El Gobierno estudia que las empresas que reciban ayudas directas se comprometan a no realizar despidos y a destinar los fondos a reducir deuda y pagar gastos fijos

A falta de 3 días para que el Consejo de Ministros extraordinario del viernes apruebe el paquete de 11.000 millones de euros en ayudas directas no reembolsables para apoyar la solvencia de las empresas, todavía hay detalles de esta medida que se siguen desvelando o que siguen generando desencuentros en el seno de la coalición de Gobierno.

Precisamente, varios miembros del Ejecutivo desmintieron ayer que las discrepancias entre los ministros del PSOE y los de Unidas Podemos hubiesen provocado el retraso en la aprobación de estas ayudas, inicialmente prevista para el Consejo ordinario de este martes, pese a los cruces de declaraciones entre la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y el de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias.

Así, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que "la demora en la aprobación del decreto de ayudas se debe a una cuestión técnica" y recalcando que "en ningún momento esa demora se debe a tensiones en el Gobierno", según recoge Nius, que señala que Montero ha reiterado que el paquete de 11.000 millones de euros incluirá ayudas directas a empresas, aunque admitió que habrá "retoques finales" que todavía se están negociando.

Entre esos últimos detalles que estaría ultimando el Gobierno están varias condiciones al reparto de ayudas a la solvencia empresarial que deberían cumplir las compañías que reciban estas transferencias no reembolsables, que implicarían la puesta en marcha de mecanismos para controlar que los beneficiarios de las ayudas cumplen con las condiciones, sea bajo el paraguas de la Agencia Tributaria y la administración estatal o a través de las autonomías.

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Entre las condiciones que el Ejecutivo se plantea añadir a las ayudas directas está la obligación de que las empresas destinen los fondos recibidos al pago de deudas pendientes con proveedores y a cubrir gastos fijos, como costes de alquiler o suministros energéticos, segúnEl País, que asegura que la propuesta parte del Ministerio de Economía y que busca evitar dar ayudas a negocios inviables que cierren tras recibir estos fondos, siguiendo las indicaciones del Eurogrupo.

Para evitar subvencionar a empresas zombis, el Ejecutivo prevé un reparto selectivo de las ayudas, sometido a controles y condiciones y al que acojan empresas que hayan perdido un 30% de su facturación respecto a 2019. Queda por decidir si estas ayudas son solo para comercio, turismo y hostelería, como se planteó inicialmente, o a todas las que cumplan el requisito de pérdida del 30% de ingresos, como reclama el vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias.

Otra de las condiciones que podrían vincularse a las ayudas a empresas es la obligación de mantener el empleo, como sucede con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Esta propuesta, que parte de Unidas Podemos, implica prohibir los despidos en las empresas en los meses siguientes a la entrega de ayudas para equilibrar la protección del tejido empresarial con el mantenimiento del empleo, segúnLa Información.

En el caso de los ERTE, las empresas que se acojan a este régimen no pueden reducir plantilla durante los 6 meses siguientes a la reanudación de su actividad si quieren evitar tener que devolver las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social de las que disfrutaron. Mientras, Unidas Podemos plantea que las empresas que reciban ayudas directas mantengan entre un 70% y un 80% de su empleo en 2021 y 2022 para evitar tener que devolver esos fondos, según el diario digital.