Google alerta de que la regulación europea de la publicidad política en redes afectará a activistas y creadores de contenido: "Serán casi invisibles"
- El futuro reglamento sobre transparencia y segmentación de la publicidad política en plataformas puede tener "consecuencias indeseadas" para activistas, ONG o creadores de contenido.
- La propuesta del Consejo de la Unión Europea sobre la norma, que se tendrá que debatir con la Eurocámara y la Comisión, presenta una definición muy amplia de anuncio político, según Google.
YouTube está muy preocupada: teme que, de aprobarse un reglamento europeo con su actual redacción, Europa acabe limitando el alcance e impacto de activistas, organizaciones civiles, ONG e incluso el de los propios creadores de contenido en las redes sociales.
La Comisión Europea lanzó en 2021 su propuesta para un reglamento sobre la transparencia y segmentación de la publicidad política en plataformas digitales. La norma busca combatir la desinformación y evitar que se puedan volver a producir episodios similares al escándalo de Facebook y el Cambridge Analytica.
El problema es que, con su actual redacción, el texto tendría efectos indeseados.
La primera en dar la voz de alarma ha sido Google, propietaria de la plataforma de vídeos en línea. David Wheeldon, responsable de Políticas Públicas de YouTube para EMEA, explica en una entrevista con Business Insider España que el problema radica en la definición que esta futura norma hace de qué es un anuncio político en línea.
En el proceso legislativo europeo, antes de que un reglamento acabe siendo definitivamente aprobado, el Parlamento Europeo debe adoptar su postura, y el Consejo de la Unión Europea —el organismo que aglutina a los estados miembros— la suya. Después, junto con la Comisión, las 3 instituciones se reúnen en trílogo para buscar un consenso.
El punto de partida a la hora de definir qué es un anuncio político en redes sociales puede remontarse a aquellas publicaciones sobre los que anunciantes —partidos políticos— han invertido dinero para su promoción y distribución. Lo que sucede es que en el texto del reglamento la definición de publicidad política es, para Google, demasiado ambigua.
David Wheeldon expone que las modificaciones que el Consejo ha hecho al texto llevan el articulado más allá de los anuncios pagados y podría afectar a todo el contenido en línea.
Ya el texto de la Comisión, conocido desde 2021, un anuncio político en línea puede ser un mensaje que "pueda y esté destinado a influir en el resultado de unas elecciones o un referéndum". "Debe existir un vínculo claro y sustancial entre el mensaje y su potencial para influir en el resultado de un proceso electoral (...)".
"Para determinar la existencia de dicho vínculo, deben tenerse en cuenta todos los factores", indica ahora el texto enmendado por el Consejo: quién es el anunciante, cuál es el contenido, qué lenguaje emplea, su contexto o el lapso temporal en el que se ha difundido. De esta manera, contenido relacionado con causas sociales podría ser etiquetado como publicidad política.
"Cada año se celebran cientos de elecciones". Un vídeo sobre el cambio climático podría ser etiquetado como publicidad política porque en una región o en un país de la Unión Europea haya un proceso electoral en marcha, y en consecuencia, de entrar en vigor este texto sin modificaciones, dicho contenido sería etiquetado como publicidad política en toda la zona euro.
Mientras la versión del reglamento del Consejo lleva la definición de publicidad política a esa ambigüedad, la del Parlamento Europeo es "especialmente restrictiva" sobre el tipo de datos de los usuarios que pueden ser empleados para segmentar y recomendar esos contenidos.
Por eso David Wheeldon apunta a que una "combinación" de ambas posturas acabe desembocando en que muchos contenidos relacionados con causas como el cambio climático o el LGTBQ+ acaben siendo "casi invisibles" porque no pueden aprovecharse de los sistemas de recomendación de plataformas como YouTube.
Cómo afectará el futuro reglamento a activistas o 'youtubers': algunos contenidos serán "casi invisibles"
En la propuesta inicial de la Comisión, el reglamento se ceñía a anuncios políticos a fin de que, bajo la publicación —de un tuit o de un vídeo en YouTube, por ejemplo— apareciese una etiqueta informativa que indicase quién había pagado la inserción, cuánto dinero había destinado a ello, y a qué proceso electoral está ligada.
Además, la propuesta de reglamento imponía restricciones sobre el uso de datos personales para segmentar las campañas políticas. "La segmentación [de campañas políticas] (...) que aproveche o infiera datos personales sensibles, como el origen étnico, las creencias religiosas o la orientación sexual, serán prohibidas".
"Esas técnicas solo serán autorizadas recabando un consentimiento explícito de las personas aludidas". Partidos, sindicatos u ONG también podrían aprovechar esa segmentación para servir estas campañas publicitarias a sus propios miembros. Pero "por primera vez" sería "obligatorio" que las plataformas enseñen en base a qué verías determinados anuncios políticos.
La postura del Consejo, sin embargo, "amplía el foco" al referirse también a mensajes que sin ser necesariamente pagados directamente por partidos, puedan defender causas tanto políticas como sociales. Puedes consultar la propuesta de la Comisión y la postura del Consejo, y detectar las diferencias en el párrafo 17 o en el artículo 1.
Lo explica el propio David Wheeldon, de YouTube: "De lo que nos dimos cuenta es que la forma con la que se define publicidad política en la regulación tiene un foco muy amplio e incluye contenidos por los que no se paga, pero son producidos o pueden ser producidos por un individuo o un grupo".
