Los proyectos de ley del Gobierno para abaratar la factura de la luz a los consumidores no entrarán en vigor hasta 2022

Este martes entra en vigor la nueva factura eléctrica que encarece los costes de la luz a 10 millones de hogares. La medida ha generado polémica, dado que el Gobierno ha defendido que adapta el modelo español al marco comunitario además de incentivar el ahorro energético, el autoconsumo y el gasto sostenible, mientras que las asociaciones de consumidores critican que se penaliza al pequeño consumidor y se incumplen las medidas del acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

Ante las críticas suscitadas por esta medida, que establece que los consumidores pagarán más o menos por la electricidad según las horas a las que se produzca su consumo en 3 tramos horarios, el Ejecutivo aprueba este martes en el Consejo de Ministros 2 proyectos de ley destinados a abaratar la factura de la luz a los consumidores a través de la regulación de ingresos a las eléctricas por emisiones contaminantes  y de la creación de un fondo para la sostenibilidad del sistema.

En concreto, se trata del anteproyecto de limitar los ingresos que reciben las compañías eléctricas por la generación eléctrica y la reducción de emisiones de CO₂, los denominados "beneficios caídos del cielo", y el proyecto de ley para crear el Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, con las que el Gobierno prevé abaratar la factura de la luz a los consumidores, aunque ambas medidas podrían no estar listas para entrar en vigor hasta 2022, segúnEl Confidencial.

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El primer proyecto busca destinar parte de los ingresos que reciben por igual las eléctricas a costear la deuda del sistema, las primas a las renovables, el transporte energético a áreas extrapeninsulares o el apoyo a consumidores vulnerables, buscando así evitar que el encarecimiento del coste de las emisiones se traslade a la factura de la luz y eliminando parte de los beneficios a las energéticas, aunque no todos, como establecía el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

En principio, esta medida busca reducir la factura eléctrica un 5%, recaudar entre 800 millones y 1.000 millones de euros y recortar el coste del suministro de gas e hidrocarburos. Sin embargo, las eléctricas podrían presentar recursos legales contra esta medida, dado que su anuncio ha provocado caídas en bolsa dado que el Gobierno prevé que Iberdrola o Endesa se vean perjudicadas por esta nueva ley al recibir sobrerretribuciones de en torno a 400 millones de euros, según el diario digital.

Pese a esos posibles litigios por parte de las compañías, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya respaldó en 2013 un recorte similar de beneficios que se realizó entre 2007 y 2009, aunque el Ejecutivo ha optado por no eliminarlos del todo para facilitar que las energéticas acepten la nueva ley, cuyas condiciones todavía no se han concretado para negociarlas con las compañías, en un proceso que podría incluir el cierre escalonado de las centrales nucleares, según El Confidencial.

Además de la negociación con el sector energético, el Gobierno dederá sumar apoyos parlamentarios para la puesta en marcha de esta ley, lo que podría retrasar su aprobación hasta 2022. Mientras, la puesta en marcha del Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, diseñado para costear las primas a las renovables, también podría retrasarse a 2022, ante las críticas de Repsol y Naturgy, que critican que trasladará costes de la factura de la luz a la del gas o a los precios de los combustibles.