La prohibición a Huawei podría frenar el desarrollo del 5G en zonas rurales

La expansión del 5G en zonas rurales en España ha encontrado un nuevo escollo que podría frenar su avance: el veto a Huawei de Estados Unidos. Esto además se agrava después de que la Comisión Europea haya avalado esta prohibición.

El problema está en cómo puede afectar este veto a Vodafone y Orange. Actualmente, estas 2 compañías tienen equipos de Huawei para facilitar cobertura de red en toda la Península, pero si se llega a declarar a Huawei "de alto riesgo", ambos operadores tendrían que pagar el 100% del coste de reemplazar estos equipos por otros de otros fabricantes.

El principal problema es que desde Bruselas se ha marcado un plazo concreto que tiene como objetivo que las redes 5G en zonas rurales estuviesen desplegadas a finales de enero de 2025. 

Ahora queda claro que el plan del Ministerio de Economía de España no va a conseguir estar en el plazo previsto. ¿El motivo? El temor de los operadores Vodafone y Orange, así como a compañías como American Tower, Cellnex, Vantage o Totem que también pueden verse afectadas de manera indirecta por el veto a Huawei.

Actualmente, está en marcha el plan UNICO Redes Activas que busca dar cobertura 5G a todas partes, con especial foco en las zonas rurales. El problema de todo esto es que esta situación con Huawei podría afectar a los plazos. 

Otro inconveniente es el tiempo que tienen las operadoras para hacer el cambio de frecuencias en la banda de 700 MHz, que son Telefónica, Orange y Vodafone. Los expertos son muy claros: es francamente complicado de ejecutar y cumplir a tiempo. 

Al final todo depende de cómo actúen Vodafone y Orange ante esta situación que les obligaría a pagar un coste que haría que saliesen perdiendo con la situación. 

El objetivo del ministerio de Economía es lograr expandir el 5G a los pueblos en zonas rurales con menos de 10.000 habitantes y hay un monto de entre 550 y 600 millones de euros para lograr el objetivo. 

Ahora, con este retraso, el ministerio liderado por Nadia Calviño ha tomado la decisión de destinar más fondos no adjudicados de otros programas para compañías de telefonía. 

Hay que tener en cuenta que si se retrasa el plan habrá que pedir una extensión del plazo de ejecución fijado por Bruselas, algo que podría llevar a cumplir una serie de penalizaciones.