España transpone la directiva de copyright sin debates gracias a un real decreto ley: cómo afectará a tu uso de YouTube, Twitch o de internet entero

El Gobierno ha transpuesto hasta ocho directivas europeas en la reunión del Consejo de Ministros de este martes, según ha anunciado la ministra portavoz Isabel Rodríguez en la rueda de prensa posterior al encuentro. Una de ellas ha sido la controvertida directiva copyright, que se transpone en período de gracia después de que el 7 de junio terminase el plazo ordinario.

En palabras de la propia Rodríguez, se han transpuesto "hasta 8 directivas" en un real decreto ley "con una mención especial a una de ellas". Se refería así a la directiva que buscará "adaptar los derechos de autor al entorno digital teniendo en cuenta los comportamientos de los usuarios, y corrigiendo algunos desequilibrios con la aparición de intermediarios en el entorno digital".

Intermediarios, según ha considerado la propia ministra portavoz, "que han generado perjuicios para los titulares de los derechos de autor". "Nos sumamos así al contexto del resto de países miembros para que los contenidos digitales ganen oportunidades para competir en un mercado único digital. Con este acuerdo también respondemos a una de las demandas del sector cultural".

A pesar de lo controvertida y discutida que ya fue en su momento esta directiva, conocida como la MUD (Directiva Europea de los Derechos de Autor en el Mercado Único Digital), el Ejecutivo ha recurrido a un real decreto ley para que solo sea necesario su convalidación en el Congreso de los Diputados. Al no tramitarse como un proyecto de ley convencional, se agiliza su puesta en marcha.

Activistas en defensa de los derechos digitales, como el colectivo X.net, han denunciado "el secretismo" y los intereses a los que podría responder esta ley en medios como El Salto. También ha hecho lo propio el director legal de la Plataforma por la Libertad de Información (PLI), Carlos Sánchez Almeida, en Público.

Los usuarios podrían verse pronto sorprendidos al subir un contenido a YouTube, Twitch, Instagram o cualquier otra plataforma y ver que el contenido se ha rechazado o se ha retirado porque un sistema de inteligencia artificial ha detectado posibles vulneraciones a los derechos de autor. Inteligencias artificiales encargadas de la censura previa, según denuncian los críticos de la norma.

Por qué es polémico el artículo 17

Para entender por qué la norma es controvertida, hay que remontarse a 2018. En aquel momento trascendieron los primeros detalles de lo que sería la MUD, ya en vigor en el Viejo Continente, aunque por entonces solo era un proyecto. Hubo incluso youtubers como Jaime Altozano que divulgaron los puntos más controvertidos de este proyecto como su artículo 13.

Lo que busca la directiva de copyright es hacer a las plataformas digitales (Google y YouTube, Amazon y Twitch, ByteDance y TikTok, entre otras) responsables de los contenidos que albergan en materia de derechos de autor. Por ello, muchas tecnológicas se verán obligadas a alcanzar acuerdos con las propietarias de esos derechos de autor.

Si alguien cuelga una película en YouTube, por ejemplo, la plataforma de vídeos de Google tendrá que haber alcanzado un acuerdo con la distribuidora del filme para garantizar que no se están lesionando esos derechos de autor. Sin embargo, en caso de que la plataforma no cuente con ese acuerdo, el articulado de la MUD le confiere nuevas obligaciones.

Según el artículo 17 de la directiva (el antiguo y polémico artículo 13) determina que si las plataformas no cuentan con las autorizaciones, "serán responsables de los actos no autorizadas de comunicación al público" de obras protegidas por derechos de autor a menos que demuestren que "han hecho los mayores esfuerzos por obtener una autorización".

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O al menos que demuestren que han hecho "los mayores esfuerzos por garantizar" que estas obras no están disponibles o "han actuado de modo expeditivo" si una distribuidora de una película o una serie, o una discográfica, han abierto una disputa contra la plataforma en cuestión.

Por concisión: a partir de ahora, si una distribuidora de cine o una discográfica reclaman a una plataforma como YouTube o Instagram, las tecnológicas tendrán que demostrar que han trabajado para evitar que se suban esos contenidos, e incluso para prevenirlos: "Por evitar que se carguen en el futuro".

