Reformar mi casa se convirtió en una pesadilla: 3 años y 400.000 euros después, esto es todo lo que fue mal

Mientras estaba en mi cuarto de baño recién reformado, viendo cómo caía el agua por el borde de la ducha inundando la estancia, mis sentimientos pasaban de la rabia al agotamiento. Incluso con mi inexperiencia, me di cuenta de que el borde de la ducha estaba mal nivelado, y por eso el agua caía en cascada y no hacia el desagüe. Si no lo arreglaba, el agua causaría daños irreparables.

El charco gigante que tenía a mis pies representaba las chapuzas, los enormes gastos y las batallas legales que mi marido y yo habíamos tenido que soportar durante la reforma de nuestra casa de 150 metros cuadrados. Lo que en principio iba a ser un proyecto de 140.000 dólares (unos 129.000 euros) y un año de duración se alargó a tres años y medio millón de dólares (unos 461.000 euros). Y lo peor es que aún no ha terminado.

Nuestra historia no es la única. Propietarios a lo largo y ancho de Estados Unidos se han enfrentado a calamidades similares provocadas por constructores poco fiables y sin escrúpulos. El auge de las reformas tras la pandemia, alimentado por programas de televisión de éxito como La casa de mis sueños y Tu casa a juicio, que hacen que las reformas parezcan sencillas, ha empeorado la situación.

Según el Joint Center for Housing Studies de Harvard, el gasto en mejoras del hogar se disparó de 328.000 millones de dólares en 2019 a 481.000 millones en 2023. Con la demanda disparada, hay mucha demanda de constructores y pocos disponibles, lo que les ha dado todo el poder. Si dejan proyectos a medias o no hacen un buen trabajo, no importa, tienen cientos de clientes esperando.

En Rhode Island, donde vivimos mi marido y yo, las quejas ante el Departamento de Regulación Empresarial se dispararon un 30% de 2019 a 2021, dirigidas sobre todo a trabajos inacabados a pesar de haberse pagado. Entre 2021 y 2022, la consultora de construcción Arcadis informó de un aumento del 42% en el valor medio de las disputas de construcción en Norteamérica, un máximo histórico. Pero como mi marido y yo pronto descubrimos, a menos que hayas hecho un plan, la protección legal para los propietarios es casi inexistente.

Cuando nuestra familia compró esta propiedad de 130 años en el norte de Michigan en septiembre de 2020, pensamos que nos mudaríamos en junio de 2021. Esperábamos utilizar la pequeña vivienda como segunda residencia en verano y alquilarla el resto del año. Teníamos previsto vaciarla, mejorar la instalación de fontanería, la electricidad, los cimientos y las ventanas, y reformar los baños y la cocina, un proyecto que según varios constructores tardaría un año, más o menos. 

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Las cosas empezaron bien, pero en otoño de 2021 se hizo evidente que nuestro constructor no tenía intención de cumplir el plazo acordado. Había comenzado nuestra peor pesadilla.

Los primeros retrasos se achacaron a la escasez de suministros, y aunque afectaron al plazo, nos dimos cuenta de que el constructor nos mintió, ya que durante meses ignoró el proyecto y tardó más de lo que dijo en pedir el material. Esta fue la primera señal de alarma, pero con la casa destrozada hasta los cimientos y pocas alternativas en Michigan, no pudimos buscar a nadie más.

Con el paso de los años, el presupuesto se triplicó, nos gastamos todos nuestros ahorros para hacer frente a los pagos y el calendario previsto quedó en el olvido. Nos sentíamos como ranas en una olla calentándose hasta hervir. Cada vez que el constructor subía la temperatura del agua, nos acostumbrábamos.

Finalmente exigimos un plazo máximo para la primavera de 2023. Pero poco antes, nuestro constructor solicitó de repente el pago íntegro de todo el trabajo realizado hasta esa fecha. Amenazó con retener la cédula de habitabilidad, que expide la administración local al titular de la licencia de obras y que indica que el edificio cumple la normativa y que se han realizado todas las obras previstas en la licencia, a menos que pagásemos. Conocedores de la regla de oro de las reformas domésticas (no pagarlo todo hasta que el trabajo esté terminado e inspeccionado), empezamos a sospechar.

