La gran mayoría de plataformas, también las de audio, te dan un plazo de prueba gratuito a partir del cual tienes que pagar una suscripción. Para ello te piden meter tu tarjeta de crédito, con lo cual si no cancelas la suscripción antes de la fecha indicada, automáticamente se te hace el primer cobro.

Es lo que le ocurrió a una usuaria española de Amazon Audible, la plataforma de audio para podcast y audiolibros del gigante Amazon. La cliente recibió cargos incluso después de haberse dado de baja del servicio, pero la cosa no terminó ahí.

La persecución fue tal que la mujer denunció la situación a la Agencia Española de Protección de Datos tras recibir constantemente ofertas del servicio vía publicidad en el correo electrónico, a pesar de haber solicitado el borrado de información personal de los registros de la compañía.

Así, en una resolución el organismo dictamina una multa de 2.000 euros (1.200 euros si se hace el pago de forma voluntaria) a la compañía que sirve este servicio en España.

Desde la Agencia señalan que la distribuidora ha vulnerado la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del comercio electrónico.

Esta prohíbe "el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de estas". 

En enero de 2022 esta usuaria se dio de baja de la suscripción, recibiendo cargos meses más tarde. Ya en junio, efectuó por mail la supresión de datos, obteniendo una respuesta afirmativa. A pesar de esto, durante agosto y septiembre recibió diferentes mails con propaganda sobre Audible. 

Por todo ello, la clienta les escribió un mail reivindicando que "los datos bancarios son datos de carácter personal".

Y reclamaba su dinero: "si no me devuelven las cantidades indebidamente cobradas y continúan cargando recibos en mi cuenta sin mi consentimiento y, por tanto, tratando mis datos de carácter personal, recibirán la correspondiente demanda en los juzgados así como en la Agencia Española de protección de datos", y así fue.

Aunque le devolvieron el dinero, pero una vez pasado el verano volvió a recibir los mismos mails publicitarios.

Desde la distribuidora española quisieron señalar a Berliner Beauftragte für Datenschutz und informatinsfreíheit, que viene a ser el comisionado de protección de datos berlinés, alegando que es la ciudad sede de la empresa en Europa. 

Para la Agencia Española esto no vale y considera que es competente para imponer una infracción leve.