Las empresas de combustibles fósiles demandan a gobiernos de varios países por más de 15.000 millones de euros por el impacto en sus ganancias que suponen las políticas climáticas

Compañías de combustibles fósiles estarían demandando a los gobiernos de varios países —entre los que se encuentran Estados Unidos, Holanda e Italia— por una cantidad superior a los 18.000 millones de dólares (unos 15.280 millones de euros, al cambio actual) por el impacto en sus beneficios económicos que suponen las políticas contra el cambio climático.

Según informa Sky News a partir de una investigación de Global Justice Now, las empresas energéticas recurren a un proceso legal que las permite demandar a los gobiernos en virtud de las leyes internacionales que rigen los acuerdos y tratados comerciales.

"Estos tribunales están integrados en los acuerdos comerciales y operan al margen de los tribunales y sistemas jurídicos nacionales, a los que sustituyen. Esto significa que un país que apruebe una legislación significativa para eliminar los combustibles fósiles podría enfrentarse a una multa de miles de millones de dólares, a pesar de actuar de forma totalmente legal. Es totalmente antidemocrático", denuncian desde Global Justice Now.

A partir de información disponible públicamente, Global Justice Now ha observado que 5 de las mayores demandas en curso han sido presentadas por las compañías TC Energy (con oficina central en Canadá), RWE y Uniper (ambas con sede principal en Alemania) y las británicas Rockhopper y Ascent Resources.

La mayoría de los casos se presentan al amparo del Tratado sobre la Carta de la Energía (creado tras la Guerra Fría para proporcionar un marco jurídico estable que protegiera a los inversores extranjeros según se abrían los mercados energéticos) y se tramitan en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, dependiente del Banco Mundial, recoge el medio.

"Las empresas de combustibles fósiles deberían pagar para arreglar la crisis climática que han provocado, pero en lugar de eso quieren una indemnización", critica Jean Blaylock, de Global Justice Now, que se define como una organización democrática de justicia social que trabaja para "desafiar a los poderosos y crear un mundo más justo e igualitario".

"Están demandando a los gobiernos que adoptan medidas climáticas a través de tribunales corporativos secretos, lo que aumenta enormemente el coste de la acción climática", advierte, en declaraciones a Sky News.

Como perspectiva de lo que supone esa cantidad, los 15.280 millones de euros demandados por las energéticas representan mucho más de la mitad (66%) de la aportación de 23.200 millones de euros de fondos públicos que hicieron en 2019 la UE, sus estados miembros (incluido el Reino Unido) y el Banco Europeo de Inversiones a los países en desarrollo para la lucha contra el cambio climático. 

TC Energy, que está detrás del oleoducto Keystone XL, ha demandado al gobierno estadounidense por 15.000 millones de dólares (más de 12.700 millones de euros) después de que este cancelara el proyecto en nombre de la lucha contra el cambio climático.

RWE y Uniper han demandado al gobierno holandés por 1.600 millones de dólares (casi 1.360 millones de euros) y 1.060 millones de dólares (unos 900 millones de euros), respectivamente, tras la decisión del Ejecutivo de eliminar el carbón y cerrar las centrales eléctricas de carbón para 2030.

Rockhopper reclama al Gobierno italiano 325 millones de dólares (275 millones de euros) en relación con la prohibición de realizar perforaciones petrolíferas en alta mar cerca de la costa, mientras que Ascent demanda por 118 millones de dólares (en torno a 100 millones de euros) a Eslovenia por la aprobación de una ley que exige la evaluación medioambiental del fracking (fractura hidráulica).

Contactadas por Sky News, las empresas (excepto TC Energy) han compartido su versión. Desde RWE niegan que la demanda sea "por haber decidido eliminar el carbón": dicen apoyar la transición energética y las medidas asociadas, pero defienden que "la ley holandesa no contempla el consiguiente trastorno de la propiedad de las empresas afectadas". "No lo consideramos correcto", apuntan.

En Ascent Resources critican que la decisión de la Agencia Eslovena de Medioambiente no se ha basado "en las recomendaciones de los propios expertos eslovenos y, además, contradice los dictámenes que estos emitieron", por lo que sería "manifiestamente arbitraria e irrazonable".

"Cerrar nuestra central de Maasvlakte [Países Bajos] después de solo 15 años de funcionamiento sería ilegal sin una compensación adecuada", manifiestan por parte de Uniper.