Presentar el DNI para registrarse en Facebook, la propuesta que llega al Senado y que desafía a la Carta de Derechos Digitales del Gobierno

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  • Una propuesta de ley del PP en el Senado plantea acabar con el anonimato en la red y que los usuarios entreguen su DNI para registrarse en plataformas digitales.
  • La Carta de Derechos Digitales sí contempla el derecho al pseudonimato, lo que ya depende de la colaboración de las plataformas con las autoridades.
  • La propuesta del PP pretende reformar una ley que además tendrá que actualizarse el año que viene cuando Bruselas dé luz verde a los nuevos reglamentos de Servicios Digitales.
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El PP quiere acabar con el anonimato en internet y plantea en una proposición de ley que las redes sociales exijan a sus usuarios el DNI o el pasaporte al tramitar su registro. Es lo que se desgrana en el documento, que puedes consultar aquí, que presentó a la Mesa del Senado el pasado mes de julio.

Después de que El Mundo avanzara este lunes la propuesta de los populares, el debate se encendió. Javier Maroto, portavoz del Grupo Popular en el Senado, planteaba la reforma de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) para tratar de responder a algunas de las "diversas técnicas" que han desarrollado los cibercriminales.

En concreto, se refería a las botnets, "un tipo de programa informático malicioso que se esconde en el interior de un ordenador a partir del cual, un cibercriminal, de manera automática y autónoma, se encarga de controlar todos los recursos, servidores, servicios, aplicaciones e información para actuar sin su consentimiento".

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Aunque en la proposición no queda clara la relación entre frenar el auge de estas redes de bots con el hecho de que para registrarse en una plataforma digital sea necesario enseñar la documentación, lo que el PP plantea es reformar un artículo de la LSSI de la siguiente manera:

"Los prestadores de servicios de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario del servicio estarán obligadas a la identificación de cada uno de los perfiles y sus cuentas de usuario, a través del Documento Nacional de Identidad, el Pasaporte o cualquier otro documento oficial acreditativo de la identidad".

Lo que entiende el PP es que de esta forma se evitaría que ciberdelincuentes suplantasen a los ciudadanos con fines ilícitos. El desarrollo de la propuesta deja varias lagunas: por ejemplo, si un usuario, al registrarse, deberá hacerlo con el nombre que figura en su documento de identidad o si se le garantizaría al menos el derecho al pseudonimato, algo que sí contempla el Gobierno.

Fuentes consultadas por Business Insider España dudan que prospere esta propuesta de los populares.

Los obstáculos de la propuesta

La proposición se registró en julio, hace ya más de tres meses, y todavía no ha sido tomada en consideración. Tampoco cuenta con muchas posibilidades de prosperar, teniendo en cuenta que el Grupo Popular es la segunda fuerza en la Cámara Alta con 99 senadores, mientras que el Grupo Socialista suma 113 y las fuerzas que suelen apoyar al Gobierno una veintena.

De la misma manera que la Ley Orgánica de Protección de Datos transpuso el Reglamento General de Protección de Datos, esta LSSI que pretende reformar el PP transpuso la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, conocida como la directiva sobre el comercio electrónico. Precisamente esa directiva es la que se reformará con la llegada del paquete DSA.

El paquete DSA es como se conoce en Bruselas un paquete de nuevas regulaciones cuyos borradores ya presentó la Comisión a finales del año pasado y que se esperan para el año 2023. En ella se incluyen la nueva Ley de Servicios Digitales y la nueva Ley de Mercado Digital, que en ningún caso dibuja un escenario en el que las redes sociales deban exigir documentación de identidad a los usuarios.

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Además, la propuesta colisiona frontalmente con la Carta de Derechos Digitales que presentó el presidente del Gobierno en julio de este mismo año, después de un trabajo de meses impulsado por un grupo de expertos que ya presentó un primer borrador de esta iniciativa meses atrás.

La Carta de Derechos Digitales no tiene rango de ley ni es una norma inamovible, pero sí es una serie de directrices para la preservación de una serie de garantías de los ciudadanos en el ámbito digital. Así lo ha explicado en repetidas ocasiones la propia secretaria de Estado de Digitalización, Carme Artigas.

"Es una carta de navegación, una brújula". Algunas de las críticas que había recibido apuntaban a que se basaba en leyes preexistentes, por lo que se temía que pudiese quedar obsoleta. "No, las leyes evolucionarán y queremos que se inspiren en esta Carta. Es una Carta propositiva. Hubo un foro con 18 expertos y ha pasado por 2 consultas públicas. No se va a poder contentar a todo el mundo".

Dicha Carta prevé en su epígrafe número cuatro el derecho al pseudonimato. Borja Adsuara, abogado especialista en tecnología, fue uno de los expertos que participó en la redacción de esta Carta de Derechos Digitales y uno de los principales impulsores de que se recogiese este concepto.

En concreto, la Carta estipula que "de acuerdo con las posibilidades técnicas disponibles y la legislación vigente, se permitirá el acceso a los entornos digitales en condiciones de pseudonimidad, siempre y cuando no sea necesaria la identificación personal para el desarrollo de las tareas propias de dicho entorno".

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Esa pseudonimidad no es otra cosa que garantizar "la posibilidad de reidentificar a las personas previa resolución judicial en los casos y con las garantías previstas por el ordenamiento jurídico". De hecho, el epígrafe inmediatamente posterior recoge el derecho de los usuarios a no ser localizados ni perfilados.

"La localización y los sistemas de análisis de personalidad o conducta que impliquen la toma de decisiones automatizadas o el perfilado de individuos, o grupos de individuos, únicamente podrán realizarse en los casos permitidos por la normativa vigente y con las garantías adecuadas en ella dispuestas", estipula.

La Carta de Derechos Digitales ya es una realidad. Ahora el Gobierno espera que también tenga su traslado en las Cortes, con una Comisión Parlamentaria sobre este ámbito. Su desarrollo tampoco ha estado exento de polémica, con una de las expertas que participó en el proceso de su confección desmarcándose del resultado al entender que incluía preceptos "liberticidas".

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