Nueva pelea entre Barcelona y los pisos turísticos: el Ayuntamiento les acusa de “graves incumplimientos”, mientras que Airbnb asegura que son “casos aislados”

El Ayuntamiento de Barcelona vuelve a la senda de las sanciones contra las plataformas de alojamientos turísticos y la patronal Apartur. El Consistorio amenaza a las empresas con multas "en el plazo de un mes y medio" y con lanzar una campaña en su contra "si no cumplen la legalidad" en materia de pisos turísticos. La principal empresa del sector, Airbnb, ha salido en defensa del colectivo y asegura que "los incidentes ocurren de manera aislada y actúan cuando se les notifica".

Se reabre así la guerra entre las plataformas y el consistorio. El últimatum de la administración ha llegado tras una reunión de los representantes del Ayuntamiento con las principales plataformas de pisos turísticos y la patronal Apartur. 

La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, ha acusado a estas plataformas al asegurar que "todas incumplen [la ley] en algún u otro aspecto", principalmente por encubrir el hospedaje de "grupos organizados" y "mafiosos" que alquilan apartamentos sin autorización. Si a situación se mantiene, ha dicho Sanz, la Administración procederá a sanciones exprés contra las plataformas que tengan direcciones falsas, poca transparencia o que no colaboren con el Ejecutivo municipal.

Por su parte, Airbnb se defiende al asegurar que no son capaces de monitorizar toda la oferta de pisos en la página (20.800 en Barcelona en 2018) y añade que —según a través su página de alojamiento responsable— los vecinos pueden notificar a la empresa de cualquier incidente. "Cuando Airbnb tiene constancia de anuncios en Barcelona que están infringiendo las regulaciones, se toman las medidas adecuadas", asegura la plataforma en un comunicado.

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Tras la reunión de Ayuntamiento y portales de pisos turísticos realizada este lunes, Airbnb ha querido posicionarse como "pionero en aportar soluciones para luchar contra los malos actores", asegurando que desde 2018 ha estado trabajando conjuntamente con la Administración dirigida por Ada Colau.

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Para apoyar esta tesis, la plataforma apostilla que en el mes de septiembre lanzaron un nuevo portal para que las autoridades judiciales y policiales puedan presentar peticiones legales y rastrear de manera segura las solicitudes y recibir actualizaciones de estado. El problema, a ojos del Ayuntamiento, es la falta de reacción cuando surge un problema y la falta de procedimientos para evitarlos (ya que la empresa sólo actúa ante denuncias de vecinos).

Airbnb señla que es consciente de la situación. Así, asegura que verificará los 7 millones de anuncios de este 2020, establecerá nuevas líneas "para vecinos y autoridades locales" y engrosarán su política de prohibición de fiestas y eventos. Esta es la mayor polémica de cara a sus demandantes: las fiestas no autorizadas y el ruido excesivo. Las infracciones se investigan, sí, pero las medidas se toman a posteriori y rara vez se suspenden los pisos cautelarmente.

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Las posibles sanciones del Ayuntamiento

La amenaza de Sanz y Xavier Marcé (PSC), edil de Turismo e Industrias Creativas, se concreta en 2 líneas distintas. Por un lado, en "retomar la vía sancionadora" con las intermediarias de apartamentos vacacionales; por otra, pactar con las empresas para que dejen de anunciar pisos turísticos sin licencia. Si no lo hacen en menos de 45 días las sanciones comenzarán.

Este ejercicio de 2020 llega tras un 2019 en el que se bajaron sustancialmente las actividades reguladoras del Ayuntamiento. Hasta la fecha —según ha señalado Sanz— los técnicos municipales han ordenado hasta 6.300 ceses de actividad de pisos turísticos por la vía legal de los que se han cumplido "cerca de un 50%, unos 3.150".

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En 2019 las órdenes fueron 4.900 y las ejecuciones cerca de 3.000. En 11 meses, pues, el Ayuntamiento ha conseguido cerrar solo 150 pisos turísticos ilegales netos. 

La Administración saca pecho sobre este hecho: "Hay 16.000 expedientes en marcha, lo que significa que hemos verificado 16.000 pisos in situ. Asimismo, hemos incoado 8.000 expedientes sancionadores y hemos precintado 400 viviendas, con el volumen de trabajo que ello supone", ha defendido la edil.