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Una medida crucial contra la pobreza, aunque con limitaciones más o menos decisivas para sus objetivos: qué opinan los expertos del ingreso mínimo vital que acaba de aprobar el Consejo de Ministros

Voluntarios reparten comida a familias sin recursos en la asociación de vecinos de Aluche (Madrid)
Reuters
  • El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes acaba de aprobar el ingreso mínimo vital, con una cuantía de entre 462 y 1.015 euros por unidad familiar de la que se beneficiarán unas 850.000 familias vulnerables a partir de junio.
  • Esta medida, que aparecía en el programa de Gobierno pactado por PSOE y Unidas Podemos, prevé reducir un 80% la pobreza extrema en España.
  • Los expertos coinciden en afirmar que es una decisión crucial contra la pobreza, especialmente la infantil, aunque detectan limitaciones para que llegue a cumplir sus metas de acceso al mercado laboral o erradicación de la pobreza, aunque con muchos matices.
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El ingreso mínimo vital ya es una realidad en EspañaEl Consejo de Ministros extraordinario de este viernes ha aprobado esta medida, con una cuantía que oscilará entre los 462 y los 1.015 euros de la que se beneficiarán unas 850.000 familias vulnerables a partir de junio, y que el Gobierno prevé que permita reducir un 80% la pobreza extrema en España.

La medida ha sido anunciada por los máximos responsables de su elaboración, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y sirve para concretar lo acordado en el programa de Gobierno pactado por PSOE y Unidas Podemos a finales de 2019.

Con la información que ha dado el Gobierno hasta el momento y a falta de que se publique el Real Decreto que contiene todo el desarrollo de esta nueva normativa, Business Insider España ha contactado con varios expertos para conocer sus primeras impresiones. Más allá de la lógica división de opiniones, coinciden en afirmar que es una actuación crucial contra la pobreza, especialmente la infantil, aunque detectan limitaciones para que llegue a cumplir sus metas.

Liliana Marcos, responsable de Políticas Públicas y Desigualdad de Oxfam Intermón, asegura a Business Insider España que "hoy es un gran día para el Estado de Bienestar español, ya que el Estado le empieza a devolver la deuda adquirida con las rentas bajas, con las familias más humildes, por años de un sistema de protección social regresivo, es decir, que daba más dinero a los más ricos y menos a los más pobres".

Además, señala que la Comisión Europea y la OCDE llevaban tiempo alertando de que España necesitaba reforzar su sistema de lucha contra la pobreza y destaca el hecho de que el ingreso mínimo vital "sea un derecho subjetivo y que no esté condicionado a participar en programas de inclusión laboral o social, pero obviamente nace con limitaciones" presupuestarias que pueden mermar el número de familias a las que llega en el futuro

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Liliana Marcos explica que, a falta de que se publique el Real Decreto, parece que el Gobierno ha hecho una interpretación de pobreza extrema que incluye a 2,3 millones de personas, un cálculo que considera más restrictivo que el de Eurostat, la oficina estadística comunitaria, que calcula que "están en situación de pobreza severa, midiendo el umbral al 40% de la mediana, 4,2 millones de personas". 

Por su parte, Luis Garvía, profesor de Finanzas de Comillas ICADE, afirma que el ingreso mínimo vital "esto es algo totalmente necesario, pero no suficiente, porque dando solo dinero no consigues que la gente se integre laboralmente", por lo que señala que hay que considerar el ingreso mínimo como "una base a la que hay que sumar más cosas, pero que por sí misma, lo que significa, que ya es mucho, es quitarle el nerviosismo a las familias que tienen hijos de llenar la nevera", destacando que, entre los 2,3 millones beneficiarios "más de la mitad son niños".

Garvía subraya el papel de José Luis Escrivá en esta medida, del que asegura que "lleva trabajando en esto muchos años, tiene en su cabeza la Seguridad Social y no se trata del PSOE, se trata de un técnico que conoce su trabajo perfectamente". Además, apunta que, a diferencia de los retrasos que se han registrado en algunos casos con los ERTES, 100.000 familias van a cobrar directamente el ingreso mínimo en junio y otras 100.000 familias cobrarán después de haber rellenado una solicitud simplificada.

 

"Luego están el resto de las 650.000 familias", señala el profesor, que tendrán que demostrar que sus ingresos y su patrimonio están por debajo del umbral. "Este punto que puede ser conflictivo y que todavía no está cerrado", destacando que el Estado concederá las ayudas y posteriormente deberá controlar su funcionamiento y que podría plantearse que los beneficiarios estén obligados a hacer la declaración de la Renta como medida de control.

El profesor de Finanzas de Comillas ICADE prevé, al igual que Liliana Marcos, que el ingreso mínimo vital acabe convirtiéndose "en consumo, a diferencia de lo que pasa con los avales del ICO y la banca". Coincide con esta opinión el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, Carlos Susías, que cree que "una parte de esta inversión social retornará al Estado", dado que irá directamente "al consumo inmediato en los servicios y establecimientos de proximidad".

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Susias añade que el ingreso mínimo vital "es un instrumento redistributivo, de justicia social y de alta inteligencia económica" que beneficiará a las "personas y familias que peor lo están pasando", aunque puntualiza que "aún queda mucho por hacer”, por lo que ha solicitado al Gobierno que su tramitación sea "fácil, rápida y ágil" para que quienes tengan derecho a ella accedan cuanto antes.

