Un año de la ley de startups: esto es lo que piden los fondos para mejorarla

Hace un año, tras no pocas idas y venidas, el Gobierno aprobó definitivamente la ley de startups. Anunciada hacía por lo menos un par de años, apareció finalmente en el BOE el 21 de diciembre de 2022. En teoría debía suponer, en palabras del Ejecutivo, un importante paso adelante en la promoción de empresas de nueva creación con un alto componente tecnológico.

Para empezar, la nueva ley definía claramente lo que es una startup: una empresa tecnológica con menos de cinco años de antigüedad, cifra que se extendía a siete en el caso de biotecnológicas,  energéticas e industriales. 

Estas empresas reciben ventajas fiscales como un impuesto de sociedades que pasó del 25% al 15% en el primer año en que den beneficios y en los cuatro siguientes. Además, permite el aplazamiento de deudas tributarias y otorga una exención fiscal a las stock options por valor de hasta 50.000 euros cuando el anterior límite eran 12.000 euros.

Esta última medida era una antigua reclamación del sector. A falta de poder ofrecer los altos sueldos que pueden permitirse los gigantes tecnológicos para atraer talento, muchas startups en EEUU suelen optar por ofrecer a sus trabajadores stock options, es decir, acciones de la propia empresa como parte de su remuneración.

Con ello no solo logran atraer a los más capaces, sino que los comprometen aún más con el proyecto: si a la empresa le va bien, a ellos también. 

En España, sin embargo, al tener que tributarlas a partir de los 12.000 euros, para muchos trabajadores no eran una alternativa interesante. Con la entrada en vigor de la ley, la teoría decía que debía serlo mucho más. La ley, además, contempla un régimen fiscal especial para los conocidos como nómadas digitales y un visado para quienes quieran venir a teletrabajar.

"Soy de los que piensa que podemos mejorar muchísimo la ley de startups, pero también que es un gran hito por parte del Gobierno actual el haber apoyado a las startups como lo han hecho", empieza explicando Iñaki Arrola, cofundador del fondo de inversión K Fund.

La música, por tanto, no sonaba mal al ecosistema. Sin embargo, cerca del aniversario de la entrada en vigor de la ley, algunos de los fondos más importantes coinciden en pedir más. "La ley de startups es sin duda una buena noticia para el ecosistema emprendedor e inversor y supone un gran punto de partida, pero todavía le falta ser pulida", analiza el propio Arrola.

Mejoras en los impuestos para startups y scaleups

"La mayoría de inversores y expertos con los que hemos hablado coinciden en varias reclamaciones. Una de las principales es la inaplicabilidad de la deducción del IRPF al inversor como persona física que canaliza su capital a través de un vehículo de coinversión", reclama Alberto Andújar, director de Bigban inversores.

José del Barrio, uno de los pioneros en el mundo del emprendimiento tras poner en marcha con éxito La nevera roja cuando en España la palabra startup ni siquiera estaba en el imaginario colectivo, hace  balance como cofundador de Samaipata, un fondo centrado en tecnología. "El emprendimiento y la inversión en startups en España se han desarrollado históricamente en un marco legal y fiscal muy poco competitivo a nivel internacional. La ley de startups va a reducir la desventaja de forma significativa en algunos aspectos", concede del Barrio. 

"La ley tiene algunas lagunas que la convierten en una oportunidad desaprovechada para construir ventajas competitivas y sustanciales para el ecosistema de emprendimiento español", reflexiona.

El proyecto de ley, explica del Barrio, resuelve en gran medida la histórica desventaja española en aspectos como el acceso a capital. Lo hace por ejemplo regulando lo que se conoce como carried interest, es decir, la retribución que corresponde a los inversores de un proyecto. Esta se suele corresponder lógicamente con la propia inversión inicial más una tasa pactada previamente. 

También, recuerda del Barrio, mejora los incentivos fiscales a la inversión de personas físicas, lo que en el ecosistema se conoce como business angels. Desde Samaipata, además, se acuerdan de las famosas stock options y de los visados por motivos de teletrabajo. "Creemos que la ley puede frenar en cierta medida la fuga de startups a otras jurisdicciones por esos motivos", tercian.

"Sin embargo, el proyecto no parece lo suficientemente ambicioso para atraer startups internacionales. Estados como los países bálticos o Portugal han tenido mucho éxito combinando un marco legal y fiscal sencillo, ágil y flexible con iniciativas de coinversión pública e involucración de reguladores sectoriales en el esfuerzo de facilitar la innovación dentro de sectores regulados", resume del Barrio sobre los aspectos a mejorar de la ley.

"España tiene muchos argumentos en términos de talento, infraestructuras y calidad de vida, pero quizás falte un esfuerzo legislativo adicional".

Ofrece una visión parecida Javier Megias, socio en Europa de Plug and Play, uno de los fondos de carácter tecnológico más importantes del mundo.

"Creo que la ley de startups en España ha sido un avance positivo, pero aún hacen falta algunas mejoras y ajustes para alinearse más eficazmente con la realidad del entorno emprendedor. En general, creo que es fundamental reducir todo lo posible la burocracia en su aplicación e incorporar más aportaciones del sector privado para orientarla", resume Megias.

De entre los aspectos a mejorar, el inversor subraya además la inclusión de inversiones a través de sociedades vehículo y el apoyo a fondos y gestoras de capital riesgo. También invita a reconsiderar el umbral del 5% de las participaciones para que las exenciones tengan efecto. En su lugar, desde Plug and Play proponen un 3% como un enfoque "más realista".

Por otra parte, subrayan también como "poco prácticos" aspectos de la ley como la reducción del Impuesto de Sociedades en los primeros años: no lo consideran demasiado útil al antender que durante los primeros años, directamente, no suele haber ingresos. 

Desde el fondo tampoco entienden el límite de exención de las stock options a 10 años, un aspecto que, a su juicio, en la práctica, las aleja de ser una exención tan interesante como podría.

"Tampoco entendemos cómo se calcula su valoración sin tener en cuenta la valoración fully diluted [tiene en cuenta cómo repercuten a los porcentajes de los socios aspectos como las acciones convertibles] y cláusulas como las liquidation preference [regulan a qué socios se pagará primero en caso de salida]".

Por otra parte, desde Plug and Play tampoco terminan de ver el límite a cinco años que la ley impone a las startups para la aplicación de estas exencionces. Es otra vieja reivindación del sector.

"No lo entendemos solo porque es un hecho que en España las startups tardan más en crecer, sino que además se trata de un límite que deja a las scaleups fuera. Me parece muy relevante incluir a las scaleups en todos los programas de apoyo, reconociendo su rol crucial en el crecimiento del empleo, captación de financiación e impacto económico".

Además, desde el fondo entienden que el hecho de que un emprendedor en serie no pueda acogerse para sus sucesivas compañías a estas exenciones cuando desincentiva el emprendimiento en serie: "Debería de suceder justo lo contrario".

Con estos reclamos sobre la mesa, ¿cuál es para los fondos el camino a seguir? 

Muchos subrayan, por ejemplo, el buen hacer durante los últimos años de instituciones como el Instituto de Crédito Oficial a través de su brazo inversor en capital riesgo, Axis, así como el papel que han tenido en la promoción del emprendimiento el Enisa y Centro de Desarrollo Tecnológico y de Innovación. 

Para inversores expertos como Megias, buena parte de las peticiones se resumen también en acortar la distancia entre la ciencia y los negocios, entre la universidad y el emprendimiento: "Creo que es enormemente clave la transferencia tecnológica. Hay que mejorar la conexión entre ciencia y emprendimiento para aprovechar hallazgos científicos en la creación de startups".