Alemania se pone en contra de los planes de acabar con los coches de combustión de la UE y España le para los pies

Alemania siempre ha sido la responsable de la clase, el ejemplo al que seguir dentro de la Unión Europea. Sin embargo, las turbulencias que está viviendo su gobierno de coalición está haciendo que el país se convierta en un problema para el continente.

El último enfrentamiento se ha vivido con el intento de bloqueo por parte de Alemania de la iniciativa de la Unión Europea de eliminar progresivamente los vehículos de combustión. Sin embargo, este ha sido el último ejemplo. 

Según informa Bloomberg, en temas que van desde la ayuda financiera a Ucrania hasta la reforma de las ayudas estatales y las normas presupuestarias, los socios europeos de Alemania y los funcionarios de Bruselas se sienten cada vez más frustrados con la alianza de centro-izquierda del canciller Olaf Scholz, formada por los socialdemócratas, los verdes y los demócratas libres, favorables a las empresas.

Parte del problema, según los expertos de la UE, se debe a lo complicado que resulta ponerse de acuerdo en una coalición tripartita. Estas fuentes anónimas señalan que los miembros del gobierno de Scholz tardan en ponerse de acuerdo sobre los elementos más básicos de la legislación propuesta y cuando lo hacen puede ser demasiado vago o demasiado tarde.

La posición de Alemania está entorpeciendo el mensaje de unión que quiere dar la UE. Además, contrasta con los comentarios públicos de Scholz y sus ministros, que presentan a Alemania como un pilar de la unidad y la integración de la UE.

"Alemania está enviando mensajes contradictorios sobre sus propios intereses y sobre los intereses europeos generales", afirma Sudha David-Wilp, directora regional de la oficina berlinesa del German Marshall Fund, quien también destaca las grietas dentro de la coalición después de un año. 

"Alemania ha dicho que hace cosas buenas por Europa, que está integrada en la UE, pero a menudo las decisiones responden más a intereses alemanes que realmente no ayudan a los intereses europeos", añade David-Wilp. Por su parte, los miembros del gobierno alemán aseguran no tener problemas y que "la coalición funciona muy bien profesionalmente. También hay una interacción humana muy fina".

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A pesar de llevar en el gobierno más de un año, ha sido este mes cuando la Unión Europea ha vivido un auténtico cisma por culpa de Alemania y su posición frente a la idea de prohibir los coches de combustión. 

En concreto, el problema es que el Ministro de Transportes del FDP, Volker Wissing, bloqueó el acuerdo para descarbonizar el sector automovilístico, considerado un elemento clave en el esfuerzo de la UE por lograr la neutralidad climática en 2050.

Para dar luz verde al proyecto, Alemania puso una condición: que la Comisión Europea presentara una propuesta sobre cómo podrían matricularse, a partir de 2035, los nuevos coches con motor de combustión que funcionen exclusivamente con los llamados e-combustibles, fabricados con electricidad renovable y carbono capturado de la atmósfera.

Ante esta situación, España ha querido dar su opinión. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, afirma que modificar la propuesta en una fase tan avanzada del proceso podría sentar un precedente negativo y alterar la forma en que la UE elabore políticas clave en el futuro.

Además, señala que con esta decisión se corre el riesgo de enviar señales confusas a los inversores y a las industrias que planean el cambio a las energías limpias. "¿Y si otros gobiernos deciden hacer algo similar sobre cualquier tema? Las normas de procedimiento son para todos", explica Ribera.

Pero Teresa Ribera no ha sido la única en hablar. Pascal Canfin, liberal francés que preside la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, advierte a Scholz de que podría pasar a la historia "como el que habría acabado con el acuerdo ecológico".

Una postura que rechaza el presidente de Alemania. "El Gobierno está actualmente en estrecho contacto con la Comisión Europea sobre la cuestión de los e-combustibles", afirma.

La rebeldía de Alemania afecta a la reforma de las normas fiscales

Además de con el tema de los motores de combustión, Alemania también ha presentado problemas en temas como la reforma de las normas fiscales consagradas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, según funcionarios y diplomáticos de la UE. El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, presidente del FDP, desconfía de estos intentos de relajar las normas sobre deuda y déficit, y durante semanas no participó en los esfuerzos de reforma.

La rebeldía que está mostrando Alemania está complicando el intento de establecer un nuevo marco a principios del próximo año, antes de que se reactiven las restricciones presupuestarias tras su suspensión para hacer frente a las consecuencias de la pandemia de coronavirus.

En este tema, Joerg Kukies, principal asesor económico de Scholz, afirma que el Gobierno tiene una posición clara y que todas las aportaciones que han hecho a la Comisión "sobre las propuestas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento están totalmente consensuadas dentro del Gobierno alemán".

Ante la postura del ejecutivo alemán, el resto de miembros de la Unión Europea exigen a Alemania que sea más flexible. 

Por su parte, el gobierno de Scholz ha redoblado sus esfuerzos para flexibilizar las restricciones a las ayudas estatales en respuesta al paquete climático de Joe Biden. Pero los desacuerdos internos en el seno de la coalición impidieron que el Gobierno presentara su contribución cuando la Comisión pidió por primera vez a los Estados miembros que hicieran aportaciones.

Mientras que el FDP quería excepciones para incluir proyectos no ecológicos — como la ampliación de autopistas —, los Verdes solo apoyarían una flexibilización de las normas sobre ayudas estatales si se aplicaban a inversiones ecológicas sostenibles. 

Frente al crispamiento de la UE por culpa de la rigidez de Alemania, Kukies ha querido quitarle importancia  a las posibles diferencias en el seno de la coalición gobernante y a cómo podrían afectar a la elaboración de las políticas de la UE, argumentando que forman parte de la "política normal".