Ese es el término más polémico de la norma. Ese cariz de prevención abre la puerta a una interpretación: la de que en España, desde que se publique el real decreto ley en el BOE, exista la censura algorítmica para los contenidos en internet, como denunciaba Sánchez Almeida, de la PLI, en Público.

El propio Ministerio de Cultura ha detallado en un comunicado que en España el real decreto ley determina que si las plataformas no cuentan con esa autorización y reciben una reclamación por derechos de autor, estarán sometidas "a un régimen de responsabilidad específico".

El regreso de Google News

Google News cerró en España hace 7 años, después de que la entonces conocida como tasa Google o canon AEDE entrase en vigor, obligando a la gran tecnológica a negociar la remuneración con los editores de medios de comunicación españoles a través de una entidad de gestión de derechos, la CEDRO.

Tal fue la polémica que a día de hoy pervive que la AEDE se reconvirtió en la AMI (Asociación de Medios de Información). La transposición de la directiva europea MUD abre la puerta a que las tecnológicas traten la gestión de estos derechos de forma individualizada, caso por caso, editor por editor, con lo que se abre la puerta a que regrese este servicio de Google.

Todo esto se podría revertir con la transposición del otro gran punto polémico de la directiva, el artículo 15.

"El real decreto ley reconoce un nuevo derecho conexo para editores y autores de prensa creado en la directiva europea", ratifica el propio Ministerio de Cultura en su comunicado a los medios. "Se trata de un derecho con entidad propia, del que son titulares las editoriales de publicaciones de prensa y agencias de noticias respecto a los usos en línea de sus publicaciones".

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Así, "se regula la actividad consistente en la reproducción de un fragmento de la publicación (snippet) por parte de agregadores de contenido o noticias para su posterior puesta a disposición en sus propias plataformas o páginas", enfatiza Cultura, que remarca que este real decreto ley no se pronuncia sobre "la forma de gestión de ese derecho".

Da así "la opción y libertad a cada editor y titular de derechos" de gestionarlo, "bien de manera individual, mediante negociación directa con los agregadores digitales de contenido, o bien a través de una entidad de gestión colectiva con carácter voluntario, no obligatorio".

Esas negociaciones, no obstante, se darán "de acuerdo con los principios de buena fe contractual, diligencia debida, transparencia y respeto a las reglas de libre competencia", excluyendo, asegura el Ministerio de Cultura, "el abuso de posición de dominio en la negociación".

Críticas por su discreta tramitación

La elección de real decreto ley no ha sido casual. La directiva entró en vigor el 7 de junio de 2019, con lo que se iniciaba en ese momento el período de 2 años por el cual los estados miembros de la Unión debían transponerla. A fecha de 7 de junio de 2021, tan solo Países Bajos y Hungría habían llevado a cabo ese proceso legislativo.

Sin embargo, el propio ministro de Cultura de entonces, José Manuel Rodríguez Uribes, adujo que se abría a partir de junio de este año un período de 6 meses de gracia que vencería el próximo mes de diciembre. También señaló que se mantendría un encuentro con el comisario europeo de Competencia, Thierry Breton, del que no se supo más.

El tiempo siguió corriendo y no se volvió a saber del tema hasta que a finales de octubre el actual ministro, Miquel Iceta, avanzó la llegada de esta transposición.

La agilidad con la que esta se ha presentado en el Consejo de Ministros (se espera que se publique mañana mismo en el Boletín Oficial del Estado) ha evitado, entre otras cuestiones, que la norma llegase apellidada. Al principio se conocía a esta polémica transposición como la ley Uribes.

La transposición de la directiva del copyright impulsará automatismos en las plataformas digitales para evitar que se suban contenidos que puedan vulnerar derechos de autor. Los más críticos con la norma hablan de una censura previa impuesta por máquinas. 

No obstante, hoy por hoy ya existen compañías que se dedican a presentar estas reclamaciones a las tecnológicas gracias al uso de sistemas de inteligencia artificial, como es el caso de las españolas Smart Protection o Red Points.