El futuro de 16.000 licencias de VTC está ahora mismo en el aire por la falta de personal del Gobierno

Un coche de Cabify en Málaga.

REUTERS/Jon Nazca

Más de la mitad de los vehículos de transporte compartido, 16.000 licencias, han iniciado su cuenta atrás para desaparecer. El próximo 30 de septiembre es la fecha límite que marcó el anterior ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para que las comunidades regulen la actividad de empresas de VTC como Uber, Cabify o Bolt.

Según publica El País, el denominado decreto Ábalos, tramitado en 2018, establecía un periodo transitorio de 4 años para que las autonomías regularan la actividad de los VTC en trayectos urbanos antes del 1 de octubre de 2022. 

En el caso de no llegar a un acuerdo, el futuro de estas empresas es bastante negro, ya que solo podrán realizar trayectos interurbanos. Esto las condenaría a la desaparición. A pesar de faltar poco más de 2 semanas para que venza el plazo, solo Madrid y Barcelona han aprobado una normativa en esta materia.

Realmente, este decreto no fijó un plazo exacto. Esos 4 años son una especie de indemnización para compensar al dueño de la licencia por el dinero invertido. Además, en la normal se puntualiza que se puede ampliar este plazo 2 años más, siempre y cuando el propietario demuestre que no ha podido recuperar el gasto inicial. 

La llegada de la pandemia hizo que todos los propietarios de las licencias de VTC comenzasen a interponer recursos administrativos ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. De esta manera, el ministerio se ha visto desbordado, ya que tiene que tramitar 16.000 expedientes. 

Ante la falta de personal, y para intentar agilizar el proceso, desde el ministerio se subcontrató mediante concurso a la sociedad pública Ineco, que se tendría que encargar de tramitar estos expedientes. 

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró en 2021 la nulidad del procedimiento al entender que Ineco no tenía competencia para resolver recursos administrativos y que debían ser los propios funcionarios del Ministerio de Transportes los que solventasen el problema. 

Aunque la mayoría de estos recursos aún no se han resuelto, fuentes del Ministerio de Transportes consultadas por El País afirman que la mayoría se rechazarán por falta de justificación en su petición de prórroga. 

 

La actual ministra, Raquel Sánchez, ha descartado que el Gobierno vaya a aprobar, con carácter general, una prórroga de la moratoria para que las comunidades autónomas regulen las licencias.

Además del Ejecutivo nacional, los gobiernos regionales tampoco están moviendo ficha para regular sobre esta materia. Hasta la fecha, solo la Comunidad de Madrid y Cataluña han legislado sobre el futuro de estas empresas.

Por su parte, la CAM aprobó en mayo la legislación que garantiza a los VTC que puedan seguir operando con un nuevo título habilitante específico a partir de octubre, en competencia con el taxi. El único límite que han marcado es el de no dar más licencias una vez se supere el porcentaje de 1 VTC por cada 30 taxis.

En sentido contrario, en Cataluña, el 5 de julio se aprobó un decreto que, aunque permite seguir circulando a los VTC, la realidad es que están abocados a desaparecer. La norma establece que los vehículos no podrán medir menos de 4,90 metros, una condición que solo cumplen algunos turismos de gama más alta y las furgonetas de pasajeros. 

La etiqueta deberá ser ECO o Cero y tendrán que ser titulares de una autorización de VTC domiciliada en Cataluña, pero con un vehículo adscrito durante al menos el último año. Además, el seguro de responsabilidad civil deberá cubrir daños por valor de 50 millones de euros, algo que no se les exige a los taxis. 

Andalucía también está trabajando en su regulación, la cual ha prometido presentarla antes de que venza el plazo. La segunda región por número de licencias espera garantizar la convivencia entre los VTC y los taxis. Sin embargo, las filtraciones de esas reuniones advierten de que el gobierno andaluz va a replicar el modelo catalán

Por su parte, otras comunidades como Aragón, Baleares, País Vasco, Galicia, Valencia y Murcia establecieron en su día normas transitorias sobre algunos aspectos, aunque no han regulado nada en concreto sobre el decreto Ábalos. Por este motivo, plataformas como Unauto y Feneval han solicitado al Ministerio de Transportes una ampliación del plazo compensatorio a otros dos años extra.

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