Así será la próxima reforma de las pensiones, según las recomendaciones que ha aprobado el Pacto de Toledo

La próxima reforma de las pensiones ha dado esta semana un importante paso adelante, tanto por su contenido como porque ha costado 4 años concretarlo. Así, la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo ha aprobado la actualización de sus recomendaciones para reformar el sistema público de pensiones, que necesita ahora del respaldo del Congreso.

El texto, cuya elaboración comenzó a finales de 2016, ha sido consensuado entre el Gobierno, los sindicatos, las patronales, los partidos políticos y organismos como el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y solo ha contado con el voto en contra de Vox y las abstenciones de ERC y EH Bildu, lo que facilitará su aprobación parlamentaria.

La presidenta de la comisión, la exministra de Trabajo Magdalena Valerio, ha celebrado el acuerdo sobre las conclusiones sobre la reforma de las pensiones señalando que “hemos contribuido a dar certidumbre, confianza y esperanza en el presente y futuro del sistema público de pensiones para pensionistas presentes y futuros”.

No obstante, Valerio ha destacado que el acuerdo "es un punto de partida, no de llegada" y que es necesario continuar trabajando para que "recomendaciones se materialicen en normas", por lo que ha urgido al Congreso a aprobar la actualización cuanto antes, dejando la puerta abierta a modificaciones puntuales por parte de los grupos parlamentarios.

Antes de la edad legal, con muchos años cotizados y con bases más altas: así se están jubilando los españoles desde la reforma de las pensiones de 2011

Pese a la buena acogida de este acuerdo por parte de la mayoría de partidos, algunos expertos critican que no se haya puesto en marcha una reforma estructural del sistema, como Juan Carlos Higueras, profesor de EAE Business School y analista económico, que ha criticado que "seguirá generando déficit conforme aumente el número de pensionistas en los próximos años".

Higueras destaca que "se reconoce que en 2050 el gasto en pensiones representará el 14,5% del PIB, es decir, 4 puntos más de lo que hay ahora y eso confirma que el sistema entrará en déficit de nuevo aunque ahora se limpien las cuentas de la Seguridad Social", calificando de "trilerismo político" traspasar el déficit de la Seguridad Social a los presupuestos.

Mientras, desde UGT se señala que las conclusiones del Pacto de Toledo "suponen un reforzamiento a un sistema de pensiones sostenible y a la preservación de unas pensiones dignas presentes y futuras", afirmando que "abren el camino para derogar la reforma de 2013", recuperar el PIC como referencia y eliminando gastos que no corresponden a la Seguridad Social.

En cualquier caso, las 21 conclusiones del Pacto de Toledo avanzan ahora al Congreso para, una vez que sean aprobadas, convertirse en la hoja de ruta de la reforma del sistema que el Gobierno debe negociar con los agentes sociales. De este modo, a través de estas recomendaciones es posible adivinar qué cambiará en las pensiones tras la próxima reforma.

No habrá cambios radicales, salvo para asegurar la sostenibilidad del sistema

Las recomendaciones del Pacto de Toledo parten del reconocimiento de la Seguridad Social como parte fundamental del estado del bienestar, por lo que se rechaza explícitamente cualquier transformación radical que incumpla los principios de solidaridad intergeneracional, suficiencia y equidad.

Para ello, la primera recomendación señala que las prestaciones contributivas se financiarán con cotizaciones sociales y las no contributivas a través de los Presupuestos Generales del Estado, al igual que otros gastos como las reducciones en la cotización a empresas, las tarifas planas para autónomos o los complementos de maternidad en la pensión.

Esta separación de las fuentes de financiación busca cumplir la meta de eliminar el déficit del sistema en 2023, asegurando la sostenibilidad del sistema. Por ello, otra recomendación pide establecer un remanente mínimo en el fondo de reserva que se financie con excedentes de las cotizaciones para hacer frente a problemas estructurales del sistema de pensiones.

Cambios en las condiciones de revalorización, cotización y vida laboral

Las siguientes recomendaciones del Pacto de Toledo se centran en las modificaciones que más afectan a los contribuyentes, referidas a las condiciones en las que se calculan o perciben sus pensiones. Así, el texto reclama garantizar por ley el poder adquisitivo de los pensionistas mediante la revalorización anual de las pensiones a partir de la evolución del IPC real.

