El Gobierno estudia cómo determinar qué empresas serán viables si reciben ayudas públicas y cómo agilizar su reparto

A falta de al menos 4 meses para que comiencen a llegar a España los fondos del programa europeo de recuperación del coronavirus, el Gobierno sigue definiendo los criterios para repartir las ayudas entre  empresas, pymes y autónomos para facilitar que la financiación comunitaria les ayude a capear la crisis económica vinculada a la pandemia.

Para ello, el Ministerio de Economía anunció el pasado viernes que el Ejecutivo reformará el marco legal para poder aumentar las ayudas directas a autónomos y empresas hasta finales de 2021, con el fin de  "adaptar la respuesta económica y social a la pandemia a las necesidades actuales, con el fin de seguir protegiendo el tejido productivo y el empleo, y reforzando la solvencia de empresas y negocios viables".

Los fondos europeos llegarán en el segundo trimestre: España se endeudará para anticipar el gasto

Pero, para poder llevar a cabo ese  desembolso de ayudas a fondo perdido, el Gobierno está estudiando una fórmula que ayude a determinar qué empresas serán viables si reciben esas ayudas directas y cuáles no, según aseguró este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros.

Montero ha anunciado que la vicepresidencia económica está trabajando con el Ministerio de Justicia para cambiar la Ley Concursal e incluir "una fórmula que permita visibilizar aquellas empresas cuyos datos son expresivos de la capacidad que tiene de sobrevivir esa empresa y que no sean mecanismos de liquidación de las empresas", según recoge Cinco Días.

La portavoz del Gobierno ha destacado que buscan crear un procedimiento concursal más ágil y garantista que ayude a determinar qué empresas pueden ser viables si reciben ayudas públicas. Todo ello, a pesar de que está vigente hasta el 14 de marzo la moratoria concursal, que implica que los acreedores no podrán iniciar el proceso de quiebra y que las empresas insolventes no tienen la obligación de hacerlo.

Además, María Jesús Montero ha anunciado que el Ejecutivo está estudiando la puesta en marcha de otro tipo de ayudas a empresas dentro del programa europeo contra la crisis del coronavirus, entre las que ha mencionado los avales del Instituto de Crédito Oficial para que la banca otorgue préstamos a negocios en problemas y la posibilidad de que autonomías y ayuntamientos repartan ayudas directas dentro de sus ámbitos, pero compatibles con las estatales.

Entre las posibles fórmulas de reparto de ayudas, el Gobierno podría plantearse inyecciones de ayudas directas durante 5 meses a pymes y empresas que sean consideradas viables y que tendrían un valor que equivalga al 70% o 75% de la facturación que obtuviesen en 2019 , prorrateándola para los 5 meses de duración de este programa, según avanzó El Economista.