Mientras, Juan Carlos Higueras, analista económico y profesor de EAE Business School, también estima positivo "que haya una renta mínima para la gente que lo necesita de verdad" para evitar "que haya niños en situación de pobreza". Sin embargo, no prevé que el ingreso mínimo cumpla sus objetivos, dado que "seríamos el primer país del mundo en conseguir lo que no ha hecho nadie" y prevé, como Luis Garvía, que desincentive la búsqueda de empleo.

"Estamos hablando de gente que está en situación de alta, muy alta y extrema pobreza, que suele ser gente que normalmente no tiene, digamos, un nivel de formación elevado y por tanto están sometidos a alta precariedad laboral", afirma el analista económico, citando la elevada tasa de desempleo del 14%, sin tener en cuenta al coronavirus y las dificultades para acceder al mercado de trabajo entre trabajadores muy cualificados.

Higueras considera que "si esta medida se quiere aplicar, como ya lo han dicho, de forma permanente", no cumplirá sus objetivos porque se topará con la economía sumergida. "¿Cómo vas a controlar que alguien gana 300 euros? ¿Cuántos contratos de 300 euros hay?", se pregunta, recalcando que se puede generar desigualdad con las rentas bajas que perciben salarios en negro y reciban esta ayuda, dando lugar a "la picaresca".

El analista económico critica que "este tipo de políticas lo que hacen también es estigmatizar a las familias, esa es una de las cosas que se ha visto en otros países" y señala que "hay un efecto discriminatorio, si ganas un euro más que el umbral, te quedas fuera". Además, apunta que habrá "una pesada burocracia" hasta que la medida se ponga en marcha, que se generará un efecto llamada y que podría dar lugar a un "posible caladero de votos", comparándolo con las peonadas en Andalucía.

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Luis Garvía discrepa en este último punto y señala que "no es un subsidio o una peonada", asegura, "es una base que permite a la gente desarrollarse igualando diferentes legislaciones, la tendencia será que lo acaben gestionando las comunidades, pero todavía le queda mucho recorrido". Además, el profesor de Comillas ICADE destaca que en España ya había algunas comunidades que ofrecían ayudas y que el ingreso mínimo que ha aprobado el Gobierno sigue el modelo del País Vasco.

Por su parte, Liliana Marcos sostiene que las autonomías "a día de hoy dedican 1.500 millones a las rentas mínimas", de las que "1 de cada 3 euros corresponde al País Vasco", mientras que ramarca que en otros territorios, como Murcia, Madrid o Castilla-La Mancha, "la cobertura es mínima y las necesidades mayores" . Además, asegura que es fundamental que las comunidades se comprometan a no reducir sus presupuestos para poder aumentar la protección social de esta medida.

Mientras, Juan Carlos Higueras apunta que "en la mayoría de los países donde se ha probado el concepto de renta mínima o ingreso mínimo vital, lo que se ha observado es que no ha funcionado. Estamos hablando de países como Finlandia, por ejemplo, y otros países, como Canadá, porque desincentiva la búsqueda de empleo".

Para Luis Garvía, el objeto del ingreso mínimo vital "es cubrir la inserción laboral y la subsistencia y, por sí mismo, claro que es ineficiente, aunque al menos garantice un mínimo". El profesor de Finanzas de Comillas ICADE explica que otros países han optado por cubrir una de las 2 facetas: "En Italia, hay una ayuda de 780 euros que está vinculada a la inserción laboral, es decir, si tú demuestras que estás buscando trabajo, te los dan y si no, te los quitan".

Mientras, afirma que Portugal opta por un enfoque de subsistencia, que ofrece "380 euros a un adulto en una situación complicada y que tenga un hijo; en Francia lo hacen de otra manera, si estás trabajando y cobras menos de lo que tienes que cobrar, Hacienda te paga el diferencial en la declaración de la Renta y como poco te dan 550 euros". Por ello, Garvía sentencia que "esto no es Venezuela, quiero decir, no tiene que ver con Podemos, tiene que ver con José Luis Escrivá".

Por su parte, Liliana Marcos, coautora de un informe de Oxfam Intermon que reclamaba en febrero pasado "una renta garantizada" similar al ingreso mínimo vital que se ha aprobado este viernes, recuerda que hay diferencia entre una renta mínima vital y una renta básica universal. "Las rentas mínimas están condicionadas tanto en comportamientos laborales como a nivel de renta, una renta básica universal no está condicionada ni por la renta ni por prácticas laborales o de inclusión". 

Por poner en contexto los 3.000 millones de euros anuales que el Gobierno prevé que cueste la medida, Luis Garvía señala que es una cantidad poco elevada si se compara con el déficit, "que este año va a llegar a 130.000 millones de euros", o con el gasto social, que en los últimos presupuestos aprobados era de 500.000 millones de euros, de los que 150.000 millones corresponden a la Seguridad Social y 130.000 a salarios públicos.

"¿Que hay que hacer reformas estructurales en España? Sin duda, pero tenemos una situación asociada con la pobreza infantil brutal, y primero va la salud e inmediatamente después la economía", destaca el profesor de Finanzas de Comillas ICADE, que apunta un último dato importante para los solicitantes: "A diferencia de otras prestaciones, si solicitas el ingreso mínimo vital y hay silencio administrativo, se entiende que la solicitud está denegada".

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