4 razones por las que legislatura que afronta el nuevo Gobierno de Sánchez puede ser incluso más complicada que la anterior

Pedro Sánchez ha sido investido presidente del Gobierno tras dos intensas jornadas de debate en el Congreso de los Diputados. Pero nada termina aquí. Al contrario: todo empieza ahora.

La legislatura echó formalmente a andar a mediados de agosto. El día 17 de ese mes se constituyeron las Cortes Generales tras el impasse de las elecciones generales del 23 de julio. Los grupos parlamentarios han venido haciendo su trabajo, presentando proposiciones de ley y preguntas al Gobierno hasta ahora en funciones.

No fructificó la investidura del líder popular Alberto Núñez Feijóo a finales de septiembre pero sí la ha hecho la de Sánchez tras lograr el apoyo de grupos tan dispares como Junts, la formación independentista catalana que logró 7 escaños en julio y por la que negocia Carles Puigdemont desde Bruselas, o Coalición Canaria.

Para desbloquear esa investidura, los socialistas primero acordaron un programa para un nuevo Gobierno de coalición con la coalición Sumar que lidera Yolanda Díaz, y después una serie de pactos con formaciones como el BNG, ERC o la propia Junts. En estas dos últimas se incluyó la redacción de una controvertida ley de amnistía que ha echado a muchos ciudadanos a la calle, indignados.

La ley de amnistía propone amnistiar los delitos cometidos entre 2014 y 2017 durante el transcurso de dos consultas ilegales por la independencia de Cataluña. El Gobierno calcula que más de 300 personas se beneficiarían de esta amnistía, que también favorecería a docenas de agentes policiales que se desplegaron en Cataluña en octubre de 2017 para reprimir el famoso procés.

Los retos económicos del nuevo Gobierno: del drama de la baja productividad a reducir la deuda sin austericidio

Esta ley se presentó en el Congreso a principios de esta misma semana y parece que desde entonces han pasado eones. En la sesión de investidura, Miriam Nogueras, diputada de Junts, reprochó a Sánchez el tono de su discurso con respecto a la amnistía y le advirtió que no habían acordado un diálogo: habían acordado una negociación.

Para las formaciones soberanistas catalanas, la idea de un referéndum por la independencia sigue siendo una cuestión irrenunciable. Eso puede llevar al traste la legislatura, pero Sánchez y Díaz confían en su capacidad para tratar de reconducir una situación política que se antoja, como mínimo, igual de complicada que la legislatura anterior.

El arranque de la legislatura pasada fue prometedor, pero al cabo de un par de meses el Ejecutivo se vio obligado a decretar un confinamiento para frenar los contagios por coronavirus. Años después estallaría la guerra a las puertas de Europa, con la invasión de Ucrania. Por último, los bombardeos sobre la Franja de Gaza por parte de Israel, también presentes en el debate que terminó ayer.

Son circunstancias que, sumado al contexto doméstico —un conflicto catalán que puede reavivarse, nulo entendimiento con (y por parte de) la oposición, un bloqueo institucional en el Poder Judicial que se extiende ya desde hace un lustro— hace que el timón del país pueda resultar ingobernable. Un repaso a algunas de estas realidades.

Un Gobierno de coalición con más partidos y disputas

Las cuotas de ministerios, el debate que se abre ahora, se repartieron en 2020 en un inédito Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Pero no se ha de olvidar que Unidas Podemos era en sí misma una coalición integrada por Podemos, Izquierda Unida, y organizaciones que nacieron al calor de la ola municipalista de 2015, como los Comunes de Cataluña.

Ahora el tablero está todavía más fragmentado. El acordado Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar no estará tan cohesionado como cabe esperar, a pesar de que Yolanda Díaz se haya erigido durante meses como la voz del entendimiento con sus socios. 

Esto es porque de los 31 escaños que Sumar ha conseguido, 5 corresponderían a Podemos, cuya presencia en el Consejo de Ministros se da por descartada. Los morados cerraron una consulta a sus bases la noche antes de que comenzara el debate de investidura en el que preguntaban si votar o no a favor de Sánchez. Ganó el sí, pero la pregunta a última hora fue una declaración de intenciones.

Un editorial de Diario Red, un digital que dirige el ex secretario general de Podemos y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, lo deslizó abiertamente este miércoles. Si Sumar dja caer a Podemos sin entregarle un ministerio, los morados tendrán plena autonomía política y parlamentaria. No se tendrán por qué atener a la disciplina de voto de Sumar.

