Por qué el futuro Gobierno de España será clave en la nueva 'ley rider' europea después de que Parlamento y Consejo hayan distanciado sus posturas
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- Hay acuerdo en el Consejo de la Unión Europea sobre la futura ley rider europea, aunque la ministra Yolanda Díaz lo critica por falta de ambición.
- Las negociaciones entre Consejo y Parlamento se prevén duras y el futuro Gobierno de España tendrá un rol protagonista en ellas.
Tras unas duras negociaciones en el seno del Consejo de la Unión Europea en Luxemburgo, finalmente los 27 ministros de Trabajo de la Unión Europea han llegado a un acuerdo respecto a la futura ley rider del continente.
Sin embargo, el último texto aprobado no convence a todo el mundo, especialmente a España, que se ha abstenido en dicha votación porque considera que la propuesta es poco ambiciosa.
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, coincide con Bélgica, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Rumanía y Eslovenia, y echa en falta una directiva más ambiciosa. Ayer apuntó que el acuerdo del Consejo anunciado este lunes es "difícilmente comprensible en términos democráticos".
A pesar de esto, ningún país se ha opuesto al acuerdo y los Estados mencionados, España entre ellos, se han comprometido a no obstaculizar el proceso legislativo para lograr un texto final para toda la Unión antes de las elecciones europeas de 2024, previstas para junio de ese año.
El 23-J puede ser clave en la ley rider europea
El acuerdo se ha alcanzado durante el mandato sueco del Consejo contra todo pronóstico. Un mandato que acaba el próximo 1 de julio, y que será sucedido por la presidencia española.
La siguiente fase de las negociaciones pasa por los trílogos, grupos en los que la Comisión Europea —el Ejecutivo— se reúne con los 2 colegisladores —Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea— para negociar el texto definitivo de la directiva.
Cada uno de los miembros llega al trílogo con la posición de su respectiva institución acordada anteriormente y, de manera interna, se vuelve a negociar con los otros 2 órganos hasta dar con un texto que contente a las 3 partes.
En dichos trílogos, Consejo y Parlamento aterrizan con posturas muy diferentes. Según fuentes de la Eurocámara consultadas por Business Insider España, estas negociaciones, que arrancarán previsiblemente en julio, serán muy difíciles. Ambas instituciones tendrán que hacer concesiones importantes para llegar a un acuerdo final.
Por el momento toca esperar y España tendrá un papel clave en todo este proceso. Las elecciones generales del próximo 23 de julio también pueden condicionar el futuro de esta ley rider europea, tal y como está planteada ahora mismo.
En el hipotético caso de Alberto Nuñez Feijóo gane las elecciones y, por lo tanto, el PP esté al frente del Ejecutivo durante la Presidencia española, la propuesta del Parlamento Europeo —muy alejada de la que acordó el Consejo este lunes— se encontrará un hueso duro de roer.
Los populares votaron en junio de 2021 en contra de la ley rider española impulsada por Yolanda Díaz, e incluso han llevado —junto con Vox— esta norma al Tribunal Constitucional.
Actualmente, la propuesta del Parlamento Europeo con la que tendrá que negociar el Consejo presidido por España es muy similar a la ley ya vigente en España.
"No podemos asumir que un joven en una bicicleta sea un empresario"
El punto más controvertido y que ha disparado la tensión en las negociaciones de este acuerdo del Consejo es el que se refiere al estatus de los trabajadores y los requisitos que se establecen para determinar si un trabajador de empresas como Glovo, Uber o Bolt es un trabajador por cuenta ajena o no.
Los 27 han acordado en el Consejo que para que un trabajador sea considerado empleado de una de estas plataformas tecnológicas deberá cumplir al menos 3 de los 7 criterios que recoge la directiva.
Entre dichos criterios destacan que la plataforma determine la remuneración máxima o que exija a los trabajadores que respeten normas específicas relacionadas con la apariencia, la conducta hacia el cliente o la manera de realización del trabajo.
