La UE propone ampliar la tasa Tobin para coordinar su aplicación en España y otros 9 países comunitarios a partir de 2022

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  • La presidencia de turno de la UE propone ampliar la tasa Tobin que ya han aprobado 5 países comunitarios, entre ellos España, para aplicarla a 5 socios comunitarios más a partir de 2022.
  • La propuesta busca un pacto entre los 10 países para coordinar la aplicación de este impuesto a las transacciones financieras, basándose en la tasa aprobada en Francia, que excluye a las inversiones en pymes, y la de Italia, que grava operaciones con derivados.
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Pese a que 5 países de la Unión Europea, entre ellos España, ya han aprobado en los últimos años sus propias versiones de la llamada tasa Tobin, Bruselas no renuncia a su aspiración de aplicar un impuesto a las transacciones financieras a escala comunitaria, una medida que se lleva debatiendo desde hace una década en las instituciones europeas.

En concreto, la presidencia de turno de la UE, que recae en Portugal hasta el próximo mes de julio, ha presentado una propuesta para poner en marcha la tasa Tobin de forma coordinada en 10 países comunitarios a finales de 2022, segúnEl País, que asegura que se busca combinar 2 de los modelos de este impuesto a las transacciones financieras que ya se aplican actualmente en Europa.

Así, la iniciativa de la presidencia de la UE abarcaría tanto a los 5 países que ya han aprobado este impuesto, Francia, España, Grecia, Italia y Bélgica, como a otros 5 que están negociando aplicar esta medida bajo el paraguas comunitario, Alemania, Portugal, Austria, Eslovaquia y Eslovenia. En caso de que no sea posible aplicar la tasa Tobin en estos 10 países a finales de 2022, la UE optará por buscar un enfoque más amplio en 2024, según el diario del Grupo Prisa.

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El documento portugués apuesta por combinar las experiencias y características de la tasa Tobin que ya se han puesto en marcha en Francia, sobre el que se basa el impuesto que se aplica en España desde el pasado enero, con el modelo que se aprobó en Italia, que no solo grava las transacciones de acciones, como en el resto de países, sino que también incluye a las operaciones con derivados.

La presidencia de turno de la UE apuesta por incluir los derivados entre los activos financieros a los que se aplica la tasa Tobin para evitar que los inversores eludan el pago de este impuesto recurriendo a este tipo de productos en lugar de acciones. Además, también propone cobrar esta tasa a todos los inversores, aunque dejando fuera de su ámbito de aplicación a los valores de pymes o empresas con baja capitalización.

Actualmente, la tasa Tobin grava en España con un 0,2% la compra de acciones de empresas que coticen en el país y que tengan un valor en bolsa de al menos 1.000 millones de euros, el mismo modelo que en Francia, salvo porque en el país vecino se aplica un 0,3% de tasa. En Italia, en cambio, se cobra entre un 0,1% y un 0,2% las operaciones con acciones y derivados de empresas radicadas en el país y que tengan al menos 500 millones de capitalización.

En los otros 3 países europeos que aplican este impuesto, sus condiciones varían poco de estos 2 modelos. Así, en Grecia se grava con un 0,2% la compra de acciones de empresas que coticen en el país, en Irlanda el tipo aumenta a un 1% y en Bélgica oscila entre un 0,12% y un 1,32%, se aplica a acciones, ETF, fondos y sicavs y están sujetos al pago de esta tasa solo los residentes fiscales en el país.

Fuera de la UE, Reino Unido también cuenta con una tasa similar, el Stamp Duty Reserve Tax (SDRT), que se aplica a la compra de acciones desde hace más de 2 siglos y que cobra un tipo del 0,5%, mientras que en Taiwán se gravan desde 1993 las operaciones con acciones con un 0,3%, las de futuros con un 0,1% y las de bonos al 0,05%. En Suecia se aprobó una tasa similar en 1984, pero fue derogada en 1991 sin haber logrado sus objetivos de recaudación.

En España, la tasa Tobin ha comenzado a aplicarse 2 años después de haber sido aprobada por el Congreso, dado que la norma decayó cuando la cámara rechazó el proyecto de presupuestos para 2019  que presentó el Gobierno en minoría del PSOE. La actual versión del impuesto a las transacciones financieras recibió su validación definitiva en el Senado hace 4 meses, ya en la actual legislatura, y sin apenas cambios respecto a su versión de 2019.

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