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Apple resucita su batalla por la privacidad contra la Administración Trump al negarse a desbloquear el iPhone del autor de un tiroteo masivo

Tim Cook y Donald Trump, durante un encuentro en la Casa Blanca
Tim Cook y Donald Trump, durante un encuentro en la Casa Blanca en marzo de 2019. REUTERS/Leah Millis
  • El fiscal general de los Estados Unidos, Bill Barr, ha reactivado la disputa entre Apple y la Administración Trump por su oposición a que las autoridades accedan a los datos encriptados de los iPhone.
  • Barr criticado a Apple por no ayudar al FBI a acceder al teléfono móvil de Mohammed Alshamrani, un teniente segundo de la Fuerza Aérea de Arabia Saudí que abrió fuego en una base naval en Pensacola (Florida) en diciembre.
  • Según Barr, el FBI necesita la información encriptada del iPhone de Alshamrani para poder investigar a fondo el tiroteo, que sido calificado este lunes como un acto de terrorismo. 
  • Apple ha respondido diciendo que ha ayudado tanto como ha podido, pero que nunca colocaría una "puerta trasera" en sus dispositivos para permitir a las autoridades acceder a la información cifrada de sus usuarios.
  • Su respuesta es realmente la reproducción de otro conflicto que tuvo lugar en 2015 entre Apple y la Administración Obama, que solicitó ayuda para acceder a los datos de un iPhone tras el tiroteo masivo en San Bernardino (California).
  • La tecnológica insiste en que no se puede violar la privacidad de las personas, incluso si éstos son terroristas.
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La lucha por la privacidad entre Apple y la Casa Blanca ha vuelto a prender esta semana con las críticas del fiscal general de los Estados Unidos, Bill Barr, a la empresa tecnológica por no ayudar al FBI a acceder a los datos de un iPhone del autor de un tiroteo masivo en Florida.

Barr ha declarado este lunes ante la prensa que Apple no ha prestado "ninguna ayuda sustancial" en la investigación del tiroteo que tuvo lugar en la base naval de Pensacola (Florida) el pasado 6 de diciembre de 2019.

En dicho tiroteo, el hombre armado Mohammed Alshamrani, un teniente segundo de la Fuerza Aérea de Arabia Saudí que se encontraba allí de visita, mató a 3 personas, dejó varios heridos y fue asesinado a tiros.

Barr ha declarado que el tiroteo fue un "acto de terrorismo" y que Alshamrani estaba motivado por la ideología yihadista.

El Procurador General Bill Barr en una conferencia de prensa el 13 de enero sobre un tiroteo en una base naval en Pensacola, Florida.
El Procurador General Bill Barr en una conferencia de prensa el 13 de enero sobre un tiroteo en una base naval en Pensacola, Florida. Apareció en el escenario con las imágenes del iPhone dañado del tirador. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP a través de Getty Images

Según Barr, el FBI le había pedido a Apple la semana pasada que le ayudara a desbloquear 2 iPhone usados por el atacante. Según The Wall Street Journal, Alshamrani disparó a los móviles, dejándolos muy dañados

Sin embargo, Apple ha rechazado la solicitud remitiéndose a su política de no comprometer la privacidad de los usuarios rompiendo el encriptado de los dispositivos electrónicos.

Leer más: Apple cree que instalar "puertas traseras" al iPhone no va a ayudar al FBI

La batalla es un caso muy parecido al enfrentamiento que Apple y la Administración Obama mantuvieron en 2015 tras un tiroteo masivo en San Bernardino (California).

Un choque de época sobre los límites de la privacidad

Un manifestante sostiene un iPhone que dice "No Entry" fuera de la tienda de Apple en 5th Avenue el 23 de febrero de 2016 en la ciudad de Nueva York, EEUU.
Un manifestante sostiene un iPhone que dice "No Entry" fuera de la tienda de Apple en 5th Avenue el 23 de febrero de 2016 en la ciudad de Nueva York, EEUU. Bryan Thomas / Getty Images

El tiroteo de San Bernardino (California, Estados Unidos) en ​un centro sin ánimo de lucro que atendía a personas con discapacidad causó la muerte de 16 personas, entre ellas los 2 tiradores. 

En ese momento, el FBI le pidió a Apple que desbloqueara el iPhone del autor de los disparos, Syed Rizwan Farook. La agencia explicó que no podía acceder al contenido del móvil ya que tenía clave de acceso y pidió a Apple que construyera un sistema operativo iOS con una "puerta trasera" con el que se pudiera burlar las funciones de seguridad del iPhone.