Socios de investidura más exigentes que en 2020

Cuando echó a rodar el primer Gobierno de coalición de Sánchez e Iglesias en 2020 cabía esperar que los socios del Ejecutivo fueran exigentes y se llevasen a término los acuerdos que se pactaron al inicio de la legislatura. ERC, por ejemplo, demandó una mesa de diálogo. Pero, efectivamente, la pandemia, el volcán, la guerra... sepultó el conflicto catalán en el orden de prioridades.

Aquel Gobierno logró una investidura en segunda votación, con más síes que noes, 167 frente a 165. Hubo 18 abstenciones, 13 de ERC y 5 de EH Bildu. Hoy los soberanistas catalanes y vascos suman 12 votos (7 y 5) y todos han ido a favor de Sánchez: la aritmética parlamentaria esta vez no ha dado mucho más margen.

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Pero entregar un sí no es lo mismo que entregar una abstención, y contar con el apoyo de Junts —que en enero de 2020 votó en contra— no saldrá barato. Durante el debate de investidura, Junts deslizó la idea de dar la "sorpresa" en la votación de este jueves después de que se sintieran soliviantados por las palabras y el tono del discurso de Sánchez relativo a la amnistía.

En ese debate de investidura hasta el propio Gabriel Rufián, portavoz de ERC, dio la bienvenida a Junts al pactismo con los socialistas y con Sánchez, al que también advirtió: "No se la juegue, créame".

Puentes destrozados entre el Ejecutivo y su oposición

Todavía tiene que fijarse qué oposición harán en el Congreso esencialmente PP y Vox, los dos partidos que antagonizan con el nuevo Ejecutivo. Exceptuando la formación de Santiago Abascal, el PP sí respaldó en la legislatura pasada numerosos decretos leyes presentados por Sánchez que luego tenían que ser convalidados en la Cámara Baja.

+Es una incógnita hasta qué punto habrá líneas de entendimiento para llevar a cabo las acciones legislativas más rutinarias. Alberto Núñez Feijóo abandonó el Congreso de los Diputados este jueves insistiendo en que la investidura de Sánchez había sido un error.

Vox, por su parte, abandonó el Hemiciclo esta semana justo después de que su líder, Abascal, diese réplica al discurso de Sánchez. Lo hizo asegurando que los socialistas estaban dando un golpe de Estado —insistió en que no era una figura retórica y llegó a comparar al presidente del Gobierno con figuras como Maduro o Hitler—.

Los números en el Congreso son los que son y resulta evidente que el nuevo Ejecutivo nace con pocas opciones a la hora de negociar, por ejemplo, leyes de calado como los Presupuestos Generales del Estado, reformas fiscales o la reducción de la jornada laboral tan pregonada por Yolanda Díaz. Y hay que recordar que, a nivel institucional, la mayoría del mapa autonómico es azul.

Desafíos mayúsculos en el ámbito económico

Todo lo descrito antes hace muy complicada la gestión económica del nuevo Gobierno. Este artículo que publica este viernes Business Insider España también detalla cuáles son los principales desafíos en la materia del Ejecutivo, del problema de la baja productividad al intento de reducir deuda sin austericidio.

Un resumen del debate de investidura realizado por el consultor de beBartlet, Alberto A. Pérez Mesa, recogía el objetivo marcado por Sánchez de un impuesto mínimo efectivo del 15% en el impuesto de sociedades, ampliar la progresividad del IRPF, aumentar la presión a grandes fortunas y grandes empresas y conseguir el pleno empleo aumentando el SMI y reduciendo la jornada laboral.

Son propósitos ambiciosos y también muy complejos. Más, teniendo en cuenta si cabe los recientes avisos de expertos que ya recomiendan ir retirando ayudas para contener la inflación. Y entre todo este maremágnum, la incógnita de qué pasará con los Presupuestos Generales del Estado del año que viene.

Normalmente esta ley clave suele comenzar a desarrollarse a finales de verano. La ministra de Hacienda y Función Pública —a expensas de confirmarse que continuará en el Gobierno, aunque todo parece indicar que sí— ha advertido en ruedas de prensa que la voluntad es que estos PGE 2024 existan y se aprueben "en tiempo y forma".

Sin embargo, Hacienda también avisó que no definiría el techo de gasto para el año que viene hasta que se formara Gobierno. Este ya existe. Igual que con los ministrables, será cuestión de horas que muchas de estas dudas comiencen a transformarse en certezas sobre qué pasará y cómo pasará.