Trabajo quiere impedir que la empresa imponga unilateralmente cambios en la jornada y el salario de los trabajadores a tiempo parcial

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.

Pool Moncloa/José María Cuadrado

  • El Ministerio de Trabajo considera "esencial" que las empresas no puedan modificar de forma unilateral las horas y el sueldo de los empleados con contrato a tiempo parcial.
  • Sumar y el PSOE han discrepado en las últimas horas por esta medida, a partir de la próxima transposición de una directiva europea.

El Ministerio de Trabajo quiere impedir que las empresas puedan modificar unilateralmente las condiciones de jornada y de salario de las personas trabajadoras con contrato a tiempo parcial.

Este martes 6 por la mañana se ha reunido el Consejo de Ministros y Ministras, que aprobará la subida del salario mínimo interprofesional a 1.134 euros al mes en 14 pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, y al que podría unirse la transposición de la 'Directiva de condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea'.

Esta última, que ya se intentó sacar adelante el año pasado y lleva pendiente desde agosto de 2022, busca garantizar a los empleados el conocimiento de "cuándo y cómo tienen que trabajar". 

En este punto, desde Sumar consideran "fundamental" que no haya unilateralidad para la reducción de jornada y, por tanto, del sueldo de los trabajadores a tiempo parcial. Sin embargo, en las últimas horas ha habido discrepancias entre el PSOE y Sumar, aliados en el Gobierno, y este lunes 5 el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, admitía que no había aún acuerdo, informa Expansión.

"Para nosotros [el Ministerio de Trabajo], es esencial que, en el marco de la transposición de la directiva comunitaria, se incorpore una regla que, igual que se impide transformar unilateralmente por la empresa un contrato de tiempo completo a tiempo parcial o viceversa, impida rebajar la jornada con descenso del salario o ampliarla", ha declarado Pérez Rey.

El cambio de la jornada, el horario y la remuneración son algunos de los aspectos considerados "modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo" por el Estatuto de los Trabajadores. "La dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa", establece en su artículo 41.

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Desde la formación fucsia —liderada por Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo— quieren que haga falta un acuerdo previo con los sindicatos y trabajadores, y que estas importantes modificaciones no se lleven a cabo "por una imposición unilateral de la empresa, por muy importante que sea". Consideran que es una medida "decisiva" que "tiene que incorporarse necesariamente al texto final" que se traslade a las Cortes Generales, afirma el secretario de Estado.

"No hay motivo alguno para que a los trabajadores a tiempo parcial, que en su mayoría son mujeres, se les pueda someter a algo tan violento desde el punto de vista de la gestión de los recursos humanos como reducir unilateralmente su jornada con la bajada de salario proporcional", insiste.

En el texto de la directiva también destacan puntos como el derecho a un periodo de prueba "con más garantías, sin que la negociación colectiva pueda ampliarlo más allá de los seis meses o los dos meses" que fija el Estatuto de los Trabajadores para técnicos titulados y para el resto, respectivamente, señala Pérez Rey, y que quedará suprimido en los contratos de muy corta duración.

También otorga el derecho de no exclusividad a las personas empleadas, quienes podrán desempeñar varios trabajos a la vez, salvo casos de incompatibilidad, recoge El Economista.

Finalmente, desde el ministerio han mostrado disposición de estudiar una posible ampliación adicional de la cuantía del subsidio por desempleo para las personas mayores de 52 años —la reforma de esta prestación fue tumbada en el pleno del Congreso del pasado 10 de enero, con el voto en contra de Podemos— y han escuchado la propuesta de CC. OO. y UGT de aumentar en un 14% el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que determina las cuantías del paro.

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