Un juez federal de California ordenó públicamente a Apple que ayudara al FBI, pero Apple se negó, argumentando que la medida "amenazaría la seguridad de sus clientes" y que tenía "implicaciones mucho más allá del caso legal en cuestión". 

Su negativa preparó el escenario para un conflicto entre el mundo de la tecnología y las fuerzas del orden sobre la privacidad de los usuarios.

El FBI demandó a Apple por desafiar la orden judicial, lo que provocó protestas en todos los Estados Unidos en apoyo a la tecnológica.

Leer más: Trump quiere cargarse los mensajes cifrados en iPhone o WhatsApp: por qué es tan peligrosa esta propuesta

Sin embargo, el enfrentamiento quedó en el aire al después de que el FBI retirara su demanda al encontrar una manera de desbloquear el iPhone sin la ayuda de Apple.

La senadora californiana Dianne Feinstein, una de las principales demócratas del comité del Senado que supervisa el FBI, acabó diciendo semanas más tarde que el gobierno pagó 900.000 dólares —es decir, más de 800.000 euros— a un anónimo para desbloquear el smartphone.

Pero Melanie Newman, portavoz del Departamento de Justicia, le dijo al The New York Times en 2016 que la batalla por el acceso a los datos digitales no había terminado

"Sigue siendo una prioridad para el gobierno asegurar que las autoridades puedan obtener información digital crucial para proteger la seguridad nacional y la seguridad pública, ya sea con la cooperación de las partes relevantes o a través del sistema judicial cuando la cooperación falla", aseveró. 

El escenario preparado para que la batalla se repita

Una vista general de la Estación Aérea Naval de Pensacola después del tiroteo del 6 de diciembre de 2019 en Pensacola, Florida, EEUU.
Una vista general de la Estación Aérea Naval de Pensacola después del tiroteo del 6 de diciembre de 2019 en Pensacola, Florida, EEUU. Getty Images / Josh Brasted

No está claro qué pasará en el caso de Pensacola. Apple ha rebatido la afirmación de Barr en la que asegura que no ha ayudado, diciendo que ha dado a las autoridades gigabytes de datos como copias de seguridad de iCloud e información de pagos.

Sin embargo, no hará nada en lo que se refiere a la encriptación.

Un comunicado de la compañía sostiene lo siguiente: "Siempre hemos mantenido que no existe una puerta trasera únicamente para los buenos. Las puertas traseras también pueden ser explotadas por aquellos que amenazan nuestra seguridad nacional y la seguridad de los datos de nuestros clientes".

"Hoy en día, las autoridades tienen acceso a más datos que nunca, por lo que los estadounidenses no tienen que elegir entre debilitar los sistemas de encriptado y resolver las investigaciones. Creemos que el encriptado es vital para proteger nuestro país y los datos de nuestros usuarios".

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La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) —una organización estadounidense de corte progresista sin fines de lucro— se ha posicionado a favor de Apple argumentando que romper su política para hacer caso a las autoridades del Gobierno de los Estados Unidos podría permitir el acceso a actores perjudiciales en otros lugares del mundo.

Jennifer Granick, portavoz de la ACLU sobre asuntos relacionados con la ciberseguridad, ha explicado su postura de la siguiente manera:  "Simplemente no hay manera de que Apple, o cualquier otra empresa, proporcione al FBI acceso a comunicaciones cifradas sin proporcionárselo también a gobiernos extranjeros autoritarios y debilitar nuestras defensas contra criminales y hackers", dijo Granick durante el Consejo de Vigilancia y Ciberseguridad de la ACLU, según una declaración enviada por correo electrónico a Business Insider

Aun así, parece que el FBI esta vez no retrocederá tan fácilmente. Según The New York Times, las autoridades afirman que el FBI se puso en contacto con Apple después de pedir ayuda a otras agencias gubernamentales, gobiernos extranjeros y otros proveedores de tecnología, pero sin obtener resultados. 

"No queremos entrar en un mundo en el que tengamos que pasar meses e incluso años agotando esfuerzos cuando hay vidas en juego", ha declarado Barr este lunes.

"Deberíamos poder acceder cuando exista una orden judicial que establezca que se está llevando a cabo una actividad delictiva".

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