El Gobierno aprueba la ley de 'riders' que reconoce a los repartidores como asalariados y obliga a las empresas a informar sobre sus algoritmos: "España se pone a la vanguardia internacional"

Riders de Glovo, Deliveroo y Uber Eats esperan pedidos en un banco en Barcelona

Reuters

  • El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley de 'riders' que acordó con patronal y sindicatos.
  • La nueva norma presume que los repartidores de las plataformas son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos; y obliga a todo tipo de empresas a informar a los trabajadores sobre los algoritmos que afecten a su trabajo.
  • "España se convierte en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia", ha anunciado la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley 'rider' que acordó con patronal y sindicatos hace dos meses a través de un Real Decreto Ley, con dos elementos fundamentales: se presume que las personas que realizan trabajos de reparto para plataformas digitales, conocidos popularmente como 'riders', son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos; y se obliga a las empresas de todo tipo a informar a los representantes de los trabajadores sobre los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que inciden en las condiciones de trabajo, el acceso y el mantenimiento del empleo.

"España se convierte en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia. No hay ningún país del mundo, después de California (Estados Unidos) —se refiere a la Ley 5 californiana aprobada en 2019 y sorteada por la Proposición 22, que eximió a empresas de transporte y reparto—  y la anulación de su norma, que se haya atrevido a legislar en esta materia, por lo tanto estamos a la vanguardia, y el mundo está mirando a España respecto a la regulación", ha explicado la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

Este decreto es el resultado del acuerdo alcanzado el pasado mes de marzo entre el Ministerio de Trabajo, sus representantes y los de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, el octavo compromiso del diálogo social conseguido por el actual Gobierno, a los que Díaz ha agradecido su esfuerzo. "No han tenido miedo, han sido valientes y esta norma ha dado su fruto. Y no es algo menor, es muy complejo", ha insistido Díaz.

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La ministra ha explicado que el decreto tiene dos elementos clave. En primer lugar, indica que "los trabajadores y trabajadoras que desempeñan su tarea en plataformas digitales de cualquier tipo son laborales, y conllevan todos los derechos del Estatuto de los Trabajadores: organización, sindicación, protección social, cotizaciones y salariales", ha señalado.

Por otra parte, el decreto modifica el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores para incluir en él "un derecho de información" a los empleados que afecta a los algoritmos o fórmulas matemáticas que inciden en su trabajo. Esta medida va más allá de las plataformas digitales o las empresas de reparto, sino que afectará a todas las compañías que empleen algoritmos o inteligencia artificial. "La afectación es absoluta en todas y cada una de las empresas de España", ha recalcado Díaz.

Las compañías tendrán que "dar transparencia para saber si sus algoritmos, fórmulas matemáticas, reglas o instrucciones tienen algún tipo de sesgo en la relación laboral. Este es el núcleo central de la protección y la afectación es global en todas las entidades. Por una razón, los trabajadores tenemos derecho a saber cuáles son las razones que motivan ciertas decisiones empresariales", ha explicado la ministra.

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A esta medida se suma la creación de un comité de expertos que asesorará al Gobierno sobre el buen uso de la inteligencia artificial y los algoritmos en las relaciones laborales. "Los cambios están siendo diarios y a una velocidad de vértigo, por lo tanto necesitamos del saber colectivo y de los expertos para que cuando lleguemos a una posición más avanzada tengamos solvencia y claridad sobre cómo abordamos el uso de la inteligencia artificial en las relaciones laborales", ha añadido la ministra.

Las empresas tendrán 3 meses para adaptarse a la nueva norma. "Con ella, los algoritmos se van a poner a beneficio de la mayoría social, a favor de la gente", ha sentenciado Díaz.

Una ley que ha generado críticas de las startups y la salida de Glovo de la patronal CEOE

El proyecto de ley conocido en marzo ya provocó las críticas de las compañías afectadas, particularmente Glovo, Deliveroo o Uber Eats, obligadas a contratar sus trabajadores, y también las de la Asociación Española de Startups, que considera que la transparencia obligatoria sobre los algoritmos pone "en grave riesgo la protección de la propiedad industrial" de las empresas tecnológicas y entra en contradicción con otras legislaciones.

Preguntada por estas críticas, la ministra de Trabajo ha considerado que igual que los trabajadores "no deben temer a los cambios tecnológicos" las empresas "no deben temer a los derechos laborales". "La mayor parte de las empresas de nuestro país hacen uso de plataformas digitales y de reparto, y cumplen con los derechos. En el derecho mercantil puede que esto fuera una competencia desleal. Ni los trabajadores deben temer a la inteligencia artificial ni las empresas a los derechos laborales", ha añadido

Otra repercusión del proyecto de la norma aprobada este martes se conoció a finales de abril: la decisión de Glovo de abandonar la patronal CEOE  al considerar que sus posiciones no habían sido defendidas en la negociación de esta ley. En concreto, la empresa de reparto a domicilio argumentó "la reiterada omisión de representación de la patronal en la mesa de diálogo social sobre la futura regulación del trabajo en plataformas digitales y algoritmos" como motivo de su salida.

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Como consecuencia, Glovo, Uber Eats, Deliveroo y Stuart pusieron en marcha un grupo de trabajo dentro de la patronal Adigital denominado APS y centrado en "servicios bajo demanda". Curiosamente, en ese grupo no está Just Eat, también dedicada a repartir comida a domicilio, pero que ha optado por hacer contratos laborales o subcontratarlos a través de compañías de logística de última milla.

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