El techo de gasto presupuestario de España para 2021 se disparará debido a los fondos europeos contra el coronavirus, según el Gobierno

España contará en 2021 con un techo de gasto público mucho más elevado que los de los años anteriores, según ha desvelado este jueves la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. En una entrevista con la Agencia EFE, ha anunciado que su Ejecutivo presentará en septiembre un aumento del techo de gasto "alterado" por la incorporación de fondos europeos del programa para la recuperación del coronavirus.

A finales de julio, los 27 países de la Unión Europea acordaron crear un fondo de emergencia ante la pandemia dotado con 750.000 millones de euros, de los que 390.000 millones de euros corresponden a ayudas a fondo perdido, es decir, no reembolsables por el país que las reciba. Según el acuerdo, a España le corresponden 140.000 millones de euros, de las que 72.000 millones serán ayudas directas en 3 años.

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La inyección de estos fondos explica que el incremento en el techo de gasto, que la ministra no ha precisado pero ha asegurado que "no ha habido ninguna serie histórica que nos permita comparar" la incorporación de recursos por "una cantidad muy importante, que puede estar por encima de los 20.000 millones de euros, procedente de esos fondos europeos".

Las anteriores previsiones del Gobierno para el techo de gasto de 2021, que aprobó el Congreso en febrero en el acuerdo de la senda de estabilidad 2020-2023, justo antes de la pandemia, estimaban que el límite de gasto no financiero subiría un 3% en el año 2021, hasta los 131.437 millones de euros como el paso previo a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado del próximo año.

Debido a la situación económica excepcional provocada por el coronavirus y a la llegada de financiación desde la UE, Montero ha pedido que los presupuestos para 2021 se acometan "con una mirada distinta". Montero prevé "incorporar en el primer año, que es donde necesitamos el estímulo económico, la cantidad de recursos más importante que podamos movilizar".

De este modo, la elaboración de las cuentas públicas para 2021 arrancará a finales de septiembre o principios de octubre, según la portavoz del Gobierno, que ha señalado que su objetivo es avanzar en su tramitación parlamentaria y en la consecución de apoyos en el Congreso para poder enviar un plan presupuestario "bastante acordado" a Bruselas, que debe recibir el borrador presupuestario antes del 15 de octubre para evaluarlo.

Para ello, ha pedido el apoyo de "todas las fuerzas políticas, pero sobre todo al Partido Popular" a las cuentas públicas para el próximo año, que ha asegurado que es un requisito imprescindible para poder disponer de los 140.000 millones de euros en ayudas a fondo perdido y préstamos que los 27 han acordado para España.

María Jesús Montero ha destacado además que el borrador que se envíe a la Comisión Europea incluirá un plan de inversión y reformas con los proyectos a los que se prevé destinar los fondos europeos contra el coronavirus. Además, ha puntualizado que esos proyectos se compartirán con las autonomías y los ayuntamientos, con los que ha anunciado reuniones a partir de septiembre.

El plan presupuestario que se envíe a Bruselas definirá también el destino de los préstamos que incluye el programa europeo de recuperación de la pandemia Además de las transferencias, el Gobierno definirá el objetivo de los préstamos previstos en el plan, que se destinarán a iniciativas que no se puedan financiar con transferencias, y contará con el sector privado para lograr una reconversión económica.

El Gobierno deberá incluir en ese borrador, como es habitual, sus previsiones macroeconómicas para los próximos años. No obstante, Montero ha destacado que se tratará de una estimación "razonable" que podrá actualizarse durante 2021 si la situación económica o los indicadores muestran cambios "definitivos".

Por el momento, la ministra prevé que el déficit público cierre 2020 ligeramente por encima del 10,38 % del PIB que se comunicó a Bruselas en abril. Montero ha señalado que está "abierta" a la posibilidad de establecer objetivos de déficit diferenciados para las comunidades autónomas, pero siempre que sea resultado de un consenso.