Mi marido y un amigo constructor volaron inmediatamente para evaluar la situación y se quedaron horrorizados por lo que encontraron: una pintura chapucera, puertas mal instaladas, ventanas con goteras, tapajuntas mal instalados y tuberías expuestas que sobresalían del jardín delantero. Por no hablar de la larga lista de tareas pendientes, que incluía la instalación de contrapuertas y rellanos exteriores, la reparación de revestimientos dañados y la cobertura de las tuberías. Lo peor de todo era la ducha, que convirtió nuestro cuarto de baño en una piscina.

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"Parecía un caso perdido: pagamos por un servicio que no estaba terminado"

Nos negamos a pagar y, tras solicitar la documentación completa y la contabilidad de todo el trabajo, observamos discrepancias presupuestarias significativas, como desfases entre lo que un subcontratista había facturado (por ejemplo, 11.000 dólares por el enmarcado, unos 10.150 euros) y lo que nuestro constructor decía que les había pagado (18.000 dólares, es decir, 16.600 euros). El papel incluía una renuncia del constructor y todos los subcontratistas al derecho de retención sobre la propiedad, presentada ante notario, lo que básicamente acredita que el propietario ha pagado lo que debe.

Así que recurrimos a la justicia, pusimos fin a la relación e ignoramos el pago que faltaba por hacer. Sin duda, pensamos, debe haber protecciones para los consumidores en nuestra situación. Parecía un caso claro: pagamos por un servicio que no estaba terminado. Un año después, nos enteramos de que la ley no protege apenas al propietario.

El tribunal desestimó la renuncia al derecho de retención por considerarla un mero error del constructor. El mediador ofreció soluciones ridículas a problemas importantes: "Coge una palanca, arranca los azulejos y vuelve a nivelar el baño, no pasa nada. Es un proyecto de fin de semana", dijo, como si no acabáramos de pagar decenas de miles de dólares para que nuestro constructor hiciera precisamente eso. 

La falta de empatía del tribunal (y el hecho de que la acción legal costara el doble de lo que pedía el constructor en honorarios) nos empujó a llegar a un acuerdo. Pagamos al contratista los 32.000 dólares (casi 30.000 euros) que decía que le debíamos, lo que nos dejó con una factura legal desorbitada y sin cerrar el caso. Aunque finalmente pudimos mudarnos, seguimos atrapados en un ciclo de reparaciones interminables, ahorrando para rectificar el desastre que nos dejaron.

Hemos aprendido por las malas que nuestra protección como consumidores depende en gran medida de lo que hagamos antes de que comience la obra. Después de hablar con otros propietarios, descubrí lo fácil que es que se aprovechen de una.

Amanda Jane Jones empezó a reformar su casa de Utah en 2020 con un constructor recomendado por sus vecinos. Todo fue bien durante los primeros meses, pero luego el trabajo empezó a ralentizarse y los subcontratistas dejaron de aparecer. Jones había ido pagando poco a poco, una medida que le pareció segura. Pero entonces, la casa de alquiler de su joven familia se puso a la venta y tuvieron que mudarse. Desesperada porque necesitaba su vivienda terminada, Jones extendió un cheque a su constructor por valor de 190.000 dólares (175.000 euros). Entonces, este desapareció. Uno a uno, los subcontratistas, que habían terminado su trabajo meses antes y supuestamente habían cobrado, empezaron a aparecer en su puerta solicitando el pago.

David Jensen, abogado de Nueva Jersey del bufete Greenberg Traurig, explica que lo primero que se puede hacer para protegerse es conseguir referencias fiables de un constructor y comprobar que tiene licencia y está registrado como empresa. Pero para Jones, las referencias fiables no fueron suficiente.

"Nuestra protección como consumidores depende en gran medida de lo que hagamos antes de que comience la obra"

"Una vez que contratamos a un abogado y comprobaron sus antecedentes, resultó que nuestro constructor había quebrado varias veces más. Cada vez, constituía una nueva empresa cambiando un poco el nombre. Había ido a juicio varias veces, pero nunca le retiraron la licencia", señala Jones.

Desde su experiencia, Jones recomienda a los propietarios que contraten a un abogado para realizar una comprobación completa de los antecedentes de un constructor, cobertura de seguros, historial de reclamaciones y registros de litigios. 

