Glovo se salva de nuevo y evita pagar 64 millones de euros a la Seguridad Social porque pondría en "situación extrema" a la compañía
- La Inspección de Trabajo ha pedido a la compañía 64 millones de euros por los falsos autónomos que emplea en sus repartos, según el diario El Mundo.
- Glovo sigue defendiendo que su modelo de negocio es legal, aunque la legislación impide a los repartidores de las empresas trabajar como autónomos.
Glovo, la empresa de envío de comida a domicilio, consigue esquivar el fantasma de la insolvencia económica gracias, en este caso, a la Audiencia Nacional. El organismo ha desestimado este martes un recurso en el que la Tesorería General de la Seguridad Social exigía a la empresa que le abonara 64 millones de euros, según la sentencia en manos del periódico El Mundo.
Aunque la empresa se ha librado esta vez, las perspectivas para el futuro no son halagüeñas. La Audiencia Nacional ha defendido su decisión por el peligro que corre el presente económico de la empresa, y la difícil posición en la que quedaría de aplicarse estas sanciones. Glovo arrastra desde hace tiempo pérdidas importantes y su matriz, Delivery Hero, ha perdido un 43% de su valor en bolsa en los últimos seis meses.
Las previsiones que aparecen en la resolución hablan de pérdidas esperadas de 209 millones de euros para 2023, además de que arrastra un fondo de maniobra negativo de unos 20 millones de euros. La combinación de todos estos factores podría traducirse en problemas de liquidez en el corto plazo, a no ser que reciba una inyección de efectivo importante.
"Las entidades financieras españolas han disminuido o eliminado el crédito ofrecido a la compañía", recoge la sentencia basada en un peritaje realizado por Glovo, que sigue luchando para defender su modelo económico frente al de las autoridades, que insisten para que contrate a los trabajadores que están en modalidad de autónomos.
La Seguridad Social al acecho
Para intentar escapar de las garras de la Seguridad Social, Glovo introdujo algunos cambios en su modelo, pero parece que no han sido suficientes. Dejó de asignar franjas horarias a sus trabajadores y permitió a los repartidores de su rama hostelera, cerca de 10.000, que fuesen ellos quienes eligiesen sus horarios y ajustasen sus tarifas.
Sin embargo, parece que no ha sido suficiente. Los análisis posteriores de la Inspección de Trabajo han determinado que este modelo incumple la normativa, aplicando la correspondiente multa tal y como ha publicado recientemente El Periódico.
Ahora, tras la suspensión otorgada por la Audiencia Nacional, los letrados de la Seguridad Social se han quejado de que la primera haya tenido en cuenta esos números negativos, que consideran una "prueba de parte" y un "informe parcial e interesado", para conseguir la suspensión cautelar hasta que las sentencias sobre el modelo laboral de estas empresas sean firmes.
La historia de una larga batalla sin tregua
Desde el auge del envío de comida a domicilio durante la pandemia, las autoridades han mirado con lupa a estas empresas que basan su modelo económico en la precariedad de unos empleados que en la mayoría de las ocasiones trabajan como autónomos, aunque su único empleo sea el que tienen con esta empresa.
Glovo no ha conseguido librarse de las sanciones. Delivery Hero, la casa madre y propietaria del 99% de Glovo, informó en noviembre del año pasado que aprovisionaría a la empresa con entre 30 y 45 millones de euros al trimestre para abordar sus problemas con las inspecciones de trabajo.
La primera multa, efectivamente, por la situación de 49 repartidores de Glovo en Asturias, porque la Inspección de Trabajo correspondiente consideró que los empleados estaban trabajando para la multinacional sin estar contratados debidamente. Aunque solo son 49 repartidores de los 19.000 que operan para la empresa, es un precedente que augura malos tiempos.
Esta cifra se suma a los entre 200 y 400 millones que ya desveló en agosto y que servirían para cubrir potenciales sanciones, según informó Cinco Días. El consejero delegado de Just Eat, uno de sus competidores más feroces en España, aseguró a ese periódico que la ley es muy clara en ese sentido: "Los repartidores son empleados. Punto. Hay legislaciones que son vagas, esta no lo es. Está muy claro".
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