Triunfo agridulce para las VTC: el Tribunal de Justicia de la UE tumba el ratio 1/30, pero da luz verde a pedir una licencia adicional

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Un taxista en la huelga convocada en Madrid durante el coronavirus.
Un taxista en la huelga convocada en Madrid durante el coronavirus.

Reuters

  • El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado la razón a las empresas de VTC y entiende que el ratio de 1 VTC por cada 30 taxis es contrario al Derecho Europeo.
  • Sin embargo, el TJUE entiende que puede ser necesario para la buena gestión del transporte y del tráfico un permiso adicional, por lo que lo deja en manos de las Comunidades.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado sentencia esta mañana y da la razón a las VTC tras un largo tira y afloja con el sector del taxi. La limitación del número de licencias de servicios de vehículos de turismo con conductor en la conurbación de Barcelona, el conocido como ratio 1/30, es contraria al Derecho de la Unión, ha comunicado el Alto Tribunal.

Sin embargo, exigir la obtención de una licencia adicional a la prevista a nivel nacional puede resultar necesario para la buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, así como para la protección del medio ambiente, ha señalado en un comunicado el TJUE.

Con esta sentencia, el TJUE ratifica las conclusiones del abogado general del TJUE, Matiej Szpunar, que ya en diciembre del 2022 dio la razón a las empresas de VTC, aunque deja en el aire la regulación que ahora estará en manos de las administraciones autonómicas.

Los primeros en manifestarse ha sido la patronal. Jose Manuel Berzal, portavoz de UNAUTO-VTC, comenta que "tras esta sentencia, el regulador español deberá adaptar la normativa para que el número de licencias sea determinado en función de las necesidades de movilidad de los ciudadanos y el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y no en base a los intereses de la minoría más radical del taxi".

Por su parte, Ignacio Manzano, portavoz de Feneval VTC, afirma que "el sector de la VTC celebra esta sentencia, que no hace más que demostrar que la regulación de algunas regiones españolas es contraria al Derecho Español y Europeo, y nos coloca a la cola de muchos países de la región en materia de movilidad y sostenibilidad".

En el marco del South Summit, Business Insider España ha preguntado a Juan de Antonio, CEO de Cabify, que no ha querido pronunciarse sobre la sentencia. "No es el día para hablar de esto. Estamos aquí para intentar ayudar al resto de startups. La intención de Cabify siempre ha sido ofrecer una alternativa al coche privado. Estoy seguro de que los políticos harán lo necesario para que en las ciudades haya suficientes alternativas a la movilidad".

El sector del taxi también celebra esta sentencia. Aunque esperaban que el ratio 1/30 iba a caer, ya que "no estaba justificada por temas de razones imperiosas de interés general, sino por un tema económico para que el sector del taxi no se fuera a la ruina", según afirma Alberto Álvarez, más conocido como Tito, miembro del sindicato Élite Taxi y Project, sí ven como una oportunidad la aprobación de la segunda licencia. 

"Falta la última pieza para acabar el puzzle y es que desde el ministerio de Transportes habiliten y dejen claro que el sector del taxi es un servicio económico de interés general y que se puede restringir. Es decir, lo mismo que ha dicho el tribunal europeo lo tiene que poner en la ley de ordenación de los transportes terrestres", añade. 

Esta sentencia se refiere a 2 condiciones del reglamento local de servicios de VTC en todo el Área Metropolitana de Barcelona. 

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Por un lado, el requisito que tienen las empresas que ya disponen de una autorización para prestar servicios de VTC urbanos e interurbanos en España obtengan una licencia adicional para prestar servicios en el AMB. Por otro lado, limita el número de licencias de servicios de VTC a 1 por cada 30 licencias de servicios de taxi.

Hoy, el Tribunal de Justicia, ha dictaminado que estas 2 medidas no parecen conferir ayudas de Estado a las empresas que prestan servicios de taxi. 

"No parece que el reglamento local controvertido implique el compromiso de fondos estatales, lo que constituye uno de los requisitos acumulativos exigidos para que una medida pueda calificarse como ayuda de Estado", recoge el TJUE.

El tribunal sí que señala que la exigencia de una autorización específica adicional y la limitación del número de licencias constituyen, ambas, restricciones al ejercicio de la libertad de establecimiento, pues la primera limita efectivamente el acceso al mercado a todo recién llegado y la segunda limita el número de prestadores de servicios de VTC establecidos en el AMB. 

El origen del conflicto se remonta a 2009, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la popularmente conocida como ley Ómnibus, que buscaba la liberación del sector servicios y donde incluía al taxi, como contó anteriormente Business Insider España.

Después de diversos cambios a lo largo de los diversos gobiernos tanto populares como socialistas, en 2015 el gobierno de Mariano Rajoy volvió a imponer esta ratio 1/30, aunque el Tribunal Supremo confirmó que las licencias entregadas hasta 2014 eran legales.

Con este cambio, la ley Ómnibus quedó obsoleta por el aluvión de autorizaciones que se solicitaron, pasando de 2.000 en 2014 a más de 11.000 en 2018.

Sin embargo, en 2021, el Alto Tribunal admitió un nuevo recurso para analizar si, como respaldó en 2018, la ratio 1/30 era legal. Desde mediados de 2021, el Tribunal Supremo ha admitido más de una treintena de recursos que suman más de 25.000 licencias solicitadas, especialmente en Madrid.

¿Qué va a pasar a partir de ahora con las VTC?

España ahora mismo es un crisol de regulaciones en este ámbito y en cada territorio hay un modelo. Destacan en la Comunidad de Madrid el modelo de Isabel Díaz Ayuso, más cercano a las empresas de VTC y que hasta ahora entre sus limitaciones solo contemplaba el denominado ratio 1/30, por lo que a partir de ahora el panorama puede cambiar en la capital al haberse liberalizado el sector por completo. En Madrid no se requiere una licencia adicional para operar.

En el otro extremo está el feudo de la gig-economy. La Barcelona de Ada Colau, que ha creado un marco regulatorio muy favorable al taxi, y muy restrictivo con las empresas de VTC, que además del ratio 1/30 mencionado, añadió el requerimiento de una licencia adicional para operar y que los vehículos de empresas como Cabify, Uber o Bolt, tuvieran unas medidas longitudinales concretas además de tener que solicitar un viaje con 15 minutos de antelación. Algo que ha dificultado en gran medida su despliegue en la ciudad condal.

En el medio de la balanza se encuentra Andalucía, con unas normas a caballo entre Madrid y Barcelona, como contamos anteriormente en Business Insider España. 

Ahora, la pelota queda en el tejado del Tribunal Supremo de España que con la sentencia europea determinará cómo encaja el dictamen del TJUE en nuestro país. Tito Álvarez, una de las caras más visibles del sector del taxi, aseguró a Business Insider España que recurrirán al Alto Tribunal esta sentencia europea, por lo que la pugna entre VTC y taxis todavía no ha acabado.

David Vázquez ha colaborado en la elaboración de este reportaje.

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