La guerra del taxi y las VTC entra en una nueva era con el fin del 'decreto Ábalos': de los "ridículos" parachoques de Bolt en Barcelona a la "ley Uber" de Ayuso en Madrid

Después de 4 largos años, eldecreto Ábalos —una medida impulsada por el entonces ministro socialista de Fomento, Jose Luis Ábalos para regular el sector del taxi— termina, y da lugar una nueva etapa en la que finalmente los taxistas tendrán que convivir con Uber, Cabify, Bolt y compañía. 

Atrás quedan los duros enfrentamientos que se vivieron durante las movilizaciones del taxi en el verano de 2018. Unas manifestaciones que dieron la vuelta al mundo y que incluso salpicaron los llamados Papeles de Uber.

Gracias a la investigación llevada a cabo por The Guardian y el ICJC, recientemente se ha podido saber que el grupo de lobby radicado en Españade la compañía californiana Uber promovió en 2014 la rivalidad entre la Cataluña de CiU y ERC y el Gobierno del PP para ver quien regulaba antes el sector de los vehículos compartidos.

Seis años más tarde, Madrid y Barcelona representan dos posturas completamente opuestas para regular el sector. La primera ha optado por la liberalización, mientras que la segunda ha sido mucho más restrictiva.

Andalucía y la Comunidad Valenciana, donde también están presentes las empresas de VTC, se han quedado a medio camino, y hasta el último momento no han tomado una decisión sobre qué hacer.

El decreto Ábalos pasó la pelota en 2018 a las comunidades autónomas con una directriz: tenían que ser ellas las que regularan la actividad en su territorio y abrió un plazo de 4 años para hacerlo. En todo este tiempo el caos ha reinado en el sector y tanto taxistas como compañías de VTC han estado enfrascados en una larga batalla que, regulación mediante, no parece que vaya a terminar pronto.

En juego hay más de 17.500 licencias de VTC y un jugoso negocio como el transporte de pasajeros. A continuación puedes comprobar cómo han regulado las VTC Madrid, Cataluña y Andalucía, las comunidades que más licencias de este tipo de vehículos aglutinan —casi 14.500 entre las 3—.

La guerra, todavía, sigue abierta.

Madrid: la "ley Uber" de Ayuso

"No voy a acabar con Uber o Cabify como ha hecho Colau, en Madrid pueden convivir todos los modelos", así se pronunciaba en el pasado mes de junio Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, durante una intervención en la Asamblea de Madrid.

"Nosotros no queremos acabar con las VTC, ni con la libertad de los ciudadanos en su movilidad. Lo que queremos es que el sector del taxi esté liberalizado y que pueda trabajar todos los días como los demás", añadió.

Madrid fue la primera comunidad en dar un paso al frente para regular la convivencia entre los taxis y los VTC. Ese mes de junio, la Asamblea de Madrid aprobó la modificación de la Ley de Transportes de la Comunidad, en la cual detallaban que las compañías de transporte compartido, como Uber, Cabify o Bold, pudieran seguir operando a partir de octubre como lo habían hecho hasta ahora. 

Aunque las empresas de coches compartidos tienen prohibido circular por las vías públicas en busca de clientes, como sí puede hacerlo el taxi, podrán seguir operando con una previa contratación por parte del usuario. 

Además, al ser considerados transporte público discrecional de viajeros, sus precios no están sujetos a tarifas autorizadas. Por eso, sus precios varían en función de la oferta y la demanda.

La única restricción que ha puesto el Gobierno madrileño es que se podrán anular las licencias a estas compañías en el momento en el que se supere el ratio 1/3, es decir, por cada 30 licencias de taxi puede haber 1 de VTC. 

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En septiembre, Isabel Díaz Ayuso anunció una nueva regulación que permite a los taxis circular 24 horas y todos los días de la semana. Con este cambio de ley, la presidenta permite que un mismo coche pueda circular todo el día con varios conductores. Actualmente, los taxistas podían trabajar 16 horas desde las 6 de la mañana de un día hasta la misma hora del siguiente y libraban 2 días por semana.

