¿Realmente la ley 'rider' ha mejorado el sector del 'delivery'? El sector no se pone de acuerdo

Un año después de la entrada en vigor de la ley riderbuena parte del sector hace balance positivo de la nueva norma: las condiciones legales y económicas de los repartidores han mejorado, la contratación también ha mejorado significativamente y no ha tenido un impacto en la facturación de las empresas.

Estas son las conclusiones que extrae el último informe Ley Rider: un año después, elaborado por la escuela de negocios Esade en colaboración con Just Eat, y presentado por José María Lassalle, exdiputado del Partido Popular y actual director del Foro de Humanismo Tecnológico de Esade y Patrik Bergareche, director general en España de la compañía naranja.

Según este informe, la nueva norma ha tenido un impacto positivo en términos de laboralización del sector delivery. "El número total de trabajadores del sector sujetos a un contrato laboral se ha duplicado, pasando de 5.464 en mayo de 2021 a 10.980 en agosto de 2022", recoge, aunque no especifica qué porcentaje de los repartidores trabaja para una subcontrata y una plataforma de delivery directamente.

Además, a pesar de la falta de datos precisos, el informe de Esade estima que la Seguridad Social habría ingresado más de 4,7 millones de euros en concepto de cotizaciones empresariales desde la entrada en vigor de la norma, y que la facturación del sector no habría descendido desde entonces.

"El tiempo dirá si efectivamente la aprobación de la ley rider ha supuesto una reducción de los ingresos de las empresas del sector, tal como se anticipaba. Fuentes como The NPD Group, calculan que la facturación de 2021 fue de 2.600 millones de euros, un 80% por encima de la cifra registrada 2 años antes", recoge el informe de Esade.

"¿Ha servido para algo la ley rider? Absolutamente, si", ha destacado Patrik Bergareche durante la presentación. "Esta ley es una ley pionera y única, y vino a resolver la cuestión de inseguridad jurídica existente en nuestro sector. El mundo nos está mirando", ha añadido en alusión a la futura ley de la economía de plataforma que está tramitando Bruselas.

"Dijeron que la ley iba a dilapidar el sector de comida a domicilio y este no ha sido el caso", ha enfatizado Bergareche.

Otro de los aspectos positivos de la ley rider, según este informe, es el apartado cualitativo de la nueva norma que, según afirman, ha mejorado las condiciones laborales de los repartidores contratados, ya que les permite disfrutar de derechos y prestaciones —como la baja por enfermedad, vacaciones remuneradas o el derecho a paro— que hasta ahora carecían.

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Sin embargo, desde diferentes colectivos de trabajadores no son tan optimistas con la repercusión de la ley rider y difieren de estas conclusiones. 

Sindicatos como CGT aseguran a Business Insider España que no ha cambiado nada en el sector, y que la precariedad de los repartidores continúa a la orden del día. 

"La ley no ha cambiado nada. La precariedad de los riders no ha mejorado. No ha mejorado ni ha empeorado. Está igual de mal", ha comentado un portavoz de CGT a este medio.

Las asociaciones de repartidores pro modelo de autónomos, como AAR (Asociación Autónoma de Riders), también se han sumado a las críticas durante los últimos meses tachando la norma de chapuza, un adjetivo que utilizó el propio CEO de Glovo, Óscar Pierre.

Además, en lo que llevamos de 2022 se ha intensificado el alquiler de cuentas exponencialmente —un sistema mediante el cual una persona trabaja como repartidor en lugar del titular a cambio de un porcentaje de los ingresos— como se puede observar en diferentes grupos de Facebook de riders, donde tanto la oferta y la demanda de estas cuentas suman decenas de publicaciones diarias.

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A pesar de la ley, el sector continúa sumido en una intensa batalla en el ámbito laboral, con acusaciones cruzadas entre competidoras, y en donde cada empresa ha optado por un modelo de contratación distinto.

La ley, una reforma del Estatuto de los Trabajadores, presume la laboralidad, por lo que no obliga a las empresas a contratar directamente, y estas pueden demostrar que realmente su modelo cumple con los requisitos legales para operar con un sistema de trabajadores autónomos.

En esta línea, Glovo, que siempre ha mantenido este modelo, realizó una serie de modificaciones en su sistema de asignación de pedidos que todavía está pendiente de que el regulador determine si es ilegal o no. 

Desde Just Eat han criticado en varias ocasiones a la compañía catalana por considerar que no operan bajo las mismas reglas y saltarse la ley, algo que, aseguran, les genera un gran perjuicio económico. El dinero que se ahorra la catalana, al no tener que pagar las cotizaciones de sus repartidores, lo puede utilizar en campañas de marketing y descuentos, aumentando su ventaja competitiva, reclaman desde la compañía holandesa.

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Uber Eats también cargó hace unos meses duramente contra Glovo, y finalmente este verano cumplía sus amenazas al volver al modelo de autónomos, también con un sistema de asignación de pedidos modificado para así esquivar dicha laboralidad.

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José María Lassalle, ha respondido a este pregunta apuntando que la presunción de la laboralidad que establece la ley es el mecanismo idóneo, ya que establecer una laboralidad iuris et de iure, es decir, que no permite prueba en contra, sería excesivo y anómalo en nuestro ordenamiento jurídico y en el derecho laboral.

"La presunción de laboralidad es el mecanismo idóneo tal y como está definido en la ley. La figura que se ha introducido es razonable, y busca un equilibrio también a la hora de reconocer un marco de seguridad jurídica", ha remarcado Lasalle en su intervención.

"Esta laboralidad que prevé la norma creo que es lo suficientemente rigurosa como para poner en evidencia que Glovo no la cumple e incurre, por tanto, en una práctica de mercado que no se ajusta a la seguridad jurídica que se demanda para que pueda desarrollarse en términos de legalidad. Esto genera una desventaja competitiva", ha subrayado.

"Se podría haber introducido una laboralidad iuris et de iure que sería excesivamente juridicista", ha añadido Lassalle.

"La presunción de laboralidad nace también de un compromiso por parte del legislador de dar un espacio para que los autónomos reales puedan existir", ha apuntado Bergareche. "Yo lo que me pregunto es quién está dando el asesoramiento a aquellos que siguen utilizando el modelo de autónomos".

El debate laboral está abierto

Hace unas semanas, la Inspección de Trabajo multó a Glovo con casi 80 millones de euros por utilizar falsos autónomos entre 2018 y agosto de 2021, es decir, antes de la llegada de la nueva ley. 

La Justicia es lenta, y ahora falta esperar a que los Tribunales o la Inspección de Trabajo determinen si los nuevos modelos de autónomos implementados por Glovo y Uber Eats, realmente cumplen con la normativa vigente. 

Por su lado, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, impulsora de la ley rider, ha reiterado en varias ocasiones que el peso de la ley va a caer sobre Glovo y que desde el Ministerio de Trabajo no van a parar hasta que se cumpla la ley. Incluso ha instado a la Fiscalía para que actúe de oficio y determine si Glovo está cometiendo un delito.

Mientras tanto, el sector sigue sumido en la incertidumbre. La vuelta de Uber Eats al sistema de autónomos ha supuesto un duro golpe a las empresas de subcontrata con las que operaba y 2 de ellos, Chaskis y Shargo, ya han presentado sendos ERE ante sus repartidores.

Just Eat ha subrayado en el acto de presentación del informe su compromiso con la contratación directa de sus repartidores. Actualmente, tiene a 2.000 riders en plantilla, aunque no ha especificado cuantos más trabajan indirectamente para ellos a través del modelo de subcontratas.