Comienza una nueva era en Europa para las grandes tecnológicas con la entrada en vigor del Reglamento de Mercados Digitales

Este 1 de noviembre entra en vigor el Reglamento de Mercados Digitales —DMA, por sus siglas en inglés—, una de las esperadas regulaciones que la Comisión Europea presentó a finales de 2020 para poner coto al omnímodo poder que las grandes tecnológicas estaban acumulando también en el Viejo Continente.

La DMA se publicó en el Boletín de la Unión Europea hace 20 días, con lo que es precisamente este martes 1 de noviembre cuando su aplicación pasó a ser una realidad. Sus efectos no se podrán apreciar en realidad hasta dentro de unos meses. La fecha marcada en el calendario es mayo de 2023. Pero, con algunos cabos por atar, las tecnológicas en Europa ya se someten a esta ley.

Esta DMA forma parte, junto al Reglamento de Servicios Digitales —DSA— y al Reglamento de la Inteligencia Artificial, del principal paquete legislativo que desde la Comisión y los colegisladores se ha concebido para regular a las tecnológicas. La DSA todavía tiene pendiente su publicación en el Boletín comunitario, después de que los colegisladores llegasen a un acuerdo.

Precisamente la DSA ha vuelto a copar titulares estos días después de que tras meses de culebrón se oficializara la compra de Twitter por parte del multimillonario Elon Musk. Musk tuiteó que el pájaro "ya era libre", en referencia a la mascota de la popular red social. El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, le respondió que el pájaro será libre "bajo las normas" europeas.

La travesía para el Reglamento de la Inteligencia Artificial todavía es algo más largo, aunque en noviembre arrancará, por parte de la Secretaría de Estado de Digitalización y la propia Comisión, un sandbox o cajón regulatorio, con el que distintos grupos de empresas y organismos, divididos por su sector, podrán comprobar los efectos que la futura norma podría tener en sus negocios.

Los cabos sueltos de la DMA que la UE quiere cerrar antes de que acabe el año

Volviendo a la DMA, sus efectos se empezarán a ver a pleno rendimiento a partir de mayo porque el propio texto legal contempla esos 6 meses de carencia. Ahora es el turno de la Comisión Europea de cerrar los flecos antes mencionados.

Por ejemplo, el Ejecutivo comunitario deberá elevar una serie de consultas antes de que termine este 2022 para concretar algunas cuestiones procesales y prácticas sobre cómo se ejecutará esta norma. Entre esas consultas destaca, por ejemplo, cómo se informará a las compañías que se verán afectadas por esta norma de que cumplen los requisitos para atenerse a ellas.

La vicepresidenta y comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, también avanzó a finales de septiembre que será necesario que la Comisión organice encuentros técnicos con los interesados por esta nueva regulación. De hecho, algunos de estos encuentros ya se han mantenido: con posibles empresas que se verían reguladas por la misma, con sus competidoras y con usuarios.

Sin embargo, no hay una fecha fijada para que esos talleres empiecen a celebrarse de forma oficial. Algunas firmas legales como JDSupra estiman que las mismas podrían empezar a celebrarse en diciembre, y también recuerda que ante legislaciones como esta lo habitual es que la propia Comisión publique guías y directrices. En este caso no se esperan tales documentos.

La DMA y la DSA son dos reglamentos que no se pueden entender el uno sin el otro. Mientras que el primero está más centrado en cuestiones relativas a la libre competencia en el mercado, el segundo se detiene más en aspectos que afectan más a los usuarios de las plataformas digitales, como la moderación de contenidos o la transparencia de sus algoritmos.

Aunque la DMA entre en aplicación en mayo de 2023 —ya está en vigor desde este noviembre—, a la DSA no le queda tanto para recibir la luz verde definitiva y convertirse en realidad con su publicación en el Boletín comunitario. Mientras que la DMA tenía ese período de 6 meses, la DSA lo tiene de 15 meses desde que se publique como documento oficial.

Pero lo cierto es que el texto de la DSA contempla que su aplicación tendrá efecto a los 15 meses de su publicación o a partir del 1 de enero de 2024: sencillamente, lo que suceda antes. Por los términos del calendario, parece claro que el Reglamento de Servicios Digitales comenzará a surtir efecto a principios de 2024, justo al término de la presidencia española del Consejo de la UE.

La DMA hará más ágiles e infalibles las sanciones que proponga la Comisión Europea

El Reglamento de Mercados Digitales, que ya es una realidad, contempla un régimen sancionador que confiere a la Comisión la facultad de sancionar con hasta el 10% del volumen de negocio mundial de la infractora, o hasta el 20% si es reincidente con una infracción similar en los 8 años anteriores.

De esta manera la Comisión Europea se dota de nuevas armas, después de que muchos procesos sancionadores elevados contra compañías como Google, Facebook o Amazon se hayan visto eternizados o directamente contestados por la Justicia comunitaria con los recursos de las grandes tecnológicas.

La propia Vestager respiró aliviada cuando el Tribunal de Justicia de la UE confirmó una de las tres sanciones que la Comisión ya ha propuesto, en este caso, contra el gigante del buscador, Google. Se trató de una sanción de 2.400 millones porque la Comisión entendió que Google lesionó la libre competencia con una herramienta de comparación de precios.

Esa sanción de 2.400 millones es una de las tres propuestas de multa que el Ejecutivo comunitario elevó hasta entonces contra la multinacional tecnológica. La cuantía de las tres sanciones conjuntas alcanza los 8.000 millones de euros. Pero es que la confirmación judicial no siempre llega: en enero de este año el Tribunal General de la Unión anuló una multa a Intel de 1.060 millones.