600 nuevos inspectores para vigilar que las empresas cumplan la reforma laboral: "Se ha acabado para Glovo; las normas se hacen para que quien la hace, la pague"

Una empleada de la limpieza con mascarilla arregla la habitación de un hotel en Viena, Austria.

Reuters

El Gobierno se vuelca en su cruzada contra el fraude laboral. El Ministerio de Trabajo y Economía social disparará el presupuesto y los recursos de personal para perseguir a las empresas que incumplan la regulación laboral.

"Durante mucho tiempo, muchas de las normas laborales en España han sido pura bisutería, con elementos destinados a ser incumplidos de forma masiva", ha dicho el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en la Comisión de Trabajo, Inclusión y Economía Social del Congreso, para informar de los presupuestos de su cartera.

El ejemplo, ha añadido el secretario de Estado, "es lo que ha pasado con la contratación temporal, donde el incumplimiento era sistemático e impune. Esto se ha acabado para Glovo y para todas las empresas que abusan de la temporalidad. Las normas se hacen para que quien la hace, la pague".

Trabajo disparará en un 41,5% el gasto en inspección laboral, y aumentará la plantilla de inspectores con más de 600 personas. No es la única partida donde espera volcar recursos. También Hacienda destinará 1.290 millones a la lucha contra el fraude fiscal.

"En esta legislatura, el Ministerio ha incrementado el presupuesto un 41,5%. Esto nos va a permitir lanzar la mayor oferta pública de la historia de la inspección, con más de 600 actuantes", ha anunciado Pérez Rey. 

La administración ya ha incrementado su plantilla de inspectores en 200 personas, pero en unos años superará las 600 personas, lo que supone un aumento del 30%. El objetivo es, básicamente, asegurarse de que las empresas cumplen con la legislación laboral y, en especial, con los cambios introducidos por la reforma laboral

"Esto es imprescindible para que todas las políticas laborales que hemos llevado a cabo tengan el respaldo del cumplimiento de las garantías de los derechos a los trabajadores, y que las empresas están obligadas a cumplir", ha dicho Pérez Rey.

Una mujer exhausta delante del ordenador mientras trabaja.

La nueva regulación, que entró en vigor en enero de este año, pone coto a la contratación temporal y se carga los contratos por obra o servicio. En su lugar, las empresas tendrán que ver si cumplen los requisitos para firmar un contrato temporal. Si no, deberán firmar indefinidos o fijos-discontinuos.

En total, el Gobierno tiene previsto realizar 400.000 actuaciones de vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de las empresas en materia de Seguridad Social, con las que espera ingresar 1.100 millones de euros en 2023. En 2021 y 2022, no obstante, presupuestó más inspecciones de contratos: 470.000 contratos en 2021 (se quedó finalmente en casi 395.000) y 490.000 en 2022.

Para ayudarse en el control a las empresas, el Ejecutivo echará mano del big data, a través de una modernización de los recursos de la administración. Díaz se armará con una Herramienta de Lucha contra el Fraude, con nuevas tecnologías y de big data para investigar todos los contratos laborales.

Esto es lo que vigilará la inspección en sus actuaciones:

1. Los salarios

El pago de los salarios, con "especial atención" al salario mínimo interprofesional. Trabajo buscará "reforzar el control de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de impago de salarios, total o parcial, así como en los supuestos de retraso en el pago".

2. Horas extra

El Gobierno vigilará las horas extra y las jornadas. Los presupuestos hablan de "reforzar el control en materia de tiempo de trabajo, tanto de los casos de horas extra irregulares como del trabajo a tiempo parcial que enmascara jornadas de trabajo superiores e incluso a tiempo completo".

3. Igualdad

Las actuaciones de la inspección también se centrarán en garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación: se potenciarán las inspecciones y se creará una Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación con este objetivo.

4. Ley de 'riders'

Los inspectores han puesto a las empresas de reparto en el punto de mira, para asegurarse de que cumplen la ley rider. El mes pasado, la inspección de Trabajo ya multó con 78,9 millones de euros a Glovo por utilizar más de 10.000 "falsos autónomos".

El objetivo es "prestar atención a las transformaciones del mercado de trabajo, a las nuevas formas derivadas de la economía de las plataformas, digitalización y robotización", ya que implican "mutaciones en las empresas y en la prestación de servicios que amenazan los derechos de los trabajadores y trabajadoras por la utilización de fórmulas fraudulentas".

5. Riesgos laborales

Se finalizarán las acciones incluidas en el Plan de Choque contra los accidentes de trabajo mortales, ejecutado durante 2022, y se proseguirá con otras medidas, incluida la "mejora de la planificación de la actuación inspectora a través de la Herramienta de Lucha contra el Fraude, garantizando que la misma se lleve a cabo con perspectiva de género".

Ilustración sobre productividad y gestión del tiempo

6. Lucha contra el fraude

El Ejecutivo volcará recursos públicos en perseguir el fraude en materia laboral, persiguiendo a las empresas que cometan irregularidades como estas:

  1. Abuso de la contratación temporal mediante la celebración de contratos temporales concatenados o sin causa, con especial atención a la fuerza laboral joven.
  2. Uso fraudulento de los contratos a tiempo parcial y de los contratos fijos discontinuos: "Atendiendo a la relevancia adquirida tras la reforma laboral de los contratos fijos discontinuos, se introduce un nuevo indicador para estas actuaciones a partir de 2023", informa el ministerio.
  3. Lucha contra el fraude en Seguridad Social, "en particular" en la cotización indebida de salarios.
  4. Falsos autónomos, falsos becarios y falsos cooperativistas.
  5. Lucha contra el fraude en los desplazamientos trasnacionales.

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