También anunció nuevas medidas para los VTC, como que si el conductor cancela el viaje, deberán resarcir a sus clientes. También añadió que los conductores tendrán que hacer un examen donde demuestren que conocen la lengua española, cultura de la ciudad y de la región de Madrid y que tenga conocimientos en el manejo de los dispositivos de navegación. Además, no podrán tener antecedentes penales relacionados con delitos de carácter sexual.

Los taxistas madrileños, por su parte, consideran que estas medidas precarizan aún más al sector. "La Comunidad se salta la normativa estatal de nuevo y ofrece a las VTC una normativa hecha a su medida que da cabida al libertinaje en el transporte de viajeros, al tiempo que precariza y menosprecia al sector del taxi", explica el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz.

Unas palabras que apoya Alberto Álvarez, más conocido como Tito, miembro del sindicato Élite Taxi y Project Taxi, y una de las cabezas más visibles de las protestas de los taxistas en Barcelona: "En Madrid directamente no han sacado ninguna norma, han dicho 'podéis seguir haciendo lo que queráis'. En Madrid se les está comprando el discurso a estas multinacionales porque, al final, ellos también forman parte de este entramado que es desregular el taxi y regular un poquito las VTC", subraya a Business Insider España.

Barcelona: el territorio más restrictivo

Después de años de disputas en Barcelona, huelgas, y de graves enfrentamientos en las calles entre taxis y VTC, la ciudad condal el pasado mes de julio presentaba su texto definitivo para regular el sector del taxi. 

Cabify, Bolt y Uber, podrán seguir operando, pero con una serie de estrictos requisitos y con mucha polémica de por medio.

Algunas de las nuevas restricciones del Govern de Cataluña es que los propietarios de las licencias de VTC hayan sido adscritas mínimo un año antes, los conductores tendrán que tener el permiso de conducir con al menos 2 años de antigüedad y los vehículos deberán ser eléctricos o híbridos enchufables, además de tener una longitud mínima de 4,90 metros.

Esto último ha generado un gran revuelo dentro del sector, ya que algunas de estas empresas se han visto obligadas a llevar medidas "ridículas" —como las definió la propia compañía de movilidad estonia Bolt— para adaptarse al nuevo marco regulatorio que estará en vigor 2 años, y se podrá prorrogar otros 2 más.

En concreto, esta empresa ha instalado unos parachoques que en realidad no tienen una función específica, más que cumplir con la propia normativa, ya que casi la totalidad de su flota está por debajo de esos 4,9 metros.

Además, la norma vigente en Barcelona que obliga a los usuarios a contratar el servicio con una antelación de 15 minutos se mantiene. Desde organismos como la ACCO (L’Autoritat Catalana de la Competència) han criticado que la nueva ley es "contrario a la competencia".

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Cabify por su lado, a través de Vecttor, una de sus empresas filiales, debido a la escasez de coches en el mercado, según ha señalado en un comunicado, se va a acoger a una disposición transitoria para adaptar sus vehículos a la regulación y adquiriría nuevos vehículos en el caso de que haga falta.

La compañía española se ha mostrado muy crítica con la nueva normativa y ha reiterado su oposición en varias ocasiones, ya que considera que "perjudica directamente a los ciudadanos, visitantes y empresas de Barcelona" con unas "restricciones innecesarias".

En las últimas semanas, además, ha llevado una fuerte campaña de comunicación señalando directamente al Gobierno socialista, al que tachaba de incoherente con mensajes desplegados por diferentes ciudades como Gavá en donde se podía leer: "R. Sánchez, tu Cabify t'està esperant a Madrid" (R. Sánchez, tu Cabify te está esperando en Madrid, en alusión a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: Raquel Sánchez, que es de ese municipio catalán).

Tito Álvarez, de Élite Taxi, asegura a Business Insider España que la nueva norma catalana "pone las cosas en su sitio".

"Cuando tienes un servicio de interés general es totalmente legítimo lo que se ha hecho en Cataluña, que es regular las VTC para que no se metan en nuestro trabajo", enfatiza.

