12.060 euros por cada año trabajado tras la edad legal de jubilación: así es el plan del ministro Escrivá para prolongar la vida laboral más allá de los 66 años

Una trabajadora de Callahan elabora mascarillas en su fábrica de Arnedo
Reuters
  • El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, propone incentivar con hasta 12.060 euros cada año trabajado después de la edad legal de jubilación.
  • La medida busca acercar la edad real de jubilación, en torno a los 64,6 años, a la edad legal, que está entre 65 y 66 años en 2021, y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones con más años trabajados y menos disfrutando de la prestación.
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Gobierno y agentes sociales siguen negociando la reforma de las pensiones para facilitar su puesta en marcha dentro del plan definitivo de recuperación y resiliencia que el presidente, Pedro Sánchez, presentará esta semana ante el Congreso de los Diputados antes de enviarlo a Bruselas a fin de mes. Entretanto, el Ejecutivo sigue dando a conocer algunas de las propuestas para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones.

Así, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha desvelado este martes ante la comisión parlamentaria sobre el Pacto de Toledo que su departamento está estudiando primar económicamente a los trabajadores que accedan a seguir trabajando después de haber alcanzado la edad legal de jubilación, que en 2021 se sitúa entre 65 y 66 años en función de los años cotizados, pero que en 2027 aumentará hasta los 67 años.

Para convencer a los trabajadores de que se retiren más tarde de lo legalmente necesario, Escrivá ha planteado ofrecer un máximo de hasta 12.060 euros por cada año trabajado después de la edad legal de jubilación, como vía para fomentar la prolongación de la vida laboral y, por extensión, de los años cotizados a la Seguridad Social, y reducir los años disfrutando del cobro de esa prestación retrasando la jubilación.

Esos 12.000 euros, 1.000 menos que la cantidad adelantada por El Economista hace una semana, correspondería a un trabajador con derecho a una pensión máxima, de 37.500 euros anuales, y con al menos 44,5 años cotizados, mientras que para los beneficiarios de una pensión mínima, de 9.500 euros anuales, con menos de 44,5 años cotizados les correspondería un incentivo anual de 4.786,27 euros, según El País.

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No obstante, el Gobierno también se está planteando otras opciones para fomentar el retraso de la jubilación, como incrementar la pensión un 4% por cada año trabajado más allá de la edad legal de jubilación, que actualmente ofrece entre un 2% y un 4% a los trabajadores que hayan cotizado al menos 15 años a la Seguridad Social y tengan menos de 70 años de edad, aunque esta modalidad no tiene demasiado uso, según el diario del Grupo Prisa.

El Ejecutivo también se plantea otras opciones para reforzar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones, como desincentivar la jubilación anticipada penalizando la base reguladora de la prestación, lo que supone un mayor impacto cuanto más alta es la pensión, a diferencia del sistema actual, que resta un 16% de la pensión, aunque ese porcentaje se reduce si la base reguladora supera la pensión máxima.

Por otra parte, el ministerio estaría estudiando restringir la jubilación forzosa hasta los 68 años, por la que se permite despedir a un trabajador con la edad legal de jubilación si tiene derecho a cobrar el 100% de su pensión y forma parte de un convenio colectivo, o reformar la jubilación parcial, que permite el retiro hasta 4 años antes de la edad legal si el trabajador concentra sus jornadas pendientes en un año.

El diálogo social está discutiendo todas estas propuestas con vistas a incluirlas en la reforma de las pensiones que el Gobierno quiere aprobar a finales de año y en la que se incluye la cláusula de actualización de las pensiones de acuerdo a la inflación de los últimos años, la modificación del periodo de cálculo de la pensión y la derogación del factor de sostenibilidad, entre otras medidas que aún deben consensuarse.

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