Estos son los frentes abiertos del Gobierno para cerrar el Plan de Recuperación a falta de un mes para que venza el plazo para enviarlo a Bruselas

140.000 millones de euros. De esa cantidad, asignada por las instituciones europeas a España dentro del fondo comunitario NextGenerationEU, depende gran parte de las posibilidades de éxito de la recuperación económica que el país y el resto de sus socios europeos afrontan tras un año en el que la pandemia de coronavirus ha hecho estragos en la mayoría de economías mundiales.

Sin embargo, para recibir la parte que corresponde a cada país de ese fondo, dotado con 750.000 millones de euros, los gobiernos de los 27 deben presentar planes detallados de qué proyectos van a financiarse con las ayudas europeas, qué reformas van a acometer para la transformación digital, la sostenibilidad ambiental y la cohesión social y territorial, y qué sistemas de auditoría de gasto van a implantar para garantizar el cumplimiento de esos proyectos y reformas.

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De este modo, los países miembros de la UE deben enviar esos planes de recuperación definitivos a Bruselas antes del 30 de abril para poder recibir los fondos europeos, tras la ampliación del plazo, que vencía originalmente el 31 de marzo. A partir de mayo, la Comisión Europea (CE) dispone de 2 meses para evaluarlos y, posteriormente, pasarán a manos de los Gobiernos de los 27, que decidirán en una votación con mayoría cualificada su aprobación definitiva.

Desacuerdos internos desde el borrador del plan

No obstante, esa aprobación definitiva no lo es tanto, dado que Bruselas desbloqueará los fondos de recuperación a medida que los países miembros cumplan sus propios planes de reforma e inversión, como vía para condicionar el reparto de financiación a la realización de los proyectos a los que se han comprometido a destinar esos fondos, dado que en caso contrario se paralizará la entrega de dinero durante 6 meses en incluso podría rebajarse la cantidad asignada.

El Gobierno español, al igual que sus socios comunitarios, hizo llegar el pasado enero a la CE su borrador de su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que incluía el esbozo de las 30 iniciativas que lo forman, compuestas por 170 proyectos y reformas concretas a las que se destinarán los fondos europeos, de los que 72.000 millones de euros corresponden a ayudas a fondo perdido y el resto, a préstamos.

Sin embargo, la presentación de ese borrador a Bruselas ya dio a entender que la elaboración del Plan de Recuperación español estaba siendo compleja. Así, las negociaciones en el seno del Gobierno para consensuar 2 de las 30 iniciativas del plan, la derogación parcial de la reforma laboral y la reforma de las pensiones, llevaron más tiempo de lo previsto debido a los distintos enfoques dentro de la coalición respecto a esas reformas.

A pesar de que la UE dio su visto bueno preliminar a estas 30 medidas, las dificultades se están repitiendo en la elaboración del plan definitivo para el fondo europeo de recuperación, no solo por falta de acuerdo entre los socios del Ejecutivo, sino también con los agentes sociales. Así, las 2 reformas más conocidas del plan siguen pendientes de avances en el diálogo social, especialmente en lo que respecta a la de las pensiones, ante las exigencias de Bruselas para cerrarlas antes del cierre de plazo.

La reforma de las pensiones, el principal escollo para cerrar el plan

Mientras el Ministerio de Trabajo ha iniciado la negociación con sindicatos y patronales para la derogación parcial de la reforma laboral a mediados del mes pasado y mantiene reuniones semanales para intentar alcanzar un acuerdo, el diálogo sobre la reforma de las pensiones, que parecía encarrilado con el acuerdo del Pacto de Toledo del pasado octubre, está estancado ante la falta de acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que tuvo que retirar en enero su plan para elevar el periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 35 años ante el rechazo de su socio de Gobierno, la patronal y los sindicatos, se encuentra en un punto muerto en su negociación con los agentes sociales, que rechazan su propuesta de eliminar la jubilación forzosa al alcanzar la edad legal de retiro y para revalorizar las pensiones de acuerdo al IPC, segúnLa Información.

Más allá de alcanzar un consenso con patronales y sindicatos para encarrilar la reforma de las pensiones y la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral para poder entregar sus planes a la UE antes del fin del plazo, los problemas para el Ejecutivo podrían llegar después, cuando necesite el respaldo de varios partidos del arco parlamentario para aprobarlas definitivamente.

Otros proyectos y reformas del Plan de Recuperación del Gobierno serán menos polémicas, como la reducción de la elevada proporción de pymes en el tejido empresarial español para reactivar la productividad a través de planes de internacionalización e I+D, la reforma de la ley concursal, situar la inversión en I+D+i en el 2% del PIB frente al 1,2% actual, la aprobación de una nueva normativa sobre transición ecológica o el impulso de la Formación Profesional, entre otras.

Además, el Gobierno también debe perfilar los mecanismos de control del reparto de fondos europeos, tal como establece la normativa de NextGenerationEU. Este también podría ser un tema espinoso que el Ejecutivo debe zanjar en el mes que le queda para entregar en plazo su plan de recuperación a Bruselas, que habría reclamado más transparencia y mejor cooperación con autonomías y ayuntamientos, segúnEl Mundo.

Pese a estas dificultades, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado esta semana que España mantiene su calendario previsto respecto al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que el Ejecutivo lo remitirá a la CE "a lo largo de las próximas semanas", pero recalcando que lo enviarían antes del 30 de abril. Para conseguir esa meta, los avances en el diálogo social pueden ser cruciales en los próximos días.