El Parlamento Europeo ha dado luz verde a un nuevo reglamento antimorosidad que busca regular las relaciones comerciales entre negocios y proteger a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) contra los impagos. Este reglamento establece un régimen de recargos obligatorio y plazos de pago claros que no excedan de los 30 días, además de multas y compensaciones si no es así.

Las limitaciones en los plazos de pago

El nuevo reglamento de la Unión Europea (UE) establece un plazo máximo de 30 días para el pago de facturas entre autónomos y empresas. Este plazo puede extenderse a 60 días si ambas partes están de acuerdo y esto se especifica en un contrato por escrito. Para ciertos sectores, como el comercio minorista con baja rotación de mercancías, el plazo puede ser de hasta 120 días. La intención es reducir los impagos y asegurarse de que los autónomos y las PYMES reciban su dinero a tiempo.

Qué recargos habría si no se pagara a tiempo

El reglamento también introduce un sistema de recargos obligatorio para los clientes que no pagan sus facturas a tiempo. Estos recargos son fijos y se aplican de manera automática. Los recargos compensan los costos administrativos y de cobro que el acreedor tiene que asumir para recuperar su dinero. Las tarifas varían según el monto de la factura, aunque aún no se han definido los porcentajes de recargo a aplicar:

• De 100 a 1.500 euros, el recargo es de 50 euros.
• De 1.500 a 15.000 euros, el recargo es de 100 euros.
• Para facturas superiores a 15.000 euros, el recargo es de 150 euros.

Los beneficios y novedades para los autónomos

El nuevo reglamento promueve la facturación electrónica como una herramienta para reducir los plazos de pago y sugiere que puede ser útil para demostrar la fecha de recepción de las facturas en caso de disputa. También proporciona cierta flexibilidad contractual, permitiendo a las partes acordar un plazo de pago de hasta 60 días cuando sea mutuamente beneficioso.

Aunque el reglamento no incluye un régimen sancionador específico, establece recargos obligatorios y elimina la posibilidad de que las partes renuncien a ellos. Este sistema es más justo y brinda a los autónomos una mayor seguridad financiera.

Organismos de vigilancia independientes

Para asegurar el cumplimiento del reglamento, los Estados miembros deben crear organismos independientes que actúen como intermediarios y gestionen el proceso de reclamación de deudas. Estos organismos supervisarán el cumplimiento del reglamento y aplicarán las sanciones necesarias. En algunos países, como España, las Cámaras de Comercio podrían asumir este papel, lo que podría mejorar la eficiencia y transparencia del proceso.

Un cambio positivo para los autónomos

La vicepresidenta de ATA, Celia Ferrero, ha destacado en declaraciones al portal Autónomos y Emprendedores el impacto positivo que tendrá este reglamento, ya que unifica las reglas y fomenta la competitividad. Aunque el reglamento podría beneficiarse de un régimen sancionador más específico, representa un avance significativo en la protección de los autónomos y las PYMES contra la morosidad, una de las mayores preocupaciones, si no la mayor, para este colectivo.