Bruselas pide transparencia en el reparto de fondos europeos para evitar que la corrupción erosione la confianza de los contribuyentes

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova
La vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova

Reuters

  • La vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, asegura que el reparto de fondos europeos contra el coronavirus ser transparente para evitar el riesgo de corrupción.
  • Jourova que la UE tiene que convencer a los contribuyentes de que repartirá los fondos de forma adecuada para evitar dañar su confianza en las instituciones europeas.
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Una vez superado el veto de Hungría y Polonia, la Unión Europea ha conseguido desbloquear su plan de recuperación del coronavirus y los 27 países miembros esperan ya la llegada de las ayudas comunitarias a partir de mediados de 2021. Sin embargo, este plan no está exento de riesgos para la confianza de los ciudadanos europeos en sus instituciones, según ha asegurado la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova.

La número 2 del Ejecutivo comunitario ha señalado que "el río de dinero" que la UE ha creado con su fondo contra la pandemia, valorado en 1,8 billones de euros, implica la necesidad de que los estados miembros garanticen un uso adecuado de estas ayudas, destacando la necesidad de que evaluar si los 27 están cumpliendo con las normas de reparto de este fondo, según ha declarado en una entrevista a Financial Times

Vera Jourova ha afirmado que la UE "tiene mucho trabajo por delante" para convencer a los ciudadanos comunitarios de que "estamos haciendo lo correcto con su dinero", resaltando que la confianza de los contribuyentes se erosionaría si Bruselas se muestra incapaz de retirar los fondos a los países que los estén utilizando de forma inadecuada, en referencia a la corrupción y a las normas para el respeto al estado de Derecho que llevan aparejadas estas ayudas.

Para ello, la vicepresidenta de la CE ha reconocido que la capacidad de Bruselas para garantizar que los fondos contra el coronavirus se emplean correctamente les colocará "bajo la lupa" de los estados miembros, del Parlamento Europeo y de la ciudadanía, y ha precisado que las autoridades europeas usarán su poder de forma "transparente y precisa" y no de un modo "activista".

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“Cuando repartes más dinero", ha señalado Jourova al diario británico, "también debes aportar más garantías para que la gente pueda confiar en que protegerás (su dinero)”, señalando que "si no tienes esa confianza, la disposición de los contribuyentes a contribuir al presupuesto europeo se reducirá". Por este motivo, ha destacado que la CE planea revisar el cumplimiento de las reglas de reparto por parte de los 27 en cuanto la normativa entre en vigor en 2021.

Vera Jourova ha asegurado que la Comisión está lista para hacer uso de la normativa sobre el respecto al estado de Derecho, que provocó el rechazo inicial de Polonia y Hungría, destacando que esta legislación ayuda a "unificar" el bloque comunitario y para garantizar que la financiación europea contra el coronavirus no termine derivando en corrupción.

Además, la vicepresidenta de la CE ha augurado que el Tribunal de Justicia de la UE no tardará años en tomar decisiones sobre este tema, y ha señalado que la existencia de este mecanismo ya supone una salvaguarda contra cualquier conducta inapropiada en el uso de los fondos. "Si hay fallos en algunos estados miembros, la degradación del sistema será obvia", ha destacado Jourova.

Hungría y Polonia amenazaron con bloquear el reparto de ayudas europeas y el próximo presupuesto de la UE dado que el fondo comunitario de recuperación ha condicionado el reparto de ayudas a que los países miembros respeten el Estado de Derecho. Bruselas había advertido a ambos gobiernos de que no están respetando la separación de poderes, la libertad de prensa o los derechos de mujeres, minorías y del colectivo LGTB.

La presidencia alemana de turno de la UE consiguió negociar un compromiso con Varsovia y Budapest en el que se mantiene la condición del respeto al Estado de derecho, como reclamaban los llamados países frugales, Suecia, Países Bajos, Dinamarca y Austria, aunque ofreciendo la posibilidad de que los países miembros reclamen al Tribunal de Justicia de la UE si se les suspenden las ayudas por este motivo.

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