El bloqueo en la AEPD podría prolongarse hasta después de las generales tras el dictamen del Supremo: por qué es importante

Un dispositivo de reconocimiento facial en un congreso de telefonía móvil en China.
Un dispositivo de reconocimiento facial en un congreso de telefonía móvil en China.

REUTERS/Damir Sagolj

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) continuará bloqueada varios meses más. Este verano el período de interinidad de la actual directora del organismo, Mar España, cumplió 3 años. Y ese lapso de tiempo puede dilatarse hasta los 4 años o incluso más, a no ser que el Gobierno dé un acelerón, que a día de hoy parece muy remoto.

Tanto, que algunas fuentes cercanas al fallido proceso de selección de los nuevos responsables de la AEPD ya asumen que el mismo no se retomará hasta después de las elecciones generales del año que viene, previstas para finales del 2023.

En un nuevo auto fechado el 14 de septiembre, el Tribunal Supremo confirma los peores augurios tanto para el Ejecutivo como para los candidatos a presidir la AEPD —algunos de ellos, los propios recurrentes que propiciaron este proceso que ha acabado perpetuando el bloqueo—.

El Alto Tribunal entiende que el proceso para elegir tanto a la nueva presidencia como a su adjunto debe empezar desde cero, al denotar en autos anteriores que el proceso recurrido nació "con un vicio de origen". Esto hace que el Ministerio de Justicia ahora se vea obligado a emitir una nueva orden ministerial con la convocatoria de un nuevo proceso selectivo.

La interinidad continúa en un momento delicado: la propia agencia ha denunciado este mismo año que su personal "apenas ha sufrido variaciones" a pesar de que reciben casi un 500% más de reclamaciones que hace 14 años.

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Es importante conocer lo sucedido durante los últimos meses para comprender cómo se ha llegado hasta aquí. El mandato de Mar España como directora general de la agencia terminó a mediados de 2019. No fue hasta el año pasado cuando el organismo vio cómo sus nuevos estatutos eran aprobados y entraban en vigor.

En función de esos nuevos estatutos de la AEPD, la dirección general que ostentaba hasta entonces España se transformaría en una presidencia con un adjunto a la misma. Los estatutos también recogían cómo debía ser el nuevo proceso de selección para designar a los responsables de este organismo de control, crucial para el cumplimiento del Reglamento de Protección de Datos.

Ese proceso de selección arrancó en noviembre con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la orden del Ministerio de Justicia que activaba los diversos mecanismos. 

Días después, a través de otra orden ministerial, se constituiría el comité de selección del proceso, que en enero de este año acabaría haciendo entrevistas a 13 candidatos. Se da la circunstancia de que en ese comité de selección figuraba un magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo que ahora invalida todo el procedimiento.

En febrero estalla la polémica. El Consejo de Ministros, tras valorar el informe del comité de selección, eleva una terna de candidatos a la presidencia y otra terna con otros candidatos a su adjuntía. Propone tres nombres para el primer cargo y otros tres nombres para el segundo. En marzo, dos de los tres candidatos a la presidencia presentan recursos al Supremo.

¿De dónde viene esa polémica? De que semanas antes de que en noviembre de 2021 se publicara la orden del Ministerio de Justicia con el que arrancaba el proceso, el PSOE y el PP anunciaron un pacto para desbloquear cargos constitucionales de extracción parlamentaria y pusieron dos nombres sobre la mesa para la AEPD: Belén Cardona como presidenta y Borja Adsuara como adjunto.

Aquello se entendió como un dedazo político, lo que precisamente censuraban los nuevos estatutos de la AEPD. Sin embargo, finalmente se inició el procedimiento marcado por dichos estatutos.

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La sospecha ya estaba sembrada y 2 candidatos que aparecieron finalmente en la terna final a la presidencia de la AEPD (en la que figuraron ellos 2 junto a Belén Cardona) entendieron que el proceso selectivo estaba viciado. Con todo, en enero, uno de ellos, el candidato Leonardo Cervera, reconoció que el proceso se había convocado "abierto a todo el mundo", con arreglo a la ley.