"Yo soy el primero en hacer autocrítica acerca de nuestro sector. Es verdad que debemos cambiar cosas, pero eso no da derecho a estas empresas a que arrasen. Una cosa es que nos quieran vender el progreso y las nuevas tecnologías, pero detrás de todo eso hay una maniobra de marketing", añade Álvarez.

"Cuando estas empresas tengan el monopolio, la gente se va a enterar de lo que vale un peine".

Uber, por su parte, sigue siendo una incógnita. En 2019 salió de la ciudad condal cuando entró la medida de los 15 minutos de antelación en la contratación de los servicios de VTC. En julio de 2022 volvía otra vez a la carga, pero con un flota de VTC reducida, apostando por las colaboraciones con los propios taxistas que operan con un taxi amarillo y negro pero dentro de la app de Uber.

Un portavoz de la compañía se ha limitado a responder a Business Insider España que "Uber seguirá operando cumpliendo la normativa vigente de cada región, como hemos hecho hasta ahora", sin dar más detalles.

Andalucía: a medio camino entre Madrid y Barcelona

La última comunidad en publicar un decreto ley que regule los VTC ha sido Andalucía. Esto se ha debido a las múltiples protesta que ha llevado a cabo el sector del taxi, que pedía que se escuchasen sus reclamas.

Tras reunirse con representantes y sindicatos del taxi andaluz y las plataformas de VTC, la portavoz de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, anunciaba el 27 de septiembre que habían llegado a un acuerdo para establecer una normativa que permitiese la convivencia de ambas. 

"Las medidas ayudan a mantener y a consolidar el servicio del taxi que cuenta con el respeto y el arraigo social. Por tanto, no daña al taxi, es todo lo contrario", explicaba Carazo. 

El primer decreto andaluz de regulación de los vehículos con conductor incluyen todas las medidas que solicitaba el sector del taxi, excepto 2: la precontratación con tiempo y la eliminación de las licencias estatales. Las más importantes, según los sindicatos. 

En referencia a la primera, los taxistas pedían que transcurriesen al menos 15 minutos desde que se pedía un VTC hasta que el conductor recogiese al usuario, como ya se hace en Barcelona.

Sobre la eliminación de licencias, el sector del taxi entiende que el ratio de un VTC por cada 30 taxis debe hablar de los vehículos en circulación. Pero la sentencia del Tribunal Supremo de 2018 determinó que respondía a la concesión de nuevas licencias. "Las autorizaciones que concede el Estado seguirán como hasta ahora y no habrá más, solo podrá haber más si se cumple la ratio", detalla la consejera de Fomento.

A partir de este 1 de octubre los VTC podrán circular por las ciudades andaluzas, aunque con restricciones. Una de ellas es que no podrán circular, a menos que lleven clientes, a menos de 300 metros de aeropuertos, puertos y estaciones de trenes y de autobuses, y a menos de 150 metros de hospitales, centros comerciales, paradas de taxi, hoteles de al menos cuatro estrellas, sedes de Justicia y lugares donde se celebren eventos deportivos o culturales.

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Igual que en Madrid, tampoco podrán circular por la vía y recoger a usuarios sin que antes lo haya solicitado a través de las distintas aplicaciones. También se elimina la geolocalización de los VTC. El usuario sabrá dónde se encuentra su vehículo cuando lo haya pedido y no antes.

Además, los conductores de los VTC tendrán que realizar unas pruebas de capacitación de los conductores, que son las mismas que la de los taxistas. Y deberán estar dados de alta en la Seguridad Social. 

Copiando la medida impuesta en Barcelona, aunque menos restrictiva, desde la Junta de Andalucía ha determinado una serie de características sobre los coches a las que tendrán que ceñirse Cabify, Uber o Bolt. En concreto, determinan que el color del coche debe ser negro, no puede llevar publicidad y deben tener menos de 10 años. 

La última medida que se establece en el nuevo decreto es que los conductores de VTC deberán descansar 52 días al año en un calendario que deberá establecer cada ayuntamiento andaluz.