• La Fiscalía Anticorrupción pedirá imputar a BBVA como persona jurídica en el caso Villarejo por presuntos delitos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción, según han adelantado El País y El Mundo. 
• En este caso se investiga si el BBVA contrató a Villarejo para espiar a políticos y empresarios durante la maniobra empresarial realizada por Sacyr para tratar de lograr el control del banco cuando Francisco González era todavía presidente de la entidad.
• El juez Manuel García-Castellón imputó a ocho directivos del BBVA por delitos de cohecho y revelación de secretos el 2 de julio. 

La Fiscalía Anticorrupción ha peido imputar a BBVA como persona jurídica en el caso Villarejo por presuntos delitos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción. 

La Audiencia Nacional investiga al comisario de policía jubilado José Manuel Villarejo por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares. La Fiscalía ha pedido la imputación del banco como persona jurídica, según han adelantado El País y El Mundo. 

En un comunicado enviado por la entidad, el banco ha explicado que la Fiscalía ha comunicado esta mañana que ha presentado ante el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional la petición de declaración como investigada de BBVA como persona jurídica en el marco de la pieza nº 9 del caso ‘Tándem’, sujeta a secreto de sumario.

“Quiero reiterar nuestro firme compromiso con el esclarecimiento de los hechos y con  el cumplimiento de la ley, para lo que continuaremos colaborando activamente con la justicia”, ha dicho Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, en el mismo comunicado. 

En este caso se investiga si el BBVA contrató a Villarejo para espiar a políticos y empresarios durante la maniobra empresarial realizada por Sacyr para tratar de lograr el control del banco cuando Francisco González era todavía presidente de la entidad.  

En el marco de esta investigación han sido citados como imputados varios altos directivos de BBVA. El juez Manuel García-Castellón imputó a ocho directivos del BBVA por delitos de cohecho y revelación de secretos el 2 de julio. Entre ellos estaban exdirectivos como Ángel Cano, ex consejero delegado de la entidad, o el exjefe de Seguridad, Julio Corrochano.

La petición de la fiscalía sería un nuevo paso en una investigación judicial alrededor de este caso. Tras la reforma del Código Penal de 2010 es posible imputar a personas jurídicas.

La normativa señala que puede existir “responsabilidad de la persona jurídica derivada del comportamiento ilícito de la persona física dentro de la estructura empresarial”.

De esta manera, la regulación considera que una compañía puede cometer un delito cuando lo ha realizado alguno de sus directivo. No existen penas de prisión para las empresas, pero pueden ser penalizadas con multas dado que la firma podría haber obtenido un beneficio por estas acciones ilegales. 

En el mismo comunicado, BBVA asegura que "la condición de investigado solicitada por la Fiscalía, y cuya eventual materialización es competencia del Juez, no implica, en esta fase preliminar del procedimiento, la acusación formal por ningún delito".

Además, la entidad ha comunicado que han solicitado personarse como parte perjudicada por los hechos investigados. En esta fase incipiente de la instrucción la Fiscalía propone descartar, por el momento, tal solicitud.