El Gobierno advierte de que la reforma fiscal se retrasará más allá de 2023 si la recuperación económica se frena

La reforma fiscal aprobada por el Ejecutivo dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a la Comisión Europea podría retrasarse aún más de lo previsto, aunque su fecha definitiva de aplicación dependerá más de la capacidad de la economía española para regresar a la situación previa a la pandemia que de la legislación que apruebe la coalición de Gobierno a lo largo de esta legislatura.

Así lo desveló este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que anunció que los cambios en los impuestos de Sociedades y Patrimonio y en las bonificaciones de IRPF, IVA y otras tasas que el Ejecutivo prevé aprobar a partir de 2023 podrían retrasarse más allá de esa fecha si para entonces el PIB no ha regresado a sus niveles previos al coronavirus, una situación que los pronósticos gubernamentales prevén que se produzca a finales de 2022, según recoge Cinco Días.

Con la reforma fiscal incluida en el Plan de Recuperación, el Ejecutivo busca que la recaudación de impuestos vuelva a recuperar sus niveles previos al coronavirus elevándola un 7,6% para alcanzar 275.243 millones de euros en 2021 tras sufrir a lo largo de 2020 un desplome tributario del 8,8% debido a la pandemia que ha situado la recaudación anual en 255.809 millones de euros. 

Entre las metas del Plan de Recuperación está elevar la recaudación en los principales impuestos, con un alza del 13,9% prevista para el impuesto de Sociedades, de un 7,8% en el IVA y del 5,9% en el IRPF, que se atribuye al aumento de demanda interna durante la recuperación. Si se alcanzan esos porcentajes de incremento, se elevaría la recaudación hasta 104.709 millones de euros en 2021, un alza a la que contribuirán las subidas de tipos aprobadas para las rentas altas a comienzos de este año.

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No obstante, la mayor parte de la reforma fiscal incluida en el plan no entrará en vigor hasta 2023, incluyendo la revisión de las exenciones y deducciones que merman la recaudación del impuesto de Sociedades, la armonización del impuesto de Patrimonio para evitar el dumping fiscal entre autonomías o la revisión de las bonificaciones del IRPF, el IVA, los impuestos especiales y el de Sociedades.

El motivo por el que estas medidas no se producirían hasta 2023, salvo que la recuperación se retrase y haya que postergarlas aún más, como advirtió la ministra de Hacienda, se debe a que el Ejecutivo recibirá en febrero de 2022 una propuesta de reforma fiscal integral encargada a un grupo de expertos tributarios que analizarán la simplificación del impuesto de Sociedades y su equiparación a las medidas que aprueben los 27 o la OCDE, el funcionamiento de la tasa Google y la fiscalidad ambiental.

De hecho, María Jesús Montero ha puntualizado este martes que no podrán en marcha ninguna medida que ponga en riesgo la recuperación hasta que el PIB no regrese sus cifras previas a la pandemia, recalcando que si la recuperación se retrasa, el Gobierno y Bruselas tendrán que acordar cómo aplazar el calendario del Plan, incluyendo la entrada en vigor de la reforma fiscal, para mantener los estímulos y evitar cargas añadidas antes de volver a cifras precrisis.

Pese a este anuncio de la ministra de Hacienda, varios impuestos si se modificarán antes de 2023, como los que gravarán el plástico y los residuos, que el Congreso aprobará previsiblemente este verano, mientras que la reforma de los impuestos de matriculación y circulación podría llegar en el primer trimestre de 2022 y la del de gases fluorados en el segundo y la de los hidrocarburos en el cuarto trimestre del próximo año, en la que se incluiría la equiparación fiscal del diésel a la gasolina.