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3 claves para entender por qué la Audiencia Nacional sentará en el banquillo a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, por el caso Lezo

Ignacio González
PP Comunidad de Madrid
  • González fue presidente de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015 y del Canal de Isabel II entre 2003 y 2012 .
  • La investigación asegura que la compra de Emissao escondió cerca de 25 millones de euros en mordidas a los socios del Canal.
  • De aceptar el juez la petición de la Fiscalía se cerraría la segunda pieza de este caso que estalló en abril de 2017 con la detención de González.
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El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González tendrá que sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional. El magistrado Manuel García Castellón ha firmado el auto con su procesamiento —a él y a otras seis personas— por un delito de malversación de caudales públicos y fraude a la administración

Así concluye la investigación sobre esta pieza separada del caso Lezo, que analizaba una operación de compra por parte del Canal de Isabel II, empresa pública de agua de Madrid, sobre una mercantil brasileña, Emissao. El magistrado ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción y sentará en el banquillo a González, acusado de desviar hasta 25 millones de euros en comisiones de la compra fraudulenta, y repartirlos entre sus socios.

En otras palabras: la instrucción ha dejado indicios lo suficientemente sólidos como para juzgar a González por corrupción.

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"El proceso de compra de Emissao estuvo plagado de ilicitudes y supuso una salida indebida de fondos públicos en perjuicio de la administración autonómica por un importe entre 6,4 y 9,6 millones de euros, debido al sobreprecio pagado por su adquisición", explica el juez en el auto de procesamiento.

La Fiscalía Anticorrupción considera que la iniciativa de esta operación fue de González, que presidió el Canal entre 2003 y 2012. De aceptar el juez la petición de la Fiscalía, se cerraría así la segunda pieza de este caso que estalló en abril de 2017 con la detención de González. Estas son algunas claves para entender el caso:

Qué es el 'caso Lezo'

Canal de Isabel II
REUTERS/Susana Vera

Se le llama Operación Lezo a la causa que dirime el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional de España. Investiga un posible caso de corrupción política en la gestión del Canal de Isabel II. La empresa pública, dependiente del Gobierno de Madrid, es la encargada de la gestión del agua en la Comunidad.

La causa trata de determinar si hubo o no desvío de fondos públicos que acabarían llenando los bolsillos de miembros del Partido Popular, que en época de Ignacio González gobernaba Madrid con él como presidente. El principal movimiento que alertó a la Fiscalía fue la compra de la empresa colombiana Inassa en 2001, con Alberto Ruiz Gallardón como dirigente de la Comunidad, y de éste hecho fueron derivando distintas investigaciones.

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En concreto, la pieza resuelta plantea que González habría cometido delitos de fraude y malversación de caudales públicos para comprar la empresa pública brasileña Emissao por un total de 30 millones de euros por medio del Canal. La empresa acabría perdiendo su valor a los 5 millones, a la vez que el presidente, según la investigación, sacó 5,4 millones en comisiones para presuntamente repartirlas entre él y sus socios.

En el auto, el juez describe todo el proceso de adquisición, en el que se cursaron distintas transferencias hechas por el ente público en cuentas radicadas en Suiza y Brasil, con comisiones que terminaron en distintas cuentas del extranjero a nombre de algunos de los investigados. El importe de dichas comisiones, de acuerdo con el auto, fue, en el caso Ignacio González, 1,8 millones de dólares, y en el caso de sus socios, de 900.000 dólares para cada uno.

De qué se acusa a Ignacio González

Ignacio González
PP Comunidad de Madrid

El expresidente de la Comunidad de Madrid (2012-2015) es considerado por el juzgado como el presunto cabecilla de esta pieza de la trama Lezo, además de la figura que precipitó la investigación. .

La trama corrupta de la Comunidad de Madrid se encuentra todavía en fase de instrucción, pero el auto de prisión de la Audiencia Nacional fue implacable con respecto a González. La Unidad Central Operativa (UCO) le acusó de organización criminal, prevaricación, malversación, cohecho, blanqueo, fraude y falsificación documental, lo que le valió el ingreso en la cárcel en 2017.

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Lo sucedido en el Canal de Isabel II durante su etapa como responsable de la empresa pública de aguas de la Comunidad de Madrid es el centro de las investigaciones. Por un lado, González sería el cabecilla del supuesto cobro de comisiones en Emissao, pero también el caso no se queda ahí.

El sumario del caso también investiga el campo golf de Chamberí, que sufrió una modificación en su contrató y acabó construyéndose a través del Canal. La obra, propuesta por González y luego aprobada durante su etapa en la vicepresidencia de la Comunidad, pudo cometer malversación al facilitar el ingreso de ACS en la contratación. La empresa, dirigida por Florentino Pérez, habría pagado presuntamente al presidente y su familia en comisiones para hacerse con el milonario contrato.

Además, el expresidente está acusado del desvío de hasta 23 millones de euros a paraísos fiscales a través de sociedades y filiales en Latinoamérica

La compra de Emissao y las comisiones fraudulentas

Sede de la Audiencia Nacional en Madrid
Sede de la Audiencia Nacional en Madrid Getty Images

La pieza resuelta este lunes se centra en la compra de la empresa de aguas brasileña Emissao, adquirida por la Comunidad de Madrid en el año 2013.

Según indica el Ministerio de lo Público, la compra de la compañía habría supuesto un desvío de hasta 30 millones de euros de fondos públicos del Canal de Isabel II, así como el presunto pago de comisiones derivados de la operación.

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Los adquisidores serían, según la investigación de la Fiscalía, el presidente González, el expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino; el ex delegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro; la ex directora del Canal, María Fernanda Richmond; el ex gerente de Inassa, Diego García Arias; el exdirector de otra filial del Canal Ramón Navarro y el representante de Emissao, Sebastiao Cristovam.

Según las declaraciones de Pablo González, hermano del expresidente, la división de las comisiones fue de 2,7 millones de euros para Rodríguez Sobrino a través de las sociedades opacas Amalfi y Rafaello (1,8 millones de ellos corresponderían al expresidente madrileño). Moro habría recibido otros 1,8 millones que fueron ingresados en cuentas en República Dominicana, mientras que García Arias y Navarro, por su parte, se embolsaron 900.000 euros por la valoración económica de Emissao.

 

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