La querella criminal contra Glovo es solo el primer paso de riders y taxistas en su guerra contra la 'gig economy': "No vamos a parar"

Los 'riders' de Glovo en el centro de la batalla política.

REUTERS/Albert Gea

  • El Observatorio del trabajo, Algoritmo y Sociedad, una asociación surgida de la unión entre Élite Taxi Barcelona, Riders x Derechos y técnicos independientes, ha presentado este martes la primera querella criminal contra Glovo.
  • Se trata, advierten, tan solo de la primera de una serie de acciones que buscarán cambiar la manera de trabajar de plataformas como Glovo, Uber y Cabify.

No ha sido un calentón ni un gesto irreflexivo e imprudente. Tampoco un brindis al sol ni algo planteado solo de cara a la galería. 

La querella criminal interpuesta este martes por el Observatorio del Trabajo, Algoritmo y Sociedad (Otas) —una asociación surgida de la unión entre Élite Taxi Barcelona, Riders x Derechos y técnicos independientes— contra Glovo ha sido un paso medido y calculado que forma parte de un plan mucho más amplio.

Esa hoja de ruta tiene como objetivo que las empresas que forman parte de lo que se conoce en español como economía de plataformas (la famosa gig economy) cambien su proceder y pasen a funcionar con arreglo a la ley rider, algo que, denuncia esta asociación, ahora mismo no está ocurriendo.

Consultados por Business Insider España, fuentes de Glovo argumentan que aún no han tenido notificación ni acceso al contenido del proceso, por lo que por ahora no pueden comentar nada sobre el mismo.

El proceso, planteado por el bufete de abogados AGP Asesores, primero llegará a un juzgado de guardia de Barcelona que será el que lo derive al Juzgado de lo Penal, que dirimirá en cuestión de un mes o dos si admite o no la querella. 

En caso de la querella no se admita, desde el Observatorio del Trabajo, Algoritmo y Sociedad ya han anunciado que recurrirían a la siguiente instancia, la Audiencia Provincial, donde esperan que el caso también pueda tener recorrido.

El conflicto se remonta al menos a 2020, cuando el Tribunal Supremo acabó con años y años de sentencias contradictorias para dictaminar que plataformas como Glovo y Uber Eats son más que meros intermediarios y que los repartidores, considerados autónomos por estas, son en realidad trabajadores por cuenta ajena.

La sentencia, histórica por cuanto tenía de crítica a un modelo de negocio cada vez más en auge, abrió la puerta además a que en 2021 el Gobierno promulgara la ley rider, una normativa que se supone que debía proteger a los trabajadores en un sector considerado precario.

No obstante, los días históricos fueron quedando atrás y a partir de entonces pasar, lo que se dice pasar, pasaron más bien pocas cosas. Al menos, es lo que últimamente vienen denunciando plataformas como Riders x Derechos.

El fundador de Glovo, Oscar Pierre.

"Uber Eats empezó a usar subcontratas y cada una es un mundo: unas pagan mal y otras peor. Además, subcontratar debía ser algo temporal en picos de trabajo, no algo sistémico", explica por teléfono a Business Insider España Felipe Corredor, miembro de la Riders x Derechos de la Otas.

Y prosigue: "Glovo bajó lo que pagaba a los repartidores por medio de un sistema en el que estos, supuestamente, podían negociar su tarifa, lo que para ellos los convierte en autónomos. La realidad
es que siempre se lo lleva el que ofrece menos, con lo que hay poca negociación".

Desde Glovo argumentan que ya no son los que eran en 2015 y que están cumpliendo escrupulosamente con la ley rider, aunque eso no ha impedido la llegada de más sentencias contra la empresa por emplear a falsos autónomos: la última, del pasado mes de enero, significó además una multa de 57 millones de euros.

Las asociaciones lo tienen claro: se trata de un fraude de ley punible, especialmente después de una reforma del Código Penal que vio la luz a finales de 2022 y que establece penas de entre 6 meses y 6 años de cárcel para las empresas que insistan en contratar falsos autónomos.

Dicha reforma sirvió, en primer lugar, para que el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, lanzara una advertencia a las plataformas a través de las páginas de El País: "Hemos requerido formalmente a estas empresas que cumplan con la ley para que sean conscientes de que si no lo hacen, ya no es un problema solo de sanciones económicas, sino también un problema de sanciones penales", dijo Pérez Rey.

También sirvió para que el OTAS viera la luz: por fin tenían por dónde seguir

La primera batalla de muchas

"La reforma del Código Penal nos abrió la puerta", reconoce Corredor, que por otra parte se lamenta de que el propio Gobierno no haya actuado más rápido.

"Empresas como Glovo se han saltado la ley descaradamente durante mucho tiempo. Es un atentado contra la democracia porque va contra las bases de las relaciones laborales. Con todo el capital riesgo que reciben, pueden pagar una multa tras otra sin que nunca pase nada", comenta el miembro de Riders x Derechos. 

En esto último los datos son elocuentes. Glovo, en efecto, ha sido una de las empresas más mimadas por los inversores en los últimos años. En 2021, incluso con la empresa en plena vorágine de denuncias, sentencias y multas por su modelo de negocio, Glovo levantó 450 millones de euros en la que fue la mayor ronda que nunca se había visto en España.

Pero desde el Otas apuntan más allá de Glovo y más allá incluso del sector del reparto de productos a domicilio: "Estamos comprometidos con los repartidores, con los pensionistas, con las kellys... Todo forma parte del mismo sistema, de la misma manera de funcionar", explica Tito Álvarez, miembro de Taxi Project 2.0 y de OTAS. 

Repartidores de Getir

Álvarez estuvo ahí hace un par de años, cuando taxistas y repartidores, entre otros muchos, se dieron cuenta de que sus problemas eran más parecidos de lo que podía parecer en principio. Desde entonces, al observatorio se han incorporado economistas y expertos en derecho que les han permitido elaborar informes sobre cuál es la situación de los trabajadores.

Pero había que dar un salto más, opina Álvarez: "La fuerza de la calle se acaba terminando. Hay que juntar la academia con atrevimiento. Si yo robo, me voy a la cárcel. Si me están multando por tener miles de falsos autónomos, pago y lo sigo haciendo, me estoy riendo de la ley. Hay que pararlos".

Álvarez, por tanto, advierte: es solo un primer paso. 

"Hemos empezado con Glovo porque la sentencia del Tribunal Supremo sienta jurisprudencia. Nos parece el caso más claro, así que de ahí lo hemos sacado todo, aunque sabemos perfectamente que otras empresas hacen lo mismo. La semana que viene habrá noticias: no vamos a parar". 

"Es el primer movimiento, habrá muchos más y llegarán de muchas maneras. Llevamos mucho tiempo trabajando en esto, los golpes están muy bien pensados y no damos puntada sin hilo", concluye. 

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