Otros requisitos son que la plataforma supervise la propia realización del trabajo, restringa la libertad de organizar el propio trabajo, o que no permita elegir las horas o los períodos de ausencia, además de que no les permita tampoco aceptar o rechazar tareas. El último criterio tiene que ver con la restricción de crear una base de clientes o de realizar trabajo para terceros.
En palabras de Yolanda Díaz, recogidas por Europa Press ante sus homólogos europeos, "España siempre ha defendido la aprobación de una directiva con el mayor grado de ambición posible para proteger a todas aquellas personas que trabajan en empresas digitales", ha señalado.
"En honor a la verdad y por sentido común, no podemos asumir que un joven en una bicicleta o un conductor con un teléfono móvil sean empresarios. No lo son", ha subrayado la vicepresidenta segunda y candidata a las elecciones generales del 23 de julio por la coalición Sumar.
El futuro de 5,5 millones de personas en el limbo jurídico
En febrero de este año, tras la propuesta de la Comisión, el Parlamento también fijó su posición con una propuesta similar a la regulación española, la ley rider de Yolanda Díaz, que presume la laboralidad entre trabajadores y plataformas, a no ser que la empresa presente pruebas en contra.
Esto quiere decir que si la empresa no es capaz de demostrar que sus empleados son verdaderamente autónomos, automáticamente pasan a ser empleados de dicha compañía. Esto ha puesto en guardia a gigantes del sector como Uber, y tiene en vilo a los grandes grupos empresariales.
Según datos de la Comisión, la futura regulación del sector de plataformas, supondría que 5,5 millones de personas que estarían trabajando como falsos autónomos, ya sean repartidores, conductores de VTC, o cuidadores domésticos, pasarían a estar contratados directamente por las empresas a las que ahora prestan sus servicios.
Esta norma supone un reto para la Unión Europea y las nuevas relaciones laborales a medida que el empleo a través de estas compañías crece en el continente. La Comisión estima que alrededor de 28 millones de personas trabajan para una plataforma tecnológica en Europa y prevén que para 2025 sean más de 43 millones los trabajadores en estas circunstancias.
Las empresas del delivery aprietan
La semana pasada, los grandes CEO del delivery mundial, entre los que se encuentran el director general de Uber, Dara Khosrowshahi, o Niklas Östberg, director general de Delivery Hero, empresa alemana que posee Glovo, firmaron una carta abierta en el Financial Times cargando contra ese planteamiento de ley rider europea.
Las empresas alegan que con esta regulación laboral, se acabaría la "flexibilidad" que sus trabajadores tanto desean.
En el seno de Bruselas no se preveía que se alcanzara un acuerdo en el Consejo durante la presidencia sueca, ya que no era a priori una cuestión que marcara la agenda del Gobierno de Ulf Kristersson, primer ministro de ese país.
Sin embargo, este acuerdo ha hecho saltar por los aires las esperanzas del ala más progresista de Europa, que se abrazaba a la presidencia española que arrancará el próximo 1 de julio, para llevar a buen puerto esta ley en los términos que anhelaban.
En todo el proceso legislativo, los grupos conservadores europeos se han opuesto a la propuesta de la eurodiputada socialista italiana Elisabetta Gualmini, quien ha liderado en la Eurocámara la puesta a punto de esta ley rider comunitaria.
Tanto los liberales de Renew Europe como de los conservadores del Partido Popular Europeo (PPE), que a su vez ha vivido una fuerte división interna, se han opuesto a una directiva que, según aseguran, podría llevar a la reclasificación errónea de miles de trabajadores autónomos como empleados.
En cualquier caso, será el futuro Gobierno resultante de las urnas del 23 de julio el que acabe marcando las pautas de las negociaciones que se producirán en los trílogos dentro de unas semanas.
Al tratarse de una directiva y no un reglamento, la norma, resulte como resulte, se tendrá que transponer en la legislación española una vez esta sea aprobada, con lo que lo que se acuerde en el seno comunitario acabará reemplazando a la vigente ley rider española que aprobó el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz y que entró en vigor a mediados de 2021.
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