La deuda comercial de las administraciones con sus proveedores alcanzó los 83.300 millones de euros en 2020 y vuelve a aumentar por quinto año consecutivo

Pese a que desde el inicio de la pandemia de coronavirus el Estado ha realizado un desembolso récord de fondos para ayudar a la solvencia de las empresas, estas medidas no han servido para evitar que, un año más, las administraciones públicas sigan retrasando pagos a sus proveedores e incrementando su pasivo respecto a estas empresas.

De este modo, la deuda comercial de las administraciones públicas españolas con sus empresas proveedoras ha aumentado hasta 83.356 millones de euros en 2020, lo que implica un aumento del 2,38% respecto a 2019 y de un 39,4% respecto a 2016, cuando la morosidad pública con sus proveedores no superaba los 60.000 millones de euros, según datos del Banco de España recogidos por Cinco Días.

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Ante estos datos, la patronal de las pymes, Cepyme, ha criticado que la morosidad pública con las empresas proveedoras no ha dejado de aumentar en los últimos 5 años y ha reclamado que, ante las dificultades que el coronavirus ha generado para la supervivencia de estas compañías, se agilicen los pagos pendientes cuanto antes para paliar el impacto de los retrasos en el reparto de ayudas directas a las empresas aprobadas por el Gobierno.

Así, Cepyme ha exigido que el conjunto de las administraciones públicas paguen cuanto antes las cantidades pendientes, alegando que la deuda comercial no ha dejado de aumentar, que la actual situación económica está provocando el cierre de 300 empresas al día y que el sector público  “en estos momentos tiene mucho más fácil endeudarse que las empresas”, según destaca el diario económico del Grupo Prisa.

En concreto, la deuda comercial de las administraciones con sus proveedores ha crecido en torno a 2.000 millones de euros respecto al año pasado, hasta suponer un 7,4% del PIB, casi 1 punto porcentual más que en 2019 y superando la ratio de deuda comercial sobre PIB de Alemania, Reino Unido, Italia o Bélgica, aunque lejos de los máximos de cerca del 9% del PIB que se alcanzaron hace una década, durante la pasada recesión.

La mayor parte de esa deuda comercial corresponde a la administración central, que acumula un 57,3% del total, lo que se traduce en unos 43.500 millones de euros en pagos atrasados, mientras que otro 20,4% corresponde a los ayuntamientos, hasta un total de 19.000 millones de euros, un 12,64% a la Seguridad Social y el 12,32 restante a las comunidades autónomas, con 10.500 y 10.200 millones de euros en deuda comercial, respectivamente.

Hacienda ha señalado que el periodo medio de pago se ha reducido en todas las administraciones, salvo la Seguridad Social, donde se incrementó en 2 días hasta un retraso medio de 16 días. Sin embargo, en enero de 2021 la administración central pasó de una demora media de 24 días en diciembre a una de 39 días, según recoge Cinco Días, que destaca que el retraso de las comunidades fue de 28 días de media en 2020 y el de los ayuntamientos se disparó a 73 días el pasado enero.