Sin embargo, Cervera incidió en que "no se entendería" que finalmente los seleccionados en este proceso fuesen los que fueron originariamente nombrados por los principales partidos de Gobierno y oposición.

Cervera, malagueño, es el número dos del Supervisor Europeo de Protección de Datos (EDPS), organismo análogo a la AEPD para las instituciones comunitarias. Su presidente, Wojciech Wiewiórowski, llegó a pronunciarse sobre la polémica en el proceso de selección para la AEPD con unas declaraciones en El País que muchos expertos leyeron como injerencia externa.

De esta manera, tras la terna que envió el Consejo de Ministros al Congreso —los candidatos deben ser ratificados por una mayoría de tres quintos en Comisión parlamentaria—, se presentaron recursos al Supremo y uno de ellos prosperó. En marzo el Supremo paralizó el procedimiento, y en abril la Abogacía del Estado se allanó de la causa.

La Abogacía no compartía los razonamientos ni del recurso ni del auto de suspensión, pero se allanó presumiblemente para no dilatar más en el tiempo el procedimiento: de lo contrario, habría que haber esperado a una sentencia en firme del Tribunal Supremo que podría haber tardado en llegar un año.

Lo llamativo es que en el otro de los recursos que presentó otro de los candidatos, el Ministerio Fiscal se opuso frontalmente a los razonamientos que motivaban el escrito. Finalmente, el recurso que sí prosperó y del que la Abogacía del Estado se allanó desembocó en una sentencia del Supremo que se conoció el pasado mes de mayo. 

Entonces, la puerta a que continuara el proceso seguía abierta.

En junio, la Abogacía del Estado pidió al Supremo que esclareciese el alcance de la sentencia, lo que sorprendió también al recurrente. Ahora el Supremo confirma este mes de septiembre que lo que decae es todo el procedimiento, y no el acuerdo del Consejo de Ministros en el que se trasladaba una terna con tres nombres a la presidencia de la AEPD al Congreso, como planteaba el recurso.

El proceso se puede ir hasta después de las generales de 2023

¿Y ahora qué? Gonzalo Oliver, miembro de la Asociación Española de Delegados de Protección de Datos (aeDPD) lleva meses siguiendo con interés todo el proceso. Considera que el auto del Supremo "ha cogido con pie cambiado al sector, incluso al propio demandante, que lo que solicitaba era la suspensión del acuerdo del Consejo de Ministros y no todos los pasos datos con anterioridad".

"Lo lógico para acelerar la renovación de la AEPD es que se hubiera aprobado una nueva terna para cada puesto con los candidatos escogidos previamente por el comité de selección, porque no creo que los miembros del comité de selección, del que son parte jueces, hubiera incurrido en ilegalidades", manifiesta.

Ahora Oliver entiende que el Ministerio de Justicia será quien deba convocar la orden para que los candidatos que así lo deseen se postulen a presidir la AEPD. Atendiendo a los tiempos que siguieron a la orden que se publicó en noviembre del año pasado, el proceso no tendría por qué dilatarse más de 3 meses una vez termine ese plazo para recibir solicitudes y candidaturas.

"Llevamos desde julio de 2019 a la espera de renovar este órgano constitucional, y con este auto inesperado se retrasará su desbloqueo se retrasará al menos 6 o 7 meses", apunta. Junto a él, personas cercanas al proceso corroboran que los tiempos podrían dilatarse a un año muy complicado, el 2023, en el que en mayo ya hay elecciones municipales y autonómicas.

Esto implica que la AEPD podría continuar bloqueada incluso hasta después de las generales de 2023, "ya que el bloque en órganos como el propio Consejo General del Poder Judicial continúa y no tiene pinta de que la AEPD sea una prioridad", remacha Oliver. Mar España, directora general de la AEPD, tendrá que seguir al frente de la agencia varios meses más.

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