La generación Z peca deliberadamente en la compra de productos pirateados: "Con cada euro destinado a pagar una falsificación se financia el crimen organizado"

Los jóvenes españoles pecan en la adquisición de productos pirateados y lo hacen de forma deliberada y por encima de la media europea. Así lo refleja el máximo órgano comunitario en la propiedad intelectual, la EUIPO.

En su segundo barómetro –el primero fue en 2019– el organismo vuelve a analizar el comportamiento de los jóvenes europeos de entre 15 y 24 años de los 27 Estados miembros de la UE respecto al contenido falsificado.

La tendencia es clara: más de la mitad de los jóvenes europeos (un 52%) reconocen haber comprado un producto falsificado de forma online en los últimos 12 meses. 

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Pero si esta proporción preocupa, más lo hace la intencionalidad del acto. El 37% de ellos lo adquirió de forma deliberada frente al 14 % que lo hacía 2019. Tampoco es menor el 21% que confiesa que hizo lo propio con contenidos, en forma de películas y series o música. 

Y son precisamente los españoles los que lideran el ránking. Lo hacen con 8 y 4 puntos porcentuales por encima de la media europea: un 45% de los jóvenes patrios adquirió una falsificación a propósito y un 25% lo hizo con un contenido.

"El crimen contra la propiedad intelectual no es un crimen sin víctimas"

El boom delcomercio online a raíz de la pandemia y el escaparate que encarnan las redes sociales han abierto la puerta de par en par a la proliferación de las falsificaciones de productos de moda con, a priori, la indulgencia de las plataformas digitales. 

Un hecho que se evidencia en la guerra creativa que encaran la omnipresente Zara y la china Shein en la plataforma TikTok por las acusaciones de apropiación de diseño y marca. 

La EUIPO también lo atestigua: la moda es el producto falsificado que más se compra de forma deliberada en España (20%); seguido del calzado (14 %); los dispositivos electrónicos (13 %), y los productos de belleza (12 %).

¿El motivo? Lo puramente económico, aunque no la única razón. "La asequibilidad de los productos fue el principal factor que motivó la compra intencionada de estos productos, seguida del hecho de que no les importaba si el producto era falso", reza el informe. 

Y justo es esta indiferencia la que preocupa a Julio Laporta, director de comunicación de EUIPO:"El crimen contra la propiedad intelectual, no es un crimen sin víctimas". 

Laporta explica durante una entrevista para Business Insider España que, cuando un consumidor paga por un producto falsificado, la acción conlleva un daño por la falta de normativa, incluida la medioambiental, pero también el input necesario para la financiación de actividades de un implicación mayor: "La conexión entre la piratería y el crimen organizado es clara y directa". 

"Cada euro que se paga por un bolso falsificado esconde otras acciones", apunta Laporta. Estos grupos, prosigue, utilizan estas lucrativas ventas para financiar otro tipo de actividades, como es el blanqueo de capitales, el tráfico de droga, personas e incluso, el terrorismo.

"El impacto es muy serio y muy grave", prosigue el portavoz de la EUIPO, que añade que la afección también puede ser para el consumidor como es el uso de ciertos medicamentos, pero el protagonista siempre es el mismo: "Hay un malo de la película que se está riendo de ti y que además está financiado otras actividades. 

Prueba de ello son las múltiples operaciones policiales contra estas organizaciones delictivas. Una de las más destacadas fue la de la Guardia Civil con FRONTCOPY, que en su fase final implicó la intervención de hasta 60.000 prendas de vestir valoradas en más de 16 millones de euros.

Para poner freno a la problemática, resulta capital la educación del consumidor y una implicación moral de su acción, pero también una postura más proactiva de las plataformas de comercio electrónico donde fluctúa el delito.

Por ello, explican desde la EUIPO, es necesario un esfuerzo colaborativo con los principales actores del sector a nivel mundial para, en otras acciones, darles acceso a la base de datos del organismo y comprobar así si el vendedor que se registra cumple la ley con sus productos.