En ese sentido, Wheeldon entiende que en YouTube hay creadores de contenido "que pueden ser individuos u ONG" —pone el ejemplo de la activista ecologista Greta Thunberg— que están "produciendo contenido que puede ser responsable de influir en procesos electorales".
"La consecuencia de ello es que algunos de los artículos que se están proponiendo —en particular el Parlamento Europeo, que es particularmente restrictivo con los datos que se podrán utilizar para segmentar contenidos—, harán que ese tipo de vídeos en YouTube sean casi invisibles", sentencia.
"La razón es que [a esos contenidos] no podríamos aplicarle recomendaciones. Esto va mucho más allá de la forma en que la Comisión previó que se aplicaran estas restricciones. Se propuso que en la segmentación de campañas se restringiera el uso de datos personales sensibles. En eso estamos de acuerdo. No utilizamos esos datos personales sensibles según la definición del RGPD".
"Esto no va de nuestro modelo de negocio (...), va de nuestros creadores"
Reuters
Wheeldon cree que la situación es crítica en términos de libertad de expresión. "Este tipo de contenido puede acabar siendo severamente restringido por los términos de lo que se podrá segmentar", enfatiza. "Cuando se suben 500 horas de contenido cada minuto, si no lo puedes ver recomendado lo tendrás que buscar".
"Eso, para nosotros, es un problema. Es un problema para nuestros creadores de contenido. Esperamos poder señalarlo para que los legisladores sean conscientes de las consecuencias que habrá si se equivocan".
La postura del Consejo es la que genera la problemática relacionada con la definición que se hace de campaña política en plataformas digitales. Por su parte, la propuesta del Parlamento es restrictiva con el uso de datos para segmentar campañas. "Nuestro temor es que acabemos teniendo una mezcla del enfoque del Consejo y las restricciones de la Eurocámara".
David Wheeldon confirma que tanto YouTube como Google ya se han puesto en contacto con las instituciones europeas. "Creo que se están empezando a dar cuenta del potencial problema que hay aquí para la libertad de expresión". "De hecho, la Comisión está empezando a ser consciente de que puede haber consecuencias imprevistas".
Se espera que los trílogos entre Comisión, Parlamento y Consejo arranquen en cuestión de días. La tramitación de este reglamento está acelerándose en tanto que Bruselas confía en que esté plenamente en vigor de cara al año que viene, 2024, año de elecciones europeas.
El problema con la definición también abre la puerta a vulnerabilidades. Si una publicidad es política por abordar una causa social en un contexto determinado —período electoral en un estado miembro de la Unión Europea—, las plataformas digitales podrían recibir el encargo de eliminar determinados anuncios en determinados países.
Por eso YouTube y Google temen que al final muchos vídeos de creadores acaben etiquetándose como políticas —"se celebran cientos de elecciones cada año"— en determinadas regiones y países de la Unión. De hecho, abre la puerta a vulnerabilidades: "Lo que en realidad se haría es eliminar [el vídeo] para toda la Unión Europea".
"Un actor malicioso podría aprovechar para denunciar un contenido como político cuando se trata de una campaña sobre la causa LGBTQ+". "No voy a nombrar a ningún gobierno en particular, pero se puede apreciar qué interés podría haber en que ese tipo de contenidos no estuviesen disponible en elecciones. Esto tiene implicaciones realmente profundas".
"Esto no va sobre el modelo de negocio de YouTube. Diría que va sobre nuestros creadores y el impacto que el reglamento puede tener en él, al margen de lo que se pueda pensar sobre las plataformas digitales en general o YouTube en particular", continúa Wheeldon.
"Una cosa que creo que es incontestable es que una plataforma como la nuestra ha contribuido enormemente a la pluralidad de las voces, a la capacidad de que personas sin acceso a los medios o partidos generalistas consigan ofrecer sus puntos de vista. Y estamos particularmente orgullosos de ello".
YouTube, la primera en elevar el tono de sus críticas, pero no la única
YouTube es, por el momento, la única plataforma que ha elevado sus críticas sobre el futuro reglamento —Meta tiene problemas más urgentes que resolver sobre su situación en Europa, y Twitter también podría acabar teniendo otro tipo de enfrentamientos—.
Ya en marzo de 2022, un lobby tecnológico —la CCIA, dirigido precisamente por altos cargos de firmas como Amazon o la propia Twitter— pidió a las instituciones europeas mayor claridad en la definición de "publicidad política" o "actores políticos", cuando por el momento del reglamento solo había una propuesta de la Comisión y ni Parlamento ni Consejo habían fijado sus posiciones.
Sobre la propuesta del Consejo, que habla de normas sobre la publicidad política "independientemente de si consiste en un servicio", organizaciones civiles como Liberties ya advirtieron en octubre del año pasado en que esa idea era "problemática" a varios niveles.
"Califica el discurso político sobre elecciones por parte de individuos u organizaciones de la sociedad civil como si fuera un servicio, es decir, publicidad. Esto constituiría un precedente inaceptable", apuntó entonces. "De ello se desprende que formas de participación cívica que no implican el uso de servicios publicitarios se regulan como si implicaran la prestación de este tipo de servicios".
"Esto impondría severas obligaciones a los individuos y a la sociedad civil y mermaría su capacidad para expresar opiniones sobre asuntos políticos y obstaculizaría el discurso democrático y la participación pública".
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