olaf Scholz, aseguró que Calviño sería "una muy buena presidenta del BEI" a su llegada a un congreso del Partido Socialista Europeo que se celebró en Málaga el pasado sábado.

También se da por seguro que el Consejo de Ministros resultante de la investidura que comienza este miércoles sería bastante distinto del conocido durante los últimos tres años y medio.

Será improbable ver a ministras de Podemos, como Irene Montero o Ione Belarra. En 2020, los cinco ministerios que logró Unidas Podemos se repartieron de la siguiente forma: dos departamentos para los morados —Pablo Iglesias y Montero—, uno para IU —Alberto Garzón—, uno para los comunes —Manuel Castells— y otro para Yolanda Díaz.

Medios como El Independiente o elDiario.es avanzaron a lo largo de ayer martes el posible reparto de otros 5 ministerios que esta vez gestionaría Sumar. Uno recaería en Yolanda Díaz, que retendría el Ministerio de Trabajo, y otro podría ser para una persona de su confianza, como el responsable de su negociación con los socialistas, Nacho Álvarez, que asumiría el Ministerio de Derechos Sociales.

Luego se podrían producir bailes. La cartera de Cultura, que en los últimos tiempos ostentaba el socialista catalán Miquel Iceta, esta vez recaería en Sumar, en la cuota de los comunes. Ernest Urtasun es el nombre que empezó a sonar esta semana. 

Por otro lado, en caso de que las negociaciones habiliten que Sanidad recaiga en esta parte del Gobierno, la líder de Más Madrid, Mónica García, sería ministrable. También empezó a hablarse de un posible nuevo ministerio, el de Infancia y Juventud, que recaería en IU y ostentaría su eurodiputada, Sira Rego.

Este martes, a última hora, Izquierda Unida confirmó la decisión de que sería Rego quien ocupara una cartera si finalmente IU obtiene cuota en las negociaciones que, si bien comenzarán una vez Sánchez sea investido, informalmente ya se están llevando a cabo.