Cifran en 500.000 euros el gasto del Gobierno en sobornos, cámaras espías y micrófonos ocultos para destruir pruebas y espiar a Bárcenas

El Gobierno de Mariano Rajoy gastó 500.000 euros públicos, concretamente de los fondos reservados, para proteger al PP del caso de su caja b, según ha revelado la Cadena SER mediante fuentes cercanas al caso.

El entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, desvió este dinero entre 2013 y 2015 durante la Operación Kitchen, operativo que vincula al excomisario Villarejo y a la "policía política" en el espionaje y secuestro de Luis Bárcenas, por entonces tesorero del PP. El operativo se centró también en recuperar y destruir pruebas que comprometiesen a dirigentes de la formación conservadora en la financiación irregular del partido (Operación Púnica) y en los sobresueldos en negro (Caso Bárcenas).

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La documentación secreta a la que ha accedido la Cadena Ser también confirma que el que fuera número 2 de Interior, el imputado Francisco Martínez, fue quien aprobó la disposición de los fondos para llevar a cabo la operación.

Bajo el mando de Fernández Díaz y Martínez (2012-2016) se creó una estructura policial paralela destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al PP y a la persecución fraudulenta de adversarios políticos, muchas veces con informes falsos "a la carta" filtrados a medios de comunicación afines desde el Ministerio de Interior mediante las cloacas del Estado.

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Ejemplos de esta actividad son las Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), desmanteladas en 2017; la persecución política del ex alcalde barcelonés Xavier Trías (Operación Cataluña) y la elaboración de pruebas falsas contra Pablo Iglesias y Podemosen pleno auge de la formación morada (Informe PISA).

Espionajes, sobornos y secuestros

Los 500.000 euros se utilizaron para sobornar al exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos (imputado en la causa), en los dispositivos necesarios para colocar cámaras espía y micrófonos en el domicilio de la madrileña calle General Díaz Porlier, donde el extesorero guardaba documentación comprometedora, y en los seguimientos de la familia.

El operativo estuvo comandado por el número 2 de la Policía (DAO), el excomisario Eugenio Pino, y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó (PP).

Los fondos reservados también serviría para pagar al falso cura que secuestró a punta de pistola a la esposa y al hijo de Bárcenas en su domicilio para destruir las pruebas de la caja b del PP en el Caso Gürtel, entonces en instrucción judicial. Se le llama fondos reservados al dinero público que, gestionado por el Ministerio del Interior, sólo puede destinarse a la "defensa y seguridad del Estado" (Ley 11/1995), algo que claramente no se hizo.

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Supuestamente, sólo las altas esferas del PP y un pequeño grupo de agentes de confianza de Pino estaban al corriente de las verdaderas intenciones del dispositivo. El resto eran "operativos ciegos", policías engañados que creían que estaban ayudando al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que investigaba la causa.

Pino declaró ante el juez que Mariano Rajoy y toda la cúpula de Interior, así como del PP, no sólo conocían a Villarejo sino que habían pedido que "trataran bien" al comisario encarcelado desde 2017.