"Nos robó más de 200.000 dólares. No nos habría pasado nada si no le hubiéramos extendido ese último cheque, pero caímos en su trampa", cuenta Jones. Su familia pudo mudarse, pero cuatro años después, la casa aún no está terminada. Como el constructor ya tenía embargados sus bienes por quiebras anteriores, su abogado les desaconsejó emprender acciones legales: no ganaban nada.

Jensen, cuya práctica se centra en la negociación de contratos de construcción, también advierte del peligro de pagar por adelantado, sobre todo si no se sabe cómo se utilizarán esos fondos. "Muchos constructores quieren dinero por adelantado en forma de depósito, y no aceptan el trabajo si no se paga. Lo mejor es hacer todo lo posible por negociar un depósito a la baja y aclarar a qué se va a destinar", señala.

Recomienda además solicitar al constructor y a los subcontratistas una contabilidad mensual con partidas detalladas y la renuncia al derecho de retención. "A menudo te dicen que necesitan el dinero para tu proyecto, pero están utilizando ese capital para terminar otro anterior al tuyo", explica Jensen. Contabilizar cada céntimo es un engorro, pero te ahorrará muchos disgustos en el futuro.

Eso es exactamente lo que hizo Lisa DiAntonio, una propietaria de Andover, Massachusetts. A pesar de haber llevado a cabo varios proyectos de mejora y renovación de la vivienda con su marido a lo largo de los años, le faltaba confianza para hacer ella misma la reforma de su casa recién comprada, de 600 metros cuadrados. Su constructor le presupuestó la reforma en 1,8 millones de dólares (1,66 millones de euros), más 35.000 para la demolición. Ella hizo un depósito del 10%, 180.000 dólares, y las obras empezaron en enero de 2022. DiAntonio se dio cuenta de que el equipo de demolición aparecía unos días y desaparecía durante semanas. Los avances parecían lentos y, aunque se suponía que recibiría una factura mensual con la contabilidad, no llegó nada durante los primeros meses, a pesar del seguimiento insistente.

En el salvaje oeste que es el mundo de las reformas domésticas, cada uno se las arregla como puede

"Llega abril y nos pasa una factura de 185.000 dólares (170.000 euros)", cuenta DiAntonio. Pero, según el presupuesto, solo correspondía 90.000; solo la demolición se había facturado tres veces más de lo presupuestado. "En nuestro contrato, cada vez que algo era diferente de lo presupuestado, se suponía que se nos avisaba", añade. 

En este caso, no hubo ninguna advertencia de que el presupuesto se iba a incrementar. Al ver las señales de alarma, le despidió inmediatamente. Como no había respetado el contrato, pudieron hacer borrón y cuenta nueva y encargar a otro que terminara el trabajo. Cuando DiAntonio fue a transferir el permiso de obra a su nombre, descubrió que el constructor ni siquiera había obtenido el permiso de demolición.

En última instancia, la mejor protección de un propietario es un buen contrato, algo en lo que nos quedamos cortos. Nuestro contrato, un mero documento de una página redactado por nuestro constructor, ofrecía garantías mínimas y nos dejaba escasos recursos legales. Si lo volviéramos a hacer, incluiríamos normas sobre cómo gestionar los cambios en el proyecto, penalizaciones por incumplimiento de plazos y el coste detallado del precio de cada cosa, incluida la mano de obra y los suministros. (Descubrimos que nuestro constructor había subcontratado gran parte del trabajo que le habíamos pagado para que hiciera él mismo, con lo que nos cobró doblemente los honorarios).

Jensen recomienda empezar con contratos estandarizados de organizaciones como el Instituto Americano de Arquitectos y adaptarlos a nuestras necesidades. Anima a incluir lo que se denomina una cláusula de "derecho de rescisión por conveniencia", que permite al propietario despedir al constructor en cualquier momento sin motivo. "Al fin y al cabo, uno está a merced del constructor, pero esta cláusula es una de las herramientas más útiles que he utilizado nunca", afirma Jensen. "Puede que no te devuelva el dinero ni resuelva todos tus problemas, pero te da el poder de salir de una mala situación", añade.

El mundo de las reformas es un campo de minas. La normativa cambia en Estados Unidos dependiendo del estado, los recursos legales son escasos y la competencia entre constructores es feroz. La mejor defensa es la vigilancia: investiga, examina y exige responsabilidades. En el Salvaje Oeste que es el mundo de las reformas domésticas, cada uno se las arregla como puede.

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