Respecto a la cotización, el acuerdo aboga por reducir a 2 los regímenes existentes, con uno de trabajadores por cuenta ajena y otro de trabajadores por cuenta propia, además de recomendar que las bases de cotización de los autónomos se aproximen a sus ingresos reales.

En cuanto a los periodos de cotización, la principal novedad es la petición de ampliar progresivamente el periodo de cálculo de la base reguladora para que se puedan elegir los años más favorables para la determinación de las pensiones para evitar perjudicar a quienes hayan visto reducida su base en los últimos años antes de jubilarse, con un periodo mínimo de 15 años y uno máximo de 25.

Adecuar la edad legal de jubilación a la edad real y reforzar la contributividad

Estas medidas se complementan con la recomendación de que la edad real de jubilación, que está por debajo de los 63 años, se adecúe a la edad legal, que en 2020 está fijada en 65 años y que alcanzará los 67 años en 2027. Para ello, se propone desincentivar las prejubilaciones y mejorar los incentivos sociales, fiscales y laborales, permitiendo compatibilizar la pensión con un salario.

De forma complementaria, también se recomienda limitar los incentivos al empleo a trabajadores discapacitados, en riesgo de exclusión, víctimas de violencia de género, parados de larga duración, jóvenes y mayores de 55 años, además de instar al Gobierno a cumplir la obligación legal de informar a los ciudadanos individualmente sobre sus derechos futuros de pensión.

Además, las recomendaciones señalan que es necesario reforzar la contributividad del sistema, reclamando que se equilibre la prestación reconocida con el esfuerzo de cotización que el trabajador ha realizado durante su vida laboral, para lo que reclaman medidas transitorias para evitar perjudicar a los trabajadores que se jubilan tras ver reducida su base.

Mejoras en la gestión y eficiencia del sistema

Otro grupo de recomendaciones del Pacto de Toledo se centran en optimizar orgánicamente el sistema, con medidas como el refuerzo en la plantilla de la Seguridad Social, incluso a través de la creación de una agencia dedicada a la gestión de las pensiones, la flexibilización de los recursos de las mutuas o el refuerzo en la lucha contra el fraude de la inspección de Trabajo.

Del mismo modo, recomienda aumentar el seguimiento de la suficiencia de las pensiones, de la lucha contra el fraude y del equilibrio financiero del sistema, incluyendo una revisión por parte del Congreso de los Diputados de la situación del sistema en 5 años. Además, el texto apuesta por fijar una referencia que establezca la suficiencia de las pensiones, además de garantizar la eficiencia del sistema. 

Respecto a los sistemas complementarios, el acuerdo defiende la negociación colectiva de los planes de pensiones de empleo en las empresas y reclama más transparencia en la gestión de los planes privados individuales, para evitar que sean considerados "meros productos financieros".

Igualdad entre hombres y mujeres y el combate contra la economía digital sumergida

Las recomendaciones del Pacto de Toledo incluyen además recomendaciones concretas para acabar con la brecha de género, reclamando reformas que corrijan "posibles tratamientos discriminatorios", como sucede en el caso de las mujeres, que cobran un 34,4% menos que los hombres en el caso de las pensiones contributivas.

Del mismo modo, el texto recomienda reforzar la protección y cotización de los trabajadores a tiempo parcial, los que tienen dependientes a su cargo y los becarios, para mejorar las condiciones laborales de los jóvenes. Del mismo modo, se pide regularizar la economía digital sumergida que generan las nuevas plataformas, como en el caso de los riders.

Además, las recomendaciones se centran en la incorporación inclusiva de los trabajadores con discapacidad, a los que propone permitir compatibilizar sueldo y pensión, y de los inmigrantes, facilitando los procesos de concesión de permiso de trabajo, contratación y afiliación en el sistema.

Por último, el acuerdo pide reformular integralmente pero de forma gradual la pensión de viudedad para incluir las "nuevas realidades sociales y familiares y las circunstancias socioeconómicas de los beneficiarios", además de elevar la cuantía de la pensión de orfandad y la que reciben los jubilados cuando es su única fuente de ingresos.