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El Gobierno prepara una ley para poder modificar planes urbanísticos tumbados por sentencia judicial

De la Serna (centro), durante un acto
Europa Press

El Ministerio de Fomento ultima un anteproyecto de ley para permitir que las administraciones territoriales puedan modificar planes urbanísticos y territoriales que hayan sido cuestionados por tribunales de Justicia, y evitar así que, en determinados supuestos, una sentencia judicial tumbe estos planes.

Así lo ha comunicado el ministro Íñigo de la Serna durante su comparecencia ante la Comisión de Fomento del Congreso, a la que ha acudido este lunes para informar del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y del desarrollo del sector civil de los drones.

Según ha comentado De la Serna, la anulación de los planes generales territoriales y urbanísticos en España "se declara sin matices y sin posibilidad de subsanación de las deficiencias", que han causado esta anulación, en una "rotunda y desproporcionada conclusión", a juicio del ministro, como consecuencia de considerar estos planes como reglamentos.

Supuestos de nulidad y anulabilidad

"La anulidad absoluta e imposibilidad de subsanación no debería aplicarse sin más a las anulaciones formales, que son resoluciones administrativas, o a vicios formales", ha apostillado, explicando que la modificación que prepara el Gobierno permite "distinguir entre los supuestos de nulidad y de anulabilidad".

Estos supuestos de anulabilidad permitirán la convalidación del plan una vez se corrijan las deficiencias detectadas por la Justicia, para lo cual el Gobierno modificará la naturaleza de los instrumentos de ordenación y los efectos que tiene su anulación en la Ley del Suelo, así como la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa "para evitar consecuencias anulatorias desproporcionadas".

El ministro ha señalado que la iniciativa viene a dar respuesta a una reforma "que vienen demandando las comunidades autónomas" así como de "magistrados conscientes del problema que supone" esta realidad, ante la que algunas administraciones autonómicas "han aprobado medidas parciales y provisionales que tratan aportar cierta seguridad jurídica".

En este sentido, ha expresado ante los grupos políticos la voluntad del Gobierno ─el proyecto de ley es una iniciativa conjunta de Fomento y Justicia, ha dicho─ de "intentar consensuar un documento" que pueda ser tramitado en el Congreso y debatido en la Conferencia Sectorial de Vivienda.

Fomento trasladará propuestas a las CCAA antes de verano

En declaraciones a los medios a la salida de la Comisión, el titular de Fomento ha señalado que la anulación "a veces por defectos formales que no son sustanciales" provoca volver al plan anterior, anulando así todos los instrumentos incluidos en el mismo, licencias municipales incluidas, y retrocediendo en "siete o diez años, que es el plazo que tarda un plan en ponerse en marcha".

"A veces las causas se legalizan en un corto plazo sin que suponga mayor problema, pero eso no puede suceder en los planes", ha explicado De la Serna, que en todo caso ha explicado que los supuestos de anulabilidad no serán "los más importantes". "Pero para otras situaciones todo el mundo está clamando que se pueda solucionar esta situación sin anular todo un plan", ha insistido.

Los plazos que maneja el Gobierno, según ha comentado el ministro, es poder abordar con los grupos de la oposición las primeras conversaciones, y llevar propuestas concretas a una Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas antes de verano. De esta manera, De la Serna ha dicho que confían en poder iniciar la tramitación del anteproyecto "en el arranque del nuevo ejercicio", ya a la vuelta de las vacaciones.

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