Déficit, transferencias, prejubilaciones o revalorización: las 5 claves de la reforma de las pensiones que negocia el Gobierno

La llegada del mes de septiembre es sinónimo del final de las vacaciones estivales, de la vuelta al colegio y, desde 2016, también supone el regreso a la actualidad del Pacto de Toledo. Pese a que el impacto del coronavirus ha centrado la atención en las ayudas estatales o los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), la negociación para una reforma de las pensiones que garantice el futuro del sistema gana protagonismo esta semana.

Así, desde el inicio de septiembre, la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo ha vuelto a abrir sus puertas en el Congreso de los Diputados para reiniciar sus reuniones a puerta cerrada e intentar avanzar hacia un acuerdo, tras 4 años de negociaciones infructuosas que impiden actualizar las anteriores reformas, de 2011 y 2013.

La ronda de comparecencias se completa este miércoles con la del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que cerrará la ronda de contactos con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, la sucesora de Escrivá al frente de la Airef, Cristina Herrero, y los representantes de los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme.

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La negociación se está centrando en el borrador de recomendaciones del Pacto de Toledo, en la que figuran las principales claves que es necesario acordar para poder ultimar una reforma de las pensiones que garantice el futuro del sistema y que resuelva varios temas pendientes, como el déficit de las pensiones, la fijación de la edad efectiva de jubilación o la revalorización de la cuantía de las prestaciones.

La reducción del déficit del sistema público de pensiones

La meta principal de esta reforma de las pensiones, al igual que de las anteriores, es la de encontrar un modelo que permita su viabilidad en el futuro a pesar de los cambios demográficos y laborales en el país durante los próximos años. Para ello, se ha propuesto el traspaso de varias partidas que actualmente cubre la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado.

Esta medida busca reducir el déficit que arrastra el sistema público de pensiones, valorado en unos 20.000 millones de euros pero que podría triplicarse, según la Airef, y compensar los gastos que se han costeado en los últimos años recurriendo al fondo de reserva de la Seguridad Social, conocido como hucha de las pensiones, como el abono de pagas extra a funcionarios y pensionistas, como ha sucedido con los 2 últimos Gobiernos.

En principio, el borrador preveía que el traspaso se realizase de forma gradual hasta completarse en 2025, para evitar sobrecargar el déficit del Estado, aunque el aumento de déficit y deuda que supone la pandemia del coronavirus podría forzar un cambio más rápido. No obstante, Hernández de Cos se ha opuesto a esta medida al considerar que traspasa la carga a las generaciones más jóvenes.

Además, también se ha propuesto aumentar la dotación mínima del Fondo de Reserva, que ha pasado de 66.000 millones de euros en 2011 a apenas 1.500 millones en 2020, segúnEl Comercio, del 5% al 7% del gasto anual en pensiones contributivas para favorecer su financiación, al tiempo que se está estudiando la creación de una normativa de disponibilidad que rija esta hucha.

Qué partidas traspasar a los Presupuestos

Además de la conveniencia del traspaso de partidas al Estado, también se está debatiendo cuáles serían los gastos que evitará la Seguridad Social para acabar con su déficit en los próximos años. Entre las propuestas, se está estudiando traspasar el pago de las prestaciones de orfandad, de viudedad o las del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, que solo reciben quienes están afiliados desde antes de 1967.

Por otra parte, los Presupuestos Generales del Estado podrían asumir la compensación de cotización a la Seguridad Social de colectivos que no hayan podido costearlo de forma coyuntural e involuntaria. Esta medida serviría, por ejemplo, para equilibrar las pérdidas de cotización de las personas que hayan dejado su empleo temporalmente para ayudar al cuidado de sus hijos o de personas dependientes.

Eliminar trabas a las prejubilaciones con 40 años cotizados

La negociación también está revisando la posible eliminación de los coeficientes reductores que se aplican a las jubilaciones anticipadas en los casos de contribuyentes que hayan cotizado 40 o más años, tal y como reclaman las asociaciones de pensionistas, para evitar las diferencias con las prestaciones de otros pensionistas que no se retiraron de forma anticipada, que suponen pérdidas de entre un 6,5% y un 8% al año, según65ymás.

Actualmente, cuando una persona que haya cotizado menos de 38 años y medio se prejubila, se le aplica un coeficiente reductor máximo del 2% por trimestre, que se reduce al 1,875% por trimestre para los que hayan cotizado hasta 41 años y medio, al 1,75% con menos de 44 años y 6 meses cotizados y estableciendo la base en un mínimo del 1,625%.

El Gobierno se ha mostrado a favor de desincentivar las prejubilaciones, que ya suponen un 16% del total tras haberse más que duplicado el número de solicitudes desde la anterior crisis, según El Comercio. El alto paro de larga duración entre los mayores de 50 años y sus dificultades para encontrar empleo estable explican esta tendencia.

Revalorizar las pensiones reforzando su sostenibilidad

Uno de los pocos consensos de las anteriores negociaciones para la reforma de las pensiones pasaba por la indexación de las prestaciones al IPC real para su revalorización, como se acordó en 2018. Sin embargo, teniendo en cuenta el crecimiento de los déficits del Estado y de la Seguridad Social en plena pandemia, esta medida podría ser objeto de recortes.

El ministro Escrivá ha asegurado durante los últimos meses que las pensiones están garantizadas y ha reclamado acordar un marco estable para la actualización de las pensiones que se pueda aplicar ya el próximo año. No obstante, el 36% de las pensiones se sitúan por debajo de los 700 euros al mes, aunque ese reparto no es homogéneo en toda la geografía española.

Hacer efectiva la edad de jubilación a los 67 años

La actual normativa de pensiones recoge que la edad de jubilación aumentará paulatinamente a razón de 1 mes cada año hasta 2018 y de 2 meses cada año hasta 2027, cuando se alcance el máximo previsto por la reforma de 2013, de 67 años de edad. A pesar de ese aumento paulatino de la edad oficial de jubilación, la edad efectiva o real a la que la mayoría de españoles se retiran sigue en torno a los 64 años.

En este punto, se ha propuesto endurecer las condiciones de la jubilación anticipada, aunque sin penalizar a quien haya cotizado 40 años, o aumentar los incentivos para el retraso voluntario de la edad de jubilación. Del mismo modo, también podría ampliarse el periodo de referencia para el cálculo de la prestación, que está establecido